Las cifras de la represión roja: asesinatos entre vecinos y ajustes de cuentas

El golpe de Estado del 18 de julio causó más daño del que quería evitar. Inició una guerra civil de tres años que destruyó un país y que afectó a varias generaciones hasta el día de hoy. Había que estar muy ciego entonces para no ver que en ese clima de violencia política, incluido el episodio sangriento de octubre de 1934, un golpe no iba a desembocar en lo que los revolucionarios querían: la guerra. Quizá alguno pensó que eran asumibles unos miles de muertos con tal de lograr su objetivo político. Era la banalización del mal de la que hablaba Hannah Arendt, el desprecio por la vida humana en medio de esa «Edad del Odio», según Niall Ferguson, que fue el terrible siglo XX, el siglo de los totalitarismos y de la crisis de la democracia liberal. Visto con los ojos de hoy resulta imposible no coincidir con el último Unamuno, el que se da cuenta de que no hay diferencia entre «los hunos» y «los hotros». Es natural que lo más inteligente fuera huir del país como hicieron muchos, desde Ortega a Clara Campoamor, por miedo a que una parte de las dos España les helara el corazón. La guerra española fue salvaje, como todas. No se trató solo de una contienda en la que los bandos pensaran que se libraba el triunfo de una «civilización» sobre otra, el «paraíso obrero» frente a la «tradición». Fue igual que el resto incluso por la evidente intervención internacional, en la que hubo países que tomaron el conflicto como campo de pruebas, o por el abandono vergonzoso de otras potencias.

Es que, además, la española tuvo el componente de ser «civil»; esto es, de ajuste de cuentas entre vecinos, amigos y familiares, entre patronos, obreros, periodistas, jornaleros, curas, estudiantes y cualquier otro. El discurso de odio y la alegría de la destrucción, de la liquidación del enemigo, el borrarlo de la faz de la Tierra para siempre, lo inundó todo. Es frecuente encontrarse con fotos de la época en la que los ejecutores posan sonrientes con los asesinados. El estudio de la represión en retaguardia durante la Guerra Civil, ya sea un bando u otro, es un asunto complicado por varios motivos. El lado humano resulta terrible porque tras cada cifra hay una tragedia humana, un ejecutor y un ejecutado, y, por supuesto, dos familias. Además, en muchos de los estudios locales se descubre un pasado familiar oculto o desagradable.

El ensayo publicado por Fernando del Rey, catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, titulado «Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra española» (Galaxia Gutenberg, 2019), tiene un valor añadido. El propósito del autor es alejarse de prejuicios políticos, de banderías, y acercarse a los acontecimientos para contar «la verdad de los hechos en toda su crudeza». Esto es más fácil, en apariencia, si se acude a la microhistoria; esto es, al pequeño cosmos de una localidad, donde se puede personalizar y seguir caso a caso. Del Rey ha elegido la provincia de Ciudad Real, y ha documentado la represión, como es preceptivo, con la información periodística, de archivos, y con casi sesenta entrevistas que dan un toque vívido al retrato. El estudio, largo pero de fácil lectura, comienza situando al lector en los primeros días en Ciudad Real tras el golpe. Por eso retrata la repercusión social y la reacción, la «violencia caliente» de los momentos iniciales provocada por la tensión que generó el golpe. Entonces fueron asesinados «tres grupos especialmente», dice Del Rey: religiosos, los detenidos por las milicias en sus domicilios o en la calle, y los que se sumaron a la sublevación. Luego se produjo la «violencia fría»; esto es, la que se produjo durante la revolución sobre aquellos que fueron sacados de la prisión para su eliminación.

Las cifras son elocuentes: entre el 18 y el 31 de julio hubo 157 asesinados (61 religiosos, 65 «laicos» y 31 sublevados). La mayor parte de ellos fueron ejecutados por otros vecinos, aunque también intervinieron forasteros y los milicianos. A partir de ahí, los revolucionarios establecieron su estructura de poder en la provincia, dando por finalizada la República de 1931. En absurda paradoja, el golpe del 36, animado por su deseo de evitar la revolución roja, la había impulsado como nunca antes en España. Los asesinatos durante el resto de 1936 en la provincia de Ciudad Real, que vale como ejemplo de lo que ocurrió en la «retaguardia roja», llegaron a los 42 diarios. Casi todos a manos de conocidos. Una vez concluida la guerra aquellos muertos fueron utilizados por los vencedores, tal y como cuenta Del Rey, y se les llamó «mártires». El objetivo era la apropiación institucional de su memoria, el usarlos como recurso propagandístico; algo no muy diferente a lo que ciertas asociaciones memorialistas hacen ahora. Sin embargo, se olvidaron, y se olvidan, las tragedias personales de muchas personas que vivían aquellos días al margen de la política y que fueron tomadas como objetivo. Nos encontramos, por tanto, ante un libro duro, triste, lleno de nombres, vivencias y muerte, de llamadas a la puerta, paseíllos y fusilamientos. Una obra singular porque el autor se aleja de maniqueísmos y solo trata de entender lo que pasó. Por eso son hojas repletas de gente que creyó vivir una revolución y que mató por ello, y de otra que vivió con un miedo atroz, dejado sus despedidas en cartas y notas. Son pequeños episodios que quedarían para siempre olvidados de no ser por la microhistoria, la más cercana. El estudio de Fernando del Rey muestra esa paradoja de los golpes de Estado, que se presentan como solución a una situación extrema, pero suelen conseguir el efecto contrario. Quizá haya que empezar a pensar que eso es justamente lo que buscan: una justificación para su deseo de poder. Pero también muestra la realidad de toda revolución. Lo cierto es que los revolucionarios del 36 deseaban un acto de fuerza que legitimara su toma del Palacio de Invierno, empezar la liquidación e imponer su «paraíso», y que el golpe del 18 de julio se lo proporcionó. El conjunto fue, como escribió Unamuno, una «locura colectiva».

No es algo solamente español. Desde 1992 están abiertos los archivos de la Stasi en lo que fuera la Alemania del Este. Seis millones de expedientes personales, miles de informadores, y nadie lo visita porque es duro descubrir que una persona allegada era un informador de la dictadura. Otro ejemplo es del historiador Jan Gross, autor de «Vecinos: el exterminio de la comunidad judía de Jedwabne» (2016), que ha tenido que dejar su país, Polonia, porque ha documentado que hubo polacos que colaboraron en el Holocausto. En consecuencia, hay otros dos aspectos en este tipo de estudios que suponen una gran dificultad: la politización de la historiografía y la moda memorialista, que tanto distorsiona. Es innegable que una buena parte de los estudios sobre la represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura contiene intenciones ideológicas, ya sea por convicción o para encajar en el ambiente académico. Un fenómeno similar ocurrió durante el franquismo, pero de sentido contrario. De hecho, la información recopilada en la Causa General para establecer el alcance del «terror rojo» fue la base de muchos estudios posteriores.

El 19 de septiembre de 2019 el Parlamento europeo condenó el comunismo y el nacionalsocialismo, dos totalitarismos que llenaron Europa de muertos. La Historia es evidente: la URSS y la Alemania nazi firmaron en agosto de 1939 un pacto de no agresión, y poco después el reparto de Polonia. En noviembre de 1939 los soviéticos atacaron Finlandia, y luego ocuparon a la fuerza Rumanía, Lituania, Letonia y Estonia. Su régimen iba acompañado de la liquidación social. Los nazis fueron castigados en Núremberg, dice el Parlamento europeo, pero queda hacer lo propio con los soviéticos. Es una cuestión de dignidad.