El Gobierno endurece la ley «antipiratería»

La Secretaría de Estado de Cultura salió ayer al paso de las fuertes críticas que la industria hizo al Gobierno por la ineficacia de la Comisión de la Propiedad Intelectual, el órgano administrativo creado para luchar contra la «piratería».

La Secretaría de Estado de Cultura salió ayer al paso de las fuertes críticas que la industria hizo al Gobierno por la ineficacia de la Comisión de la Propiedad Intelectual, el órgano administrativo creado para luchar contra la «piratería». El primer gran desacuerdo es numérico: mientras la Coalición de Creadores cifraba en 90 solicitudes de retirada de contenidos protegidos todavía pendientes de resolución, Cultura asegura que son 81. Tampoco sobre los expedientes resueltos están de acuerdo: según la industria, sólo ha habido 25, mientras que el Gobierno eleva el número a 34. Así, la Comisión defiende que su actuación ha permitido que en dichos casos los contenidos hayan sido retirados de forma voluntaria. «Es un engranaje que cada vez funciona mejor. El secretario de Estado aseguró que la Comisión no era todo lo eficiente que él desearía. Yo también lo creo, así que estamos trabajando en un borrador de anteproyecto de ley para modificar la ley de propiedad intelectual», explicó la presidenta de esta Comisión y directora general de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu.

Alternativa al canon digital

Esta modificación tendrá efecto sobre tres cuestiones: la primera, y más relacionada con la «piratería», consiste en la creación de un tablón electrónico para colgar las notificaciones a las páginas web que han sido demandadas y que no se encuentran domiciliadas en España, así como una concepción más global de la obra, que permitiría, por ejemplo, considerar un álbum como tal, sin necesidad de denunciar canción por canción. La segunda gran modificación de esta reforma es la encaminada a fomentar la transparencia de las sociedades de gestión de derechos de autor. Por último, se ocuparía de la normativa sobre la compensación por copia privada, que en la actualidad se carga en los Presupuestos Generales del Estado.

En total, desde la puesta en marcha en funcionamiento de la Comisión, se han presentado 363 solicitudes. De ellas, 248 han sido archivadas por no haber subsanado la solicitud defectuosa o poco fundamentada. De las 115 restantes, en 30 ya se ha producido acuerdo de inicio, 4 han sido archivadas antes del acuerdo y 81 están en fase de investigación previa al acuerdo de inicio. De los 30 expedientes admitidos a trámite, en 19 se han producido el archivo de actuaciones por retirada voluntaria de los contenidos. En los 11 restantes se está pendiente de adoptar una resolución.

Las webs de enlaces, es decir, aquellas páginas que redireccionan al internauta a alojadores de contenidos, era uno de los grandes escollos de la actual normativa que, en un principio, no contemplaba ningún tipo de actuación a este respecto. Sin embargo, Lizaranzu aseguró que 15 de estas webs han sido notificadas como terceros intermediarios y han cesado su actividad. «En muchos casos se trata de alojadores que no están en España», explicó Lizaranzu, lo que supone uno de los argumentos principales del Gobierno ante la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Como adelantó LA RAZÓN, casi con toda seguridad nuestro país estará en la lista 301, en la que esta Oficina incluye a los países menos respetuosos con la propiedad intelectual. Ante esta decisión, recomendada por la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés), Cultura ha defendido la situación de España al asegurar que «no se está teniendo en consideración que la mayoría de los grandes alojadores de contenidos están fuera de la jurisdicción española».

La comparecencia de la directora general para defender la actuación de la Comisión se produce apenas 24 horas después de que la directora de la Coalición de Creadores criticara la «falta de voluntad política» para atajar esta situación que hace que la industria cultural haya dejado de ingresar 15.204 millones de euros en 2012 y que Hacienda dejara de ingresar 249,6 millones.