Ramoncín no convence al juez

Durante tres horas y media, el cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, defendió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que los 170.552 euros que cobró de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) entre 2004 y 2012 se corresponden con servicios efectivamente prestados, y no de carácter meramente ficticio, como sostiene la Guardia Civil. Tras la comparecencia del músico, que a su salida del tribunal se declaró «honrado, honesto e inocente», el magistrado le mantuvo la imputación por los delitos de apropiación indebida o administración desleal y falsedad documental pero, a instancias del fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso, no le impuso medida cautelar alguna.

Ramoncín defendió la utilidad de los proyectos que vendió a la SGAE a través de su productora, Jupiter Music S. L. En este sentido, aseguró que «Caja Fuerte Virtual», una herramienta informática por la que la Sociedad General de Autores le abonó algo más de 5.000 euros, es una aplicación ideada por él para luchar contra la piratería «que han adquirido grandes compañías», según explicaron fuentes jurídicas. La vendió por esa cantidad, añadió, «porque estamos en España», pues está convencido de que en Estados Unidos «se la habría podido vender a Steve Jobs». La Guardia Civil reseñó en su informe que de esa herramienta no hay ni rastro en la SGAE ni tampoco contrato que la justifique.

Según esas mismas fuentes, Ramoncín adoptó durante su declaración judicial «un tono muy arrogante» y, en un momento determinado, llegó a comparar el trato que se dispensa en España a los artistas de larga trayectoria como él, frente al que disfrutan en otros países, poniendo como ejemplo entre otros a Sinatra.

En cuanto al programa de televisión «El creador», que según la investigación nunca se hizo, explicó que se trata de un «reality show», desprovisto del habitual perfil morboso de este tipo de programas, sobre el proceso creativo de un autor, aunque hizo hincapié en que desconoce por qué no se llegó a emitir, pues eso no dependía de él.

El cantante, que fue consejero de la SGAE entre 2000 y 2007, aseguró tras su declaración que no tiene «nada que esconder ni nada que ocultar». «Hemos aportado todas las pruebas y todos los documentos. Quien nada tiene que esconder de nada tiene que preocuparse», dijo. En esa misma línea, su abogada, Teresa Bueyes, añadió que se trata de una materia «compleja» (la causa acumula ya 37 tomos) y que es normal que haya asuntos de propiedad intelectual «que no entienden muy bien los fiscales y los jueces a qué se refieren», pese a que la Policía Judicial «ha hecho muy bien su trabajo». En ese empeño de esclarecer todas las posibles dudas, subrayó, su defendido «les ha aclarado los términos como experto, como una persona que ha estado 35 años». Sin embargo, las fuentes consultadas apuntaron que en algunos de los contratos aportados por el artista «no coinciden las copias y los originales».

A renglón seguido, la letrada adelantó a los periodistas que tiene intención de pedir «mañana mismo» (por hoy) el sobreseimiento de la causa respecto a su cliente, dado que considera que todo se debe a un «equívoco». Fuentes de la Audiencia Nacional, sin embargo, consideran muy improbable que el juez acuerde la medida a estas alturas de la investigación.

Ramoncín insistió al concluir su comparecencia en que a lo largo de su vida no ha hecho «nada más que trabajar» y se quejó del trato recibido desde que se hizo pública su imputación y del «daño tan grande» que le ha ocasionado este asunto. Por eso pidió que «de una vez por todas acabe en este país esa persecución contra todo lo que tiene que ver con la SGAE y los derechos de autor».