Sociedad

Los abogados piden la dimisión de la delegada del Gobierno por evadir su responsabilidad

Los letrados solicitan prestar asistencia por videoconferencia y Calero les remite a la Conselleria

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La delegada del Gobierno, en una imagen de archivo, con mandos policiales y el alcalde de AlicantelarazonEUROPA PRESS

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha exigido hoy la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, por no asumir su responsabilidad en la petición de los letrados de prestar asistencia de forma telemática mientras dure el estado de alarma por la crisis del covid-19.

El Consejo explica que ha solicitado por escrito y verbalmente, de la Delegación de Gobierno que se dictaran “las instrucciones necesarias para que, mientras dure el estado de alarma, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos en los centros de detención de la Comunidad Valenciana.” Así se hace en muchas otras Comunidades Autónomas, y así se está haciendo para la puesta a disposición del detenido en la mayoría de juzgados, dicen.

Los abogados denuncian que, a pesar de que algunos centros de detención tienen los medios necesarios, y que en muchos centros de la Comunidad Valenciana ya se estaba haciendo, la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, en respuesta al último escrito del CVCA, “desconociendo en profundidad las competencias que en este asunto le corresponden y después del tiempo transcurrido”, notificó ayer al CVCA lo siguiente:

“Le comunico que, coincidiendo en la necesidad de aunar la protección de los trabajadores con la garantía de los derechos inherentes a la asistencia jurídica y a la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos/as y sus letrados/as, damos traslado de su escrito en el día de hoy a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, en tanto órgano competente para atender su petición”.

El Consejo de Colegios de Abogados considera que “con esta comunicación la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana acredita su falta de idoneidad para el cargo y elude la responsabilidad exigible, pretendiendo ampararse en la Conselleria de Justicia e Interior, cuando debe conocer que esta última carece de competencias para atender su petición, siendo que corresponde a la Delegación de Gobierno todo lo relativo a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.