Los hermanos Lapeña: primeros exhumados del Valle

Patrimonio Nacional cumplirá la sentencia que obliga a desenterrar a dos personas de San Lorenzo de El Escorial, aunque antes tendrá que haber recibido dos informes técnicos

Dos de los 33.847 cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos serán exhumados para recibir «digna sepultura», una acción que nunca antes había conseguido el aval de un juez en España. Así lo autorizó el pasado día 30 de marzo el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial con un auto contra el que, tal y como se informó el pasado mes de mayo, no cabe recurso. Ahora es desde Patrimonio Nacional desde donde se mueve ficha para que la recuperación de los cuerpos de los hermanos Lapeña Altabás sean entregados a sus familias, eso sí, después de responder positivamente a un último requiso que queda por cumplir: la entrega de dos informes imprescindibles antes de comenzar con los desenterramientos. Que son: uno del Consejo Médico Forense, órgano consultivo del Ministerio de Justicia que daría cuenta de los pormenores médicos y biológicos necesarios para la resolución del proceso; y otro del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de Zaragoza, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que atendería a los aspectos relacionados con las edificaciones y con el estado de las galerías y los columbarios. Según Patrimonio Nacional, estos informes técnicos son fundamentales para «dar cumplimiento a la sentencia».

Patrimonio Nacional insiste en que, sin estos dos textos como base científica sobre la que proceder a la recuperación de los cuerpos, sería imposible acatar el auto del juez, no sólo por las familias que están detrás de la petición, sino por el cuidado de nuestro patrimonio histórico. Sin embargo, lo que Patrimonio Nacional tilda de «luz verde» para llevar a cabo las dos exhumaciones en el Valle de los Caídos es, para el abogado que defiende esta causa, Eduardo Ranz, una excusa más para demorar el proceso. El letrado argumenta que solicitar más documentación, simplemente, no es competencia de Patrimonio Nacional, que debería ceñirse al auto de marzo, contra el que, insiste, no cabe recurso: «Sólo necesitamos que nos abran la puerta del Valle de los Caídos, literalmente», dice el abogado, que recuerda que ya cuentan incluso con un equipo de forenses para el trabajo. Así, Eduardo Ranz dice estar seguro de que esta noticia, que quiere maquillarse como un paso adelante en el caso de los hermanos Lapeña, no es sino una zancadilla más a su cliente. «Patrimonio Nacional está incumpliendo el auto del juez», sentencia contundente el letrado. Por contra, el organismo que administra el Valle de los Caídos insiste en que «va a actuar», pero sí es cierto que no se pronuncia en cuanto a los plazos.

Todo comenzó hace dos años, cuando la nieta de Manuel Lapeña decidió encaminarse en esta lucha judicial por honrar a su abuelo y a su tío abuelo, un veterinario y un herrero del municipio zaragozano de Villarroya de la Sierra, respectivamente que, allá por la década de 1930, fundaron la Confederación Nacional del Trabajo –una organización de reconocida ideología anarcosindicalista–. Con el estallido de la Guerra Civil, los dos emprendieron la huida, pero ambos fueron detenidos, fusilados y enterrados en fosas comunes en la localidad de Calatayud: Manuel junto al cementerio y Antonio en el Barranco de las Bartolinas –este último logró escapar tras el primer arresto, pero volvió a ser capturado para correr la misma suerte que su hermano–; según cuenta la familia, los dos cuerpos fueron trasladados en 1959 junto con otros muchos al Valle de los Caídos. Por supuesto, no faltan las incógnitas abiertas en torno a esta historia, pero, más allá de eso, lo que está claro es que la justicia ha hablado: debe procederse a la entrega inmediata de los restos cadavéricos de los dos hermanos a sus familiares. Precisamente, es este matiz de urgencia el que, según cuenta indignado el abogado Eduardo Ranz, se está incumpliendo, y pone como ejemplo los tres meses que han tardado en pronunciarse. De la otra parte, fuentes de Patrimonio Nacional insisten en que «se han iniciado las actuaciones pertinentes», y que, además, se ha hecho cuando se ha podido, dado que la notificación firme de la sentencia les ha llegado «recientemente». Aún así, insisten: «Sí, vamos a cumplir la sentencia, pero es una sentencia difícil de cumplir».