Pocas veces una medida del Govern de la Generalitat logra concitar un consenso tan amplio. Más aún en una legislatura que ha estado marcada por los reproches cruzados desde todos los frentes políticos: la derecha ha acusado al Ejecutivo catalán de aplicar políticas intervencionistas en fiscalidad y vivienda por su dependencia de ERC y los comunes; la izquierda le ha criticado la ampliación del aeropuerto de El Prat por su impacto medioambiental; y el independentismo ha censurado con dureza la falta de avances reales en el traspaso de Rodalies o en el modelo de financiación singular para Cataluña. A eso se suman crisis de gestión como el escándalo de las adjudicaciones educativas o el colapso permanente de los trenes.

En ese clima de tensión y desgaste, el Govern de Salvador Illa sacó adelante la semana pasada una medida que ha sido recibida como un soplo de aire fresco en el seno de las instituciones, el tejido empresarial y las entidades cívicas: la Ley de la Dirección Pública Profesional, cuya memoria preliminar fue aprobada en el Consell Executiu del martes. Se trata de una de las reformas más ambiciosas en materia de administración pública en años, y su objetivo es profesionalizar los altos cargos de la Generalitat, alejando su designación del reparto político.

Una reforma estructural

La norma establecerá un nuevo sistema de selección para los directores y subdirectores generales, unos 900 cargos en total, que deberán superar un proceso abierto y competitivo basado en los principios de mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, según explicó el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. Solo aquellos que hayan superado esta criba podrán ser nombrados por el Govern. La competencia de nombrar siempre será del Ejecutivo, pero lo hará a partir de una lista de candidatos avalados por una comisión independiente, subrayó Dalmau.

La ley también introduce otras novedades estructurales: los cargos directivos tendrán mandatos limitados en el tiempo, ligados al cumplimiento de objetivos concretos, medibles y evaluables. Esto implicará, además, la puesta en marcha de un sistema periódico de evaluación del desempeño para garantizar la eficacia y la rendición de cuentas.

Aunque las subdirecciones generales seguirán siendo ocupadas exclusivamente por funcionarios de carrera, las direcciones generales podrán abrirse a profesionales del ámbito privado, con el fin de captar talento externo. "Queremos atraer a los mejores, vengan del sector público o del privado", defendió Dalmau, insistiendo en que esta reforma busca modernizar la administración y hacerla eficiente, más allá de los ciclos políticos.

No se verán afectados por esta normativa los secretarios generales, los llamados "números dos" de cada conselleria, ni los secretarios sectoriales, que seguirán siendo de libre designación política. Esto indica que la reforma pretende ser progresiva.

Apoyo económico y social

La reforma fue presentada la semana pasada en el Palau de la Generalitat ante representantes de entidades como la Cámara de Barcelona, Cecot, UGT, CCOO y el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (Fera), que la acogieron con entusiasmo. "Estamos en el peor momento de las administraciones públicas de los últimos años", advirtió el presidente de la Cámara, Josep Santacreu, quien consideró inadmisible que aún se nombren cargos sin acreditar la mínima idoneidad profesional.

Desde Cecot, Xavier Panés calificó la dirección pública profesional como la palanca de transformación que necesitan las instituciones para ganar agilidad, utilidad y eficiencia.

Por su parte, el coordinador del Fòrum Fera, Antoni Biarnés, definió el cambio como largamente esperado y pidió al Govern ambición para que la reforma llegue incluso a las administraciones locales: "Si lo conseguimos, todos saldremos ganando"

Próximos pasos

Tras la aprobación de la memoria preliminar, la norma se encuentra en un proceso de consulta pública, y el Ejecutivo espera poder aprobar el texto definitivo hacia febrero de 2026. A partir de ahí, comenzaría su tramitación parlamentaria. Según el Ejecutivo catalán, la ley recogerá las recomendaciones de la OCDE y se alineará con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza y profesionalización de la función pública.

Aunque se trata de una medida técnica, su impacto político es notable. En un curso político plagado de tensiones, esta reforma permite al Govern de Illa tomar un respiro y exhibir consenso con el tejido económico y social. La reforma, si sale adelante, podría dejar una huella duradera.