Los propietarios deberán podar los árboles de sus casas que no cumplan la separación mínima con el vecino: 500 euros de multa

La convivencia vecinal exige reglas claras que delimiten con precisión dónde termina la propiedad de uno y comienza la del otro. Sin un marco normativo que fije límites físicos y jurídicos, cuestiones tan cotidianas como una pared medianera, una terraza o un jardín pueden convertirse en el origen de conflictos prolongados, es por eso que el escrito legal regulatorio es fundamental en estas situaciones. Asimismo, la seguridad jurídica en materia de lindes no solo protege el derecho de propiedad, sino que también previene disputas que, en muchos casos, deterioran la convivencia durante años.

En el caso de los edificios donde conviven decenas de propietarios bajo un mismo techo, la Ley de Propiedad Horizontal es la encargada de establecer las normas básicas que regulan los elementos comunes, los derechos y las obligaciones de los vecinos. Sin embargo, este marco no resuelve todos los supuestos posibles. Existen situaciones que escapan a su ámbito de aplicación, especialmente cuando el conflicto surge entre fincas colindantes independientes, donde la competencia legal se encuentra en otro marco. Es ahí donde otros textos legales deben intervenir para cubrir esos vacíos que pueden convertirse en el foco de una discusión susceptible de acabar incluso en los tribunales.

Uno de esos escenarios habituales se produce cuando la vegetación de una vivienda invade el terreno contiguo. En estos casos entra en juego el Código Civil, que actúa como norma reguladora para imponer orden cuando los árboles, setos o raíces sobrepasan los límites de la propiedad. Con la llegada de marzo, periodo en el que la vegetación experimenta un mayor crecimiento, cobra especial relevancia una obligación que puede acarrear consecuencias económicas. Los propietarios deberán podar los árboles y setos que no respeten la separación mínima legal, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones que en algunos municipios alcanzan los 500 euros.

Estas son las medidas que establece la normativa

La normativa civil fija distancias concretas. Los árboles de gran porte deben plantarse a un mínimo de dos metros de la línea divisoria entre fincas, mientras que los arbustos o setos deben situarse al menos a cincuenta centímetros, tal y como establece el escrito. Así lo establece el artículo 591 del Código Civil, salvo que exista una ordenanza municipal o una costumbre local que disponga otra cosa. Además, el artículo 592 contempla el supuesto de invasión de ramas o raíces en el terreno vecino y reconoce el derecho del afectado a exigir que se corrija la situación.

¿Cuáles son los vecinos del vecino afectado?

Esta obligación práctica, que se refuerza con la llegada de la primavera, implica que el propietario deberá proceder a la poda cuando la vegetación incumpla esas distancias o invada la parcela contigua. El vecino afectado puede reclamar formalmente que se recorten las ramas que sobresalgan y, si las raíces penetran en su suelo, tiene derecho a cortarlas por sí mismo dentro de los límites de su propiedad. Si el responsable desoye la petición, el conflicto puede escalar a la vía judicial mediante una acción civil para exigir el cumplimiento de la ley y, en su caso, la reparación de los daños ocasionados.

Sanciones económicas de hasta 500 euros

Las consecuencias no se limitan a la obligación de podar. Dependiendo de la normativa municipal aplicable, el incumplimiento puede traducirse en multas económicas que rondan los 500 euros, además de la posible condena a indemnizar daños y perjuicios si se han producido afectaciones en muros, pavimentos o estructuras. No obstante, la interpretación de los tribunales no siempre es rígida. En determinados supuestos, como los setos que actúan como cerramiento tradicional y se mantienen regularmente podados, la jurisprudencia ha matizado la aplicación estricta de las distancias. En cualquier caso, el mensaje es claro. Mantener la vegetación dentro de los límites legales no solo evita sanciones, sino que también preserva la convivencia vecinal.