Alperi y Ortiz rechazan ante el jurado privilegios en el PGOU

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, y el constructor Enrique Ortiz han rechazado hoy que hubiera privilegios del primero al segundo en la redacción del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad entre 2008 y 2010, en la reanudación del juicio de esta rama del caso Brugal ante el jurado popular que les enjuicia.

Díaz Alperi y Ortiz han sido dos de los cinco acusados en prestar hoy declaración en la Audiencia Provincial de Alicante por el supuesto amaño del PGOU alicantino y para mañana han quedado pospuestas otras cuatro, entre ellas la de la exalcaldesa popular Sonia Castedo.

En una comparecencia de diez minutos, el popular Díaz Alperi solo ha respondido a su abogado para negar haber recibido regalos o entregas de dinero en metálico de Ortiz y también ha rechazado haber facilitado información alguna relacionada con el futuro planeamiento de la ciudad, o algún plano.

En la misma línea, Enrique Ortiz ha negado haber dispuesto de información privilegiada y de cualquier tipo de “planos” sobre el PGOU.

El promotor ha contestado a la fiscalía Anticorrupción pero no a las acusaciones ejercidas por el ayuntamiento y la agrupación local de EU, y ha sostenido que sus empresas se dedicaron a comprar suelos en el término municipal de Alicante después de que se conociese el avance del Plan General.

“A mí nadie me ha apañado nada”, ha respondido, en alusión a proyectos como los previstos en el APA 9, en Vistahermosa, o al proyecto de remodelación del estadio del Hércules, a los que se hace referencia en algunas de las conversaciones captadas por los investigadores de la Policía.

Ha relatado que fue él quien llegó a entregar un plano a Díaz Alperi y a Castedo, cuando ésta era concejal de Urbanismo, para que le incluyesen fincas de su propiedad en el sector de Rabasa para poder desarrollar los accesos que exigía el departamento de Carreteras del Ministerio de Fomento: “Les pedí que me lo pintasen de azul, como expresión coloquial, pero no nos lo metieron”, ha dicho, por lo que “no hay delito”.

También ha admitido haber tenido relación con Castedo y con Alperi, al reconocer que ha estado en sus domicilios y que ellos también había estado en sus casas: “He tenido reuniones con ellos como con otros alcaldes para hablar de proyectos, como es normal”, pero ha rechazado regalos a modo de prebendas, como el pago de viajes a Andorra, Ibiza o Creta o la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper.

En todo caso, el constructor sí ha reconocido que ayudó a los hijos de Alperi para el desarrollo de algunos de sus negocios y, del mismo modo, que “metió” a uno de ellos en una empresa dedicada a gestionar los alquileres de terrenos para instalar mupis publicitarios.

Asimismo, ha contratado a varias personas por recomendación de los dos expolíticos, así como “de todos los grupos políticos” porque su interés era “siempre ayudar a personas necesitadas”, pero ha desmentido que hubiera pagado al bufete Salveti, de los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), para facilitar que se admitieran sus alegaciones al PGOU.

El juicio seguirá mañana con la declaración de uno de los acusados relacionados con Ortiz, Pablo Rico, así como de Castedo y de los referidos Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa.