La nueva guerra de la SGAE
Hablan de la alianza de Sastrón y Bautista para hacerse con el poder
Un grupo de más de 300 socios, encabezados por ilustres como Alejandro Sanz y Pablo Alborán, se unen en una plataforma que exige que el control de la entidad esté en manos de autores profesionales.
Aquellos que creyeron que muerto el perro en la SGAE, se acabó la rabia, es decir, que los problemas terminarían con la salida de Eduardo Bautista de la entidad, no podían estar más equivocados. En las elecciones del 27 de abril de 2012 la lista de Autores Unidos por la Refundación (Aunir) obtenía la mayor parte de los representantes en la Junta Directiva, pero tuvo que negociar para poder aupar a su candidato, Antón Reixa, como presidente del Consejo de Dirección. Su mandato duraría 14 meses y 8 días. El 16 de julio de 2013, el órgano de gobierno de la entidad decidía apartarle de sus cargos después de que 25 de sus 39 miembros votaran en contra de su continuidad tras haber presentado una moción dos de sus compañeros de lista. Reixa se justificó asegurando que en el interior de la sociedad de gestión «hay una lucha de poder que va más allá de lo legítimo».
Sopa de siglas
Lo cierto es que desde hace meses los autores españoles se han desperdigado en una sopa de letras que contiene las decenas de siglas que los agrupan en distintas asociaciones que luchan por hacerse por el control de la entidad. Por un lado la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) había pedido formalmente el cese de Reixa y todo su equipo ya que «podrían haber llevado a la entidad a una futura quiebra técnica financiera». Por otro lado, el presidente de la Fundación Autor, Antonio Onetti, y uno de los cuatro vicepresidentes de la entidad Fermín Cabal, remitieron una carta a la junta en la que pedían su dimisión tras acusar a Reixa de «presidencialismo».
Unos días antes de la votación un grupo de 183 artistas y socios de la SGAE hicieron pública una carta en la que pedían a la junta directiva que aparcara sus discrepancias y no provocara «cambios innecesarios».
Lo más llamativo de aquella misiva es que venía firmada por algunos de los artistas más conocidos de nuestro país que son, a su vez, los que más recaudan. Desde entonces han evolucionado hasta constituirse en una asociación, Coalición Autoral, que agrupa a más de 300 miembros, en la que destacan nombres como los de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Tosar, Ariel Roth, Iván Ferreiro, Álvaro Urquijo, Raimundo Amador, Kiko Veneno, Rosendo, los Auserón...
Principales objetivos
Entre sus principales objetivos está la modificación de los estatutos de la entidad para «primar a los autores profesionales en activo, a los nuevos autores y a los profesionales de larga trayectoria que generan repertorio, por encima de los simples administradores o cesionarios de derechos y de los éxitos puntuales». También quieren que pueda «ser candidato cualquier socio con al menos un voto permanente». Y abordan otro punto polémico: «Se podrá remunerar salarialmente a los miembros de la Junta que realicen trabajos concretos, eliminando las costosas dietas y comisiones». Poco a poco sus exigencias han ido aumentando y ahora mismo ponen en el punto de mira la convocatoria adelantada de elecciones que parecen inevitables si prospera la demanda millonaria que podrían presentar por la llamada «rueda de las televisiones», que, según afirman, es una práctica fraudulenta que se realiza en programas de televisión de madrugada y que consiste en realizar arreglos de obras clásicas que ya no pagan derechos de autor por parte de artistas vivos, lo que supone un gran ingreso de dinero, 50 millones de euros anuales, casi un 30% de lo que los canales pagan a SGAE.
Más facciones
Hay aún más facciones, pero dos de las principales podrían estar fusionándose. Se trata de las que encabezan Eduardo Bautista, que sueña con su vuelta al Palacio de Longoria, y José Miguel Fernández Sastrón, miembro de la actual Junta Directiva de SGAE y vicepresidente de la entidad por el Colegio de Pequeño Derecho. Primero formaron parte de la misma junta directiva, después Sastrón le declaró la guerra cuando aún controlaba los designios de la casa de los autores, más tarde se enfrentaron en unas elecciones en las que Sastrón acusó a la lista patrocinada por Bautista de pucherazo, luego éste tuvo que conformarse con una vicepresidencia tras el triunfo de Reixa, y ahora podrían estar negociando para volver a tomar el control: «Se les ha visto tres veces en lugares públicos en los últimos dos meses», asegura un destacado socio, que además ha constatado que en las últimas semanas los mensajes de sus respectivos entornos son bastante parecidos. De hecho, acaba de conocerse que un tribunal ha dado la razón al ex presidente del consejo de dirección y le autoriza a cobrar la pensión vitalicia de 26.269 euros al mes. Sastrón, que años atrás criticó la megalomanía de su entonces rival, defendió en marzo en una carta abierta retirar el pleito que interpuso Reixa para que Bautista pudiera cobrar su abultado sueldo de por vida: «La pensión de Eduardo Bautista fue aprobada por una Junta Directiva elegida por los socios y con la facultad plena para hacerlo, independientemente de que su decisión sea considerada más o menos acertada», argumentaba el vicepresidente. «La solicitud por parte de Sgae de un rescate de esa suma supone una presunción de culpabilidad de Teddy Bautista sobre la que, después de tres años de proceso judicial, no se ha pronunciado el juez y, por lo tanto, no existe justificación alguna para reclamar daños o perjuicios». Hay quien piensa que son tan elevados emolumentos lo que hace tan atractivo el despacho del presidente del consejo de dirección de SGAE como para que tantos gallos quieran ser los amos del multimillonario corral.
UNA DENUNCIA CON NOMBRE Y APELLIDO
Coalición Autoral se ha puesto en manos del despacho del ex ministro José María Michavila para poner la denuncia contra la llamada «rueda de las televisiones». Según el abodago se trata de un presunto delito de falsedad documental porque parte de estas versiones que se registran como novedosas para poder cobrar por ellas son exactamente iguales a las originales: sin una sola modificación. Un delito castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.