La mitad de los internautas españoles «piratea»

Un año después de la puesta en marcha de las medidas «antipiratería» que tanto revuelo causaron, ni era una excusa para cerrar blogs, como muchos cacarearon, ni tampoco ha descendido brutalmente el índice de «pitatería» digital de este país, de ahí la remodelación. Desde que se realizan los observatorios destinados a medir el impacto del consumo de productos culturales no autorizados en internet -2009, hasta ahora, ciertos índices no han dejado de crecer. En 2010, el 21 por ciento de los españoles practicaba intercambio de música a través de redes P2P. En 2012, su uso en nuestro país fue del 32% de los internautas, lo que resulta más del doble de la media europea. A final de ese ejercicio, la industria calculó que las pérdidas de las discográficas debido a esta práctica eran de 2.746 millones de euros. Desde que en 2009 los representantes de la industria cultural decidieron cuantificar la repercusión de la «piratería» en España, los resultados de sus estudios reflejan un aumento de la descarga ilegal de contenidos protegidos. El primer semestre analizado fue el segundo de 2009, cuando la tasa de «piratería» ascendía al 76%. En el primer semestre de 2010, hasta el 77%, según el informe realizado por la consultora GFK.

Saltan las alarmas

En noviembre de 2010 saltaron las alarmas por su aumento en el sector del e-book: había superado el 35 por ciento, el doble que en el semestre anterior, y el valor de lo «pirateado» había ascendido a los 421,5 millones de euros. 2011 no invirtió la tendencia: durante el primer semestre de 2011 había subido hasta el 49,3 por ciento.

Aunque la publicación de este observatorio se canceló ante la aplicación de la ley «antipiratería», la industria ha reaccionado ante su falta de eficacia con la publicación de un nuevo informe. «1 de cada 2 internautas ha accedido a algún producto protegido por derechos de autor ilegalmente», se titula el informe, que, en esta ocasión, resalta la incidencia de la «piratería» en las arcas públicas y en el empleo. Hacienda deja de ingresar 249,6 millones de euros y desaparecen 24.766 empleos potenciales.

El funcionamiento del procedimiento por el que se denuncian los contenidos que están siendo explotados en la red no ha funcionado como se esperaba. Gran parte de los expedientes se han archivado por problemas de forma. Según la Coalición de Creadores, de las 115 solicitudes presentadas a la Comisión de la Propiedad Intelectual, 90 están todavía en fase de investigación. Cultura, por su parte, asegura que son 81. Tampoco sobre los expedientes resueltos están de acuerdo: según la industria sólo ha habido 25, mientras que el Gobierno eleva el número a 34. Según Cultura, a febrero de 2013: en total, desde la puesta en marcha en funcionamiento de la Comisión, se han presentado 363 solicitudes. De ellas, 248 han sido archivadas por no haber subsanado la solicitud defectuosa o poco fundamentada. De las 115 restantes, en 30 ya se ha producido acuerdo de inicio, 4 han sido archivadas antes del acuerdo y 81 están en fase de investigación previa al acuerdo de inicio. De los 30 expedientes admitidos a trámite, en 19 se ha producido el archivo de actuaciones por retirada voluntaria de los contenidos. En los 11 restantes se está pendiente de adoptar una resolución. Ahora el mecanismo será más ágil.

Reacciones en todos los sectores

l Entidades de gestión

Según un comunicado conjunto de las ocho entidades de gestión, el anteproyecto aprobado perjudicará «gravemente» a los ciudadanos y beneficiará «considerablemente» a las multinacionales tecnológicas.

l Usuarios de la Comunicación

La Asociación considera «inaceptable que se reduzca, hasta casi eliminar, la posibilidad de que los ciudadanos realicen copias privadas de contenidos a los que acceden legítimamente».

l Patronal del videojuego

Ve con «esperanza» el anteproyecto, ya que «parece otro empujón que puede, de alguna manera, ir solucionando problemas. Se debe tener paciencia y ser optimistas».

l Asociación de Internautas

Ha denunciado el anteproyecto» confirmando las peores sospechas», debido a que «se universaliza el pago del canon digital, se limita el concepto de copia privada y se criminaliza el enlace».