La Generalitat dispara el gasto en ayudas al alquiler para amarrar el apoyo de los comuns a los presupuestos

El Govern de la Generalitat ha accedido a ampliar de forma sustancial las ayudas al alquiler en plena negociación de los presupuestos, en un intento de asegurar el apoyo parlamentario de los comuns a las nuevas cuentas. El acuerdo eleva la partida destinada a estas subvenciones de los 200 millones de euros actuales hasta los 300 millones, una concesión clave exigida por el partido de Jéssica Albiach para desbloquear la tramitación presupuestaria.

La ampliación permitirá que hasta 50.000 hogares adicionales puedan beneficiarse de las ayudas, según una información avanzada por 3CatInfo. El pacto incluye además una relajación notable de los requisitos económicos: el límite de ingresos anuales para acceder a las ayudas pasará de 25.200 euros a alrededor de 36.000 euros, lo que amplía el umbral desde 2,9 hasta más de 4 veces el Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC).

También se actualizarán los precios máximos de alquiler que podrán ser subvencionados. En Barcelona, el tope se situará en 1.135 euros mensuales, mientras que en el resto de Cataluña alcanzará los 855 euros. Las ayudas oscilarán entre los 200 y los 300 euros mensuales, lo que, según los comuns, permitirá duplicar la cobertura potencial, pasando del 13% al 25% de los inquilinos.

La vivienda, el principal escollo político

Pese a estos avances, el principal obstáculo para cerrar el acuerdo presupuestario sigue siendo la exigencia de los comuns de prohibir las compras especulativas de vivienda. Ambas partes negocian introducir esta limitación mediante una modificación de la ley de urbanismo, una vía que ahora ya cuenta con el aval del Departament de Territori, aunque sin consenso definitivo.

Albiach ha dejado claro que, para su formación, este punto es irrenunciable y ha reprochado al ejecutivo falta de voluntad política. En las últimas horas, las conversaciones se han intensificado, con contactos directos entre la líder de los comuns y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, especialmente en los asuntos más sensibles de la negociación. Pero los comuns acusan al Govern de "bloquear" esta medida.

Cheques públicos para preservativos

Mientras la carpeta de la especulación inmobiliaria sigue abierta, se han ido cerrando otros acuerdos. Uno de ellos tiene como eje los llamados derechos sexuales y reproductivos. El acuerdo contempla la creación de dos nuevos cheques públicos anuales de 25 euros cada uno: uno destinado a productos menstruales y otro específicamente dirigido a la compra de preservativos. El coste total de la medida asciende a 25 millones de euros, que se incorporarán a los presupuestos en negociación.

El cheque para productos menstruales estará dirigido a mujeres de entre 12 y 25 años. Según la líder de los comuns, Jéssica Albiach, se trata de una medida de “equidad”, al considerar que la menstruación supone un gasto fijo que recae exclusivamente sobre las mujeres. El segundo vale, destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, tendrá como finalidad la compra de preservativos y, según la misma dirigente, responde a una función “pedagógica y de prevención” ante el aumento de las enfermedades de transmisión sexual entre la población joven.

Presupuestos en el aire y plazos comprometidos

Estos pactos se añaden a los 100 millones más para becas comedor anunciados ayer por Albiach, los 27 millones para un plan de choque sobre comprensión lectora o 60 nuevos grupos de grado medio y básico de la Formación Profesional. Pese a los acuerdos parciales, Albiach ha admitido que resulta prácticamente imposible que Cataluña cuente con presupuestos en el primer trimestre del año. El Govern no prevé aprobar el proyecto en el Consell Executiu sin tener garantizado previamente el respaldo de sus socios parlamentarios.

A esta incertidumbre se suma la posición de ERC, que continúa siendo un actor clave para que las cuentas prosperen. El partido de Oriol Junqueras ha accedido a retirar su propuesta de reforma del IRPF para facilitar la negociación, pero sigue reclamando garantías sobre la recaudación y un impulso más rápido al consorcio de inversiones, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el desenlace final.