El Gobierno entierra el «canon digital»

Desde junio de 2011, la compensación por copia privada en España se encontraba en una situación irregular. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia falló en contra del cobro del denominado «canon digital» a los dispositivos que adquieran las empresas. A partir de dicha sentencia, Bruselas dio a España un plazo que expiró a principios de junio de 2011 para modificar el canon tal y como está establecido en España. El anterior Gobierno no tomó ninguna medida al respecto, y fue el actual Ejecutivo el que desarolló el pasado 30 de diciembre el Decreto Ley 20/2011, por el que se suprimía este gravamen. Tras dicha decisión, el Gobierno anunció que los Presupuestos Generales del Estado incluirían una partida para esa compensación.

Mientras no se materializaba la decisión, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también estaba pendiente de la determinación que tomara Bruselas, ya que la Unión Europea trabajaba en una legislación comunitaria sobre este asunto. «El "canon digital"irá con cargo a los Presupuestos Generales temporalmente porque esperamos que haya legislación comunitaria en breve», aseguró José Ignacio Wert a este diario en marzo de 2011. Sin embargo, transcurría el tiempo y Bruselas no tomaba ninguna determinación, por lo que el Gobierno aprobó ayer durante el Consejo de Ministros el real decreto que regula este procedimiento de pago, «cuya cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido y se fijará cada año en lo Presupuestos Generales del Estado».

La vicepresidenta del Gobierno indicó asimismo que esta decisión implica que «no va a establecer ningún tipo de impuesto a los usuarios» y que dicho pago se realizará «bajo criterios objetivos». De esta forma, el primer trimestre de cada año, el ministro iniciará el procedimiento para determinar la cantidad correspondiente al ejercicio anterior. En este caso, Cultura abonará a las entidades de gestión de derechos de autor 5 millones de euros, que figuran en los Presupuestos de 2012. Esta cantidad es una especie de anticipo o liquidación provisional que se descontará de la cantidad que se fijará a principios de 2013.

En todo caso, resulta predecible que el montante total no rondará ni remotamente los aproximadamente 100 millones que las entidades de gestión recaudaban a partir del sistema de «canon digital», una remuneración que se daba a los autores por las copias que hacen de sus obras y que se obtenía de un gravamen a los dipositivos de almancenamiento como CD, DVD, mp3, memorias externas, etc., y que desde su implantación había generado mucha polémica entre los usuarios. La explicación estriba en que el sistema es radicalmente diferente y, por lo tanto, las cuantías que implican también. De hecho, las reticencias que ponía Bruselas al sistema del «canon digital» se basaban principalmente en que les parecía un sistema de compensación indiscriminado. A partir del real decreto aprobado ayer, Cultura establecerá el montante total a partir de estadísticas del INE, de Hacienda y del propio Ministerio y también quiénes son los beneficiarios. Según asegura el Ministerio, «entre los criterios objetivos para la estimación de dicho perjuicio figuran: la estimación del número de copias realizadas, el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, el precio medio y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras, el daño mínimo, la aplicación de medidas tecnológicas o el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones». Además, desde el Ejecutivo se asegura que «la repercusión en el ciudadano es progresiva y muy reducida, y éstos pueden beneficiarse así del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen».

Las sociedades de gestión, sin embargo, no están conformes con la decisión aprobada ayer. Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea (que agrupa a las principales entidades), dijo a Efe que el decreto aprobado es «una anomalía en la Unión Europea, a excepción de Noruega. El problema es la naturaleza de la compensación, que pasa a los Presupuestos, y su cuantía es humillante», aseguró. «El cambio fundamental es que antes el pago repercutía en unos usuarios privados que compraban unos aparatos tecnológicos. Ahora, todos lo españoles que consuman o no aparatos electrónicos pagan», añadió. Este decreto es «una opción peligrosa, inmoral e injusta y va a colocar a la creación española en una situación muy difícil».