Queipo de Llano se hace fuerte en la Macarena

«No hay motivo para exhumar a mi abuelo», confiesa a La Razón un nieto del general franquista y elude la polémica sobre el enterramiento con honores de su abuelo en la basílica de la Macarena de Sevilla

El aval del Tribunal Supremo a la exhumación de Franco ha reabierto la polémica por la sepultura del general Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla. Ambos están enterrados en un lugar de culto, pero un hipotético traslado de los restos del conocido como «virrey de Andalucía» plantea serias dudas jurídicas y,de momento, la Junta no tiene entre sus prioridades impulsar ningún movimiento, a pesar de la tormenta política generada. «No hay motivo para exhumar a mi abuelo», asegura tajante a LA RAZÓN Gonzalo García Queipo de Llano, nieto del militar. Gonzalo se muestra cauto en sus valoraciones. Habla pausado, pensándose mucho lo que decir, sabedor de que el nombre de su abuelo sigue levantando ampollas por los miles de fusilamientos que autorizó. «La historia está ahí, no tiene sentido cambiarla ahora», argumenta, además de recordar que el general yace en la basílica porque «fue hermano mayor honorario» de la cofradía. «Colaboró en levantar el nuevo templo», añade. Precisamente, la iglesia se construyó en el lugar que ocupaba una conocida taberna anarquista, Casa Cornelio, símbolo de la «Sevilla roja». Esta misma semana, la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo –departamento del que dependen las competencias de Memoria Histórica–, aseguró que una posible exhumación de Queipo es un tema «sobre el que hay que dialogar muchísimo» y recordó que el anterior Gobierno autonómico socialista manejaba «documentos que no recomendaban» el traslado de los restos. Igualmente, Del Pozo apuntó al escaso desarrollo de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática durante la etapa socialista, así que su departamento trabaja en el borrador de una orden para eliminar símbolos y actos contrarios a la memoria histórica. El siguiente paso sería nombrar una comisión de expertos que señalaría los posibles incumplimientos de la norma, siendo especialmente sensible el enterramiento de Queipo. El general reposa junto a su esposa Genoveva en una capilla lateral de la basílica, por donde diariamente pasan miles de personas para orar ante la Esperanza Macarena. Desde 2009, en cumplimiento con la Ley estatal de Memoria Histórica, su lápida ha sido modificada en dos ocasiones para borrar los símbolos franquistas. Entre otros, figuraba la Gran Cruz Laureada de San Fernando, título que le otorgó Franco. Ahora luce el escudo de la hermandad de la Macarena y un único título de «hermano mayor honorario».

Una posible exhumación, como piden las asociaciones memorialistas y el grupo parlamentario de Adelante Andalucía, plantea numerosas dudas jurídicas, por lo que el caso de Franco no es comparable con el de Queipo. Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recuerda que la Ley estatal de Memoria Histórica, de 2007, no establece ningún tipo de procedimiento relativo al Valle de los Caídos. El asunto de la tumba de Franco en el templo «se dejó aparcado» dada la polémica que generó la norma. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2018 un decreto ley que introducía varios matices. Uno de ellos es que en el Valle de los Caídos «solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española», convirtiéndose el recinto en «un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Se producía una paradoja, ya que los restos de José Antonio Primo de Rivera, asesinado durante los primeros meses de la Guerra Civil, sí podrían quedarse en el edificio, pero los de Franco no. Junto a a ello, el decreto establece un procedimiento administrativo específico para ordenar el traslado de los restos del dictador. Galán asegura, en este sentido, que el Tribunal Supremo «no ha ordenado nada». «Lo que ha hecho es desestimar el recurso de los familiares contra la resolución del Consejo de Ministros que acordaba el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo». Ahora queda, por parte de la familia, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ley andaluza, aprobada en 2017, no es tan genérica como la estatal. De hecho, su artículo 32 habla de la retirada de «elementos contrarios a la memoria histórica», es decir, placas, insignias o nombres de calles. ¿Se puede incluir en este ámbito el traslado de restos mortales de una persona? A juicio de Galán, «es muy discutible desde el punto de vista jurídico», ya que «no es lo mismo cambiar el nombre de una calle, que eso lo puede hacer un ayuntamiento y tiene competencias para ello, que mover unos restos mortales, una operación que tiene que ver con el Derecho Civil y con aspectos vinculados a la salubridad, y esto es competencia del Estado».

La Junta ha mostrado su voluntad de completar la ley, pero Galán recuerda que «si la ley no lo permite, el decreto no lo puede hacer». Es decir, que un decreto no podría autorizar la exhumación, sino la propia ley, y para ello sería necesaria su modificación. Y va más allá, porque si se cambia la norma, ve «discutible» que tales competencias fueran de la Comunidad Autónoma. En definitiva, Galán considera que el Gobierno central, «en vez de haber hecho una norma ‘‘ad hoc’’ para un supuesto determinado, como es el caso de Franco, debería haber realizado una reforma de la Ley de Memoria Histórica coordinada con toda España, puesto que la Guerra Civil afectó a todo el país». La familia de Queipo de Llano, si se llegara a plantear la exhumación, podría defenderse y alegar en cada estamento jurídico. En el caso de los parientes de Franco «han podido acudir a los tribunales», recuerda Galán. No obstante, el traslado de los restos del dictador «es una decisión política adoptada por el Gobierno, que ha sido convalidada por el Congreso». A pesar de la polémica desatada en Andalucía, la Junta no tiene intención de impulsar la exhumación. Los partidos que integran la coalición de Gobierno, PP y Ciudadanos, ya han asegurado que el asunto no es una prioridad e incluso Vox, que apoyó la investidura de Juanma Moreno, ha señalado que no va a destinar «ni tiempo ni energía» a este tema. El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, de una forma muy metafórica, ha llegado a decir que con el traslado de los restos de Franco «se da el pistoletazo para que Queipo salga de la Macarena». La postura de la hermandad es la de acatar cualquier pronunciamiento jurídico que se produzca sobre el enterramiento, aunque baraja una opción que en su día planteará a la familia. Está proyectando un columbario donde reposarán las cenizas de los hermanos. Ahí podrían ubicarse los restos del general y de su esposa, silenciándose así futuras controversias.

La huella del general Gonzalo Queipo de Llano (en la imagen con Franco) sigue presente en Sevilla. Conocidas fueron sus arengas en la radio y los miles de fusilamientos que ordenó en la muralla de la Macarena. Ejerció un poder férreo en Andalucía durante los años duros de la dictadura. Profundamente católico, no tuvo reparos en vincular sus creencias con su ideología política. La ciudad le dedicó una parroquia con su nombre, en Triana, y otra con el de su mujer, en el barrio del Tiro de Línea.