Congo: La pesadilla que Bélgica quiere esconder

A este país europeo no le tiembla la voz a la hora de acusar a España de Estado poco democrático, lo que no deja de sorprender en una nación que masacró a diez millones de congoleños, fue santuario de etarras y criminales nazis.

El semanario «The Economist», ha elaborado un «ranking» en el que mide el índice de democracia en los países según las características de su vida política e institucional y el resultado es el siguiente: España aparece en el puesto 17 (de 166) después de Reino Unido y tres puestos por delante de Estados Unidos. Bélgica, en cambio, se sitúa en el puesto 35, ¡por debajo de la India! ¿Por qué, entonces, es percibida como un país mejor de lo que es en realidad, en lo que a calidad democrática se refiere? ¿Por qué un Estado de 10 millones de habitantes, con tres idiomas, que cuenta con siete parlamentos –ocho si sumamos el Senado–, es apreciado dentro y fuera de sus fronteras como un lugar más garantista que España? ¿Tienen la culpa hechos históricos no superados, como «la leyenda negra española»?

Remontémonos al siglo XVI. Se designó «leyenda negra» a la visión de España que urdieron anglosajones y flamencos, quienes retrataron a nuestro país como nación cruel y tiránica, enemiga del progreso y de las innovaciones. Los creadores de aquella campaña propagandística concluían que éramos una nación gobernada por déspotas que utilizaban la Inquisición para someter a sus incultos súbditos, y Felipe II era el peor de todos ellos. Pero, ¿por qué tanta saña contra el monarca? Por la posición de poder que adquirió España tras el descubrimiento de América y el desarrollo del imperio.

La historiografía contemporánea desmiente tal leyenda, cuyos tópicos retrataban a los españoles como crueles, atrasados, altivos y poco dotados para las artes y las ciencias. La historiadora Carmen Iglesias, va más allá: «Se trata de la imagen exterior de España, tal como España la percibe. Consiste, por tanto, en los rasgos negativos –que son objetivamente los más repetidos– que la conciencia española descubre en la imagen de ella misma». Los enemigos del Imperio lograron el gran «fake» del siglo XVI. Un aparato publicitario que desacreditaba a nuestro país en función de vendernos en el exterior como un lugar terrorífico. Hoy, la UE, tiene una oficina para desmontar este tipo de bulos que corren a través de las redes (como el reciente apoyo de Rusia al independentismo catalán), pero en aquel momento era complicado.

Además de la propaganda secular, las extradiciones entre Bélgica y España siempre han generado controversias políticas entre ambos países que han saltado a la palestra europea (el último caso fue en 2016 con la etarra residente en Gante: Natividad Jáuregui), pero... ¿De cuándo data este desencuentro judicial? Se remontan a la II Guerra Mundial cuando, en 1945, un avión facilitado por Abert Speer, aterrizaba de forma desastrosa en la Bahía de la Concha, en San Sebastián. El piloto, Leon Degrelle –recién nombrado General de las SS por Himmler, y uno de los hombres fuertes de Hitler en Bélgica–, acabó gravemente herido. Rescatado, el régimen franquista le concedió asilo político y Degrelle consiguió que el franquismo le protegiera de las peticiones de extradición procedentes de los Aliados. Juzgado in absentia en diciembre de 1945, fue condenado a muerte por su colaboración con el régimen nazi. En agosto de 1946, Franco fingió ceder a la presión internacional, pero facilitó su huida. Años después, en 1954, se le concedió la nacionalidad española que le permitió vivir en nuestro país ayudado por Falange Española. Nunca salió de territorio español. En los últimos años, la cooperación judicial entre Bélgica y España ha tenido que recuperar cauces de normalidad. Una evolución que ha permitido mejorar las relaciones diplomáticas y afianzar la colaboración entre los Estados. No obstante, aún pesa en el imaginario que durante los años 90 e inicios de los 2000, fueron numerosos los miembros de ETA que dirigieron su exilio al territorio belga. Muchos consiguieron esquivar o aplazar los requerimientos de justicia española, en su mayoría bajo el asesoramiento de Paul Bekaert.

Pero lo que la Historia no puede olvidar es el Holocausto del «Roi des Belges». El monarca Leopoldo II de Bélgica mantuvo las vastas tierras que ahora se conocen como la República Democrática del Congo como posesión personal desde 1885 hasta 1908. Cuando fue obligado a entregarlas al parlamento de su país, mantuvo los hornos encendidos durante ocho días para destruir todos sus registros: «Les daré mi Congo –se le oyó decir–, pero no tienen derecho a saber qué hice allí». Los papeles ocultaban la muerte de diez millones de congoleños, o lo que es lo mismo, la pérdida del 50% de la población autóctona.

Leopoldo lamentaba ser monarca de un país pequeño que no mostraba deseos de sumarse a la carrera imperialista. Tras años de buscar en los mapas y en las triquiñuelas de la política internacional algún pedazo de espacio con el que saciar su codicia, dio con la terra incognita ubicada en el corazón del continente africano. Tuvo la astucia de encubrir sus proyectos bajo un manto de pretextos filantrópicos. Gracias a una brillante campaña propagandística logró embaucar a medio mundo. El Acta de Berlín (26 de febrero de 1885), presidida por Bismarck, dejó en sus manos una zona cuya extensión superaba el millón y medio de kilómetros cuadrados, denominada Estado Libre del Congo, cuyo gobierno y administración corrió por cuenta de Leopoldo con total exclusión del Estado belga. Antes, el monarca había tenido la previsión de contratar a una de las estrellas internacionales del momento, Henry Morton Stanley, quien sentó las bases para el dominio leopoldino. El mentiroso patológico que ha pasado a la Historia por haber encontrado al «perdido» doctor Livingstone –supongo–, persuadió a centenares de jefes de la cuenca del Congo a que firmaran sus tierras y sus derechos al rey de los belgas.

Los años de quehaceres de Stanley a su servicio hicieron posible que Leopoldo engullese una porción de territorio equiparable a 66 veces la extensión de su país, cuyas riquezas, principalmente el marfil y el caucho, hicieron de él uno de los grandes magnates de su tiempo, y, también uno de los criminales más sanguinarios del siglo XX, equiparable a Hitler y Stalin.

Sin pisar nunca aquellas tierras se dedicó a saquear el país. Para lograr sus fines, se sirvió de no pocos Kurtz –tan bien retratado por Conrad en «El corazón de las tinieblas»– que establecieron un sistema de trabajos forzados. Castigos físicos llevados al extremo, golpes con látigos de metal, secuestros, asesinatos masivos, mutilaciones de manos y de pies, destrucción de aldeas... Los métodos usados por los sicarios de Leopoldo para obligar a los nativos a trabajar hasta la extenuación o la muerte apuntan a un verdadero holocausto. Hasta tal punto fue así, que en 1920 varios funcionarios dejaron por escrito su alarma por el enorme descenso de población local; temían quedarse sin mano de obra: pueblos enteros exterminados, centenares de cadáveres arrojados a ríos y lagos, mientras que cestas de manos cortadas era presentadas a oficiales blancos como evidencia del número de muertos que sumaban.

El Rey Leopoldo fue incapaz de acallar las críticas con los métodos de presión y desprestigio hasta que tuvo que negociar la cesión del dominio sobre el Estado Libre del Congo a favor del Estado belga. Realizó un negocio estupendo pues consiguió la asunción por parte de Bélgica de la deuda del Estado del Congo de 110 millones de francos, y un pago de 50 millones de francos.

Todo lo dicho es solo una parte de la historia que nos permite reflexionar: ¿qué clase de país es aquel que intenta dar lecciones de moral cuando, en pleno siglo XX, llegó a tener zoológicos humanos en los que exhibían a niños congoleños, y se permitía al público darles de comer como si fuesen chimpancés? ¿Qué Estado intenta enseñar democracia, cuando la gobiernan cuatro fuerzas al paso que marca la N-VA, heredera de un extinto partido independentista y xenófobo?: «La coalición encabezada por el partido Nueva Alianza Flamenca no representa ideológicamente una posición que pueda dar lecciones de calidad democrática; ni Bélgica puede erigirse, por su historia más reciente, en evaluador de sistemas de protección de derechos humanos en Europa. Para ello están otras organizaciones internacionales y regionales, tanto políticas como jurisdiccionales, que ponen a cada Estado en su verdadero lugar –más allá de coyunturas, intereses partidistas o político-ideológicos–», explica José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Pontificia/ICADE.