El jurado declara culpable al acusado de matar a una discapacitada en Benidorm

El jurado popular emitió en la noche de este jueves un veredicto de culpabilidad por unanimidad para el acusado de matar a una mujer enferma de focomelia, que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica, con la pretensión de robarle en el domicilio en el que residía, en el municipio de Benidorm (Alicante).

Además, el tribunal popular consideró a la esposa del primer procesado, también acusada, responsable del delito de encubrimiento -igualmente por unanimidad- al estimar que era conocedora del crimen y no hizo nada para denunciar a su marido, aunque la exculpó de haber planificado la muerte junto a él, como sostenía la Fiscalía, y solo consideró probado que ambos sí se habían puesto de acuerdo para planificar y perpetrar el robo.

El jurado tampoco creyó demostrado que la acusada estuviese en el interior del domicilio cuando se produjo la agresión mortal.

El veredicto se alcanzó cerca de las nueve de la noche, después de casi nueve horas de deliberación ante la complejidad del cuestionario que constituía el objeto del veredicto, en el que, inicialmente, se incluían diez preguntas sobre hechos desfavorables para los acusados y siete favorables.

El suceso tuvo lugar el 14 de junio de 2020 en el domicilio de la víctima. La Fiscalía consideraba en su escrito de acusación que los dos procesados se desplazaron desde Adrall (Lleida) hasta Benidorm en dos vehículos distintos -uno de ellos, un Mercedes que la víctima le había comprado al acusado- para asesinar a la mujer con la que mantenían una relación de amistad entablada cinco años atrás, después de que ella acudiese a la inmobiliaria en la que trabajaba la acusada.

Esta le presentó a su marido, que comenzó a realizar tareas de asistencia a la víctima, realizando trabajos de mantenimiento en su vivienda y, después, como cuidador, a cambio de un sueldo de 3.500 euros mensuales, según admitió el propio acusado en la primera sesión del juicio, este lunes.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, el día de los hechos, y ya una vez en Benidorm, el hombre accedió a la vivienda de la víctima, conversó con ella e incluso compartió una comida, tras lo cual le golpeó en la cabeza con una herramienta. Después, siempre según la versión de la Fiscalía, la desplazó unos centímetros y volcó la silla de ruedas en la que se desplazaba para presionar sobre ella con la intención de asfixiarla y causarle la muerte.

Acto seguido, llamó a su esposa que permanecía en el coche en los alrededores para que subiese a la vivienda y abriesen la caja fuerte con la combinación a la que habían tenido acceso después de haber instalado una cámara de vigilancia oculta. Más tarde, limpiaron sus huellas de la vivienda para iniciar viaje de regreso a Lleida, cada uno en su vehículo.

Tanto en los viajes de ida como de regreso, ambos se intercambiaron mensajes supuestamente relacionados con el crimen a través de Whatsapp.

No obstante, el jurado no creyó probado parte de ese relato de la acusación y descartó que el acusado se postrase sobre la silla eléctrica con la que se desplazaba la víctima con la intención de asfixiarla.

Al tiempo, también descartó la versión del procesado por la que había sostenido que la agresión se produjo tras una discusión y que la silla cayó sobre la víctima después de que ella se abalanzase sobre él para arrollarle.

La Fiscalía solicitaba inicialmente la pena de prisión permanente revisable para los dos procesados por el delito de asesinato, con la agravante de víctima de especial situación de vulnerabilidad, además de otros cinco años de prisión por el delito de descubrimiento de secretos en concurso con otro delito de robo.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía mantuvo esa solicitud para el acusado y modificó su petición inicial respecto a su esposa, para la que demandó tres años de prisión por el delito de encubrimiento y otros cinco por el delito de descubrimiento de secretos y robo.

Por su parte, la defensa del acusado, ejercida por la letrada Rita Guzmán, planteó que se le impusiese una pena de entre 20 y 25 años de prisión, mientras que la letrada de la procesada, la abogada Lourdes Picazo, planteó que se condenase a su defendida a la pena mínima prevista para el delito de encubrimiento, de seis meses de prisión.

Los dos acusados ya fueron condenados a prisión permanente revisable por el delito de asesinato hace un año. No obstante, tras los recursos de apelación presentados, el Tribunal Superior de Justicia valenciano revocó esa sentencia condenatoria y conminó a repetir el juicio con otro jurado al concluir que el jurado de ese primer juicio solo pudo valorar hechos desfavorables para los procesados en el objeto del veredicto que se les entregó.