Los camioneros preparan una denuncia contra el Estado y la Generalitat por omisión de funciones tras el cierre de La Junquera

Ya es oficial. Las principales asociaciones de transportistas -integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera- presentarán en los próximos días ante la Guardia Civil y la Fiscalía una denuncia penal contra todos los responsables del cierre de la frontera de La Junquera y de los cortes de carretera que afectaron a la red viaria catalana hace poco más de dos semanas. Quieren así llevar ante los tribunales a los responsables directos o indirectos de aquellos disturbios, lo que abriría el camino a reclamar indemnizaciones millonarias por las pérdidas sufridas de los más de 20.000 camioneros que se vieron atrapados durante más de 36 horas en la autopista AP-7, la principal conexión con el resto de la Unión Europea. La principal patronal del sector, la Confederación Española de Transporte Mercancías (CETM), está preparando ir un paso más allá y presentará una querella patrimonial contra la Generalitat de Cataluña y el Estado por omisión de funciones en la preservación de la libre circulación de vehículos y mercancías. En la actualidad están llevando a cabo un estudio pericial entre todos los asociados que se vieron implicados para determinar el importe que pretenden reclamar y que estaría cerca de los 150 millones de euros. "Estamos ahora mismo en proceso de peritaje y cuando acabemos tendremos una cifra real de lo que vamos a reclamar", explicó a la LA RAZÓN Dulce Díaz, secretario general de CETM.

Por acción o por omisión

Las asociaciones del sector calcularon en su momento unas pérdidas de 15 millones diarios por parte de sus asociados, al no poder cumplir con los plazos de entrega de sus mercancías, sobre todo en el caso de las perecederas. El objetivo de la denuncia, además de que se tomen correctivas para que no vuelva a ocurrir, es identificar a los responsables que “por acción o por omisión permitieron unas acciones ilegales e inadmisibles”, explicó a este diario Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, que espera que se demuestre durante la investigación que “la actitud pasiva y de connivencia del Gobierno de la Generalitat y de las fuerzas de seguridad autonómicas a sus órdenes” impidió la reapertura de frontera con rapidez, por lo que pedirán que el Ejecutivo catalán sea responsable subsidiario de las pérdidas que hayan sufrido las empresas de transporte por los cortes realizados por los CDR. No descartan ampliar sus denuncias a las asociaciones independentistas que avalaron, alentaron e impulsaron estos disturbios.