El ángel caído de la SGAE

Anticorrupción pide cuatro años y diez meses de cárcel para Ramoncín por apropiación indebida y falsedad documental en el seno de la Sociedad de Autores.

Ramoncín tendrá que hacer frente a una petición de condena de cuatro años y diez meses de prisión por apropiación indebida y falsedad documental por los 57.402 euros que recibió de la SGAE y de su filial digital, SDAE, entre septiembre de 2008 y marzo de 2011, y que según la Fiscalía ingresó a través de facturas falsas «con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito». Anticorrupción remitió ayer al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata su escrito de acusación de la primera pieza del «caso SGAE» que llegará a juicio. El fiscal José Miguel Alonso plantea que se le imponga además una multa de 13.924 euros por un delito de administración desleal. Por último, solicita que se le imponga el pago de una indemnización de 50.912 en concepto de responsabilidad civil, de la que debe responder solidariamente el ex director general de la SDAE, y supuesto «cerebro» de la trama, José Luis Rodríguez Neri, hasta la cuantía de 43.950 euros.

Casi al mismo tiempo de conocerse la decisión de la Fiscalía, trascendía un comunicado colgado el pasado sábado por el cantante en su perfil de Facebook en el que anunciaba que no volverá a subirse a un escenario –el próximo sábado tenía previsto ofrecer un concierto en Madrid– «mientras no pueda colgar un cartel a mi espalda en el que se lea “inocente”». «No puedo más, no quiero perder más los nervios», añadía Ramoncín, que también aclaraba que en adelante no va a volver a dar explicaciones sobre este asunto «a nadie que no sea el juez».

Razones tiene para ser cauto a juzgar por las acusaciones que vierte el fiscal José Miguel Alonso sobre su actuación en los hechos objeto de investigación. Según el representante del Ministerio Público, Ramoncín y Rodríguez Neri «procedieron a la ideación y elaboración de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo» a través de las seis facturas bajo sospecha. Al margen, recalca el fiscal, de la deuda de 12.159 euros que, en junio de 2012, el cantante mantenía con la SGAE por «los anticipos recibidos a cuenta de los derechos de autor». Para llevar adelante el supuesto fraude, continúa Anticorrupción, habría sido determinante el papel de «su amigo» Rodríguez Neri, quien, gracias a los cargos de dirección que ejercía tanto en la SGAE como el la SDAE, «se prestó a darle su colaboración imprescindible».

El fiscal pone el foco en primer lugar en los 10.000 euros que Ramoncín percibió en 2008 de Portal Latino, que pertenecía íntegramente a la SDAE, para desarrollar un programa de televisión, «El Creador». A cambio de ese «ilícito acuerdo» del que no hay constancia por escrito, señala Anticorrupción, Ramoncín entregó «unas páginas referidas a un programa de televisión que jamás fue objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno» para la SGAE, pues respondía únicamente al «particular afán de lucro ilícito concordado por ambos acusados».

Ninguna utilidad

El segundo pago que recibió el cantante, éste de 5.800 euros (que percibió de la SDAE en noviembre de 2009 a través de su empresa, Jupiter Music), correspondía al desarrolllo de un sistema de protección de archivos en internet, la Caja Fuerte Virtual. La presentación en «Power Point» y el vídeo explicativo que entregó Ramoncín tampoco dieron lugar, dice el fiscal, «a ningún tipo de desarrollo ni de utilidad» para la SDAE. Otro proyecto de programa, «¿Hablamos el mismo idioma?», le generó unos ingresos de 28.050 euros en dos facturas (de diciembre de 2010 y marzo de 2011). Ese contrato, mantiene la Fiscalía, se redactó el 25 de noviembre de 2010 sólo para «dar cobertura a la salida de fondos» y ni siquiera precisaba las cantidades finalmente abonadas a través de la SDAE con el visto bueno de Rodríguez Neri. Los agentes hallaron el contrato en el domicilio de Rodríguez Neri, pero en los archivos de la SGAE sólo figuraba un borrador sin firmar.

Anticorrupción sostiene, además, que Ramoncín «consiguió incrementar de manera espuria su patrimonio en perjuicio de la SGAE» a través de otras dos operaciones. En la primera, se trató de amparar el 8 de octubre de 2010 «con carácter de urgencia» una transferencia de 6.962 euros a la cuenta del cantante a cambio de veinte folios sobre un plan de divulgación de los derechos de autor para mejorar la imagen de la SGAE y su relación con los nuevos autores. El propio Ramoncín se ofrecía como coordinador del proyecto a cambio de una retribución de 15.000 euros.

En este caso, fueron los otros dos acusados, el ex director general de la SGAE Enrique Loras (para quien el fiscal pide dos años de cárcel o una multa de 20.886 euros) y Pablo Antonio Hernández Arroyo, ex responsable de los servicios jurídicos de la entidad (que afronta una solicitud de condena de dos años y nueve meses de prisión o una multa de 40.356 euros), quienes dieron su autorización. Además, fijaron la cuantía en menos de 6.000 euros para evitar que el consejo de dirección tuviese que aprobar el gasto. El proyecto tampoco generó beneficio alguno para la entidad. Por último, Anticorrupción reseña que, por decisión unilateral de Hernández Arroyo, la SGAE adelantó a Ramoncín, en marzo de 2011, 6.490 euros de una indemnización reconocida al cantante por el Tribunal Supremo. Hernández Arroyo adoptó esta decisión al considerar «perjudicial» para la SGAE que Ramoncín pidiera la ejecución de la sentencia.

El fiscal sostiene que el cantante «consiguió incrementar de forma espuria su patrimonio a costa de la SGAE».

El ex director general de la SDAE prestó a Ramoncín su «colaboración imprescindible» y dio cobertura a la salida de fondos.

El ex jefe de los servicios jurídicos avaló el pago a Ramoncín de 6.962 euros y el adelanto de otros 6.490 de indemnización.

Amparó también, según el fiscal, el pago de 6.962 euros por un supuesto proyecto «fantasma» en perjuicio de la SGAE.