La Sindicatura dice que la premura ha impedido comprobar la veracidad de algunas solicitudes de ayudas covid

La Sindicatura de Comptes ha destacado en un reciente informe el hecho de que la Generalitat “nunca antes había procesado unas ayudas tan masivas en un tiempo tan corto -aunque el plazo previsto de tres meses se alargó a ocho-” como las concedidas a cerca de 200.000 trabajadores afectados por la pandemia.

En un informe especial sobre las ayudas a las personas con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la pandemia, el síndic ha subrayado el “riesgo” que ha supuesto la tramitación de un volumen de ayudas de 30 millones de euros “sin fiscalización previa”.

Los beneficiarios máximos posibles de estas ayudas eran 200.000, y cada uno de ellos recibiría 150 euros con el límite global de 30 millones de euros.

Tenían prioridad las personas cuyas bases de cotización fueran inferiores. y hasta el 31 de enero de 2021 se concedieron las ayudas a 199.503 personas.

La Sindicatura de Comptes lamenta que a la hora de fiscalizar estas ayudas su trabajo se ha visto limitado por la imposibilidad de “verificar la integridad, exactitud y completitud de las bases de datos facilitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ni haber dispuesto de información completa sobre dichas bases de datos o sobre las incoherencias en los datos de esa base respecto de otras con información relacionada”.

Tampoco se ha podido “verificar algunos requisitos de los establecidos en el decreto para las ayudas al no tener disponible la información sobre ERTE solicitados en otras comunidades autónomas correspondientes a centros de trabajo en la Comunitat Valenciana”.

“Aunque la respuesta de apoyo para el colectivo afectado por la pandemia de la COVID-19 fue rápida al tratarse de ayudas urgentes (el decreto de las ayudas se publicó el 30 de abril de 2020), su tramitación no lo ha sido”, apunta la Sindicatura.

“En la propia normativa se establecía un plazo de tres meses (30 de julio de 2020) para la resolución que no se ha cumplido. No obstante, al finalizar el ejercicio 2020 se habían resuelto y pagado el 98,7 % de los 30 millones de euros destinados a este fin”.