Regreso al pasado en el mercado laboral

Dicen que los gallegos son taciturnos, nostálgicos, con poca capacidad de decisión. La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, nació en aquella tierra y ha roto con todos los tópicos sobre sus paisanos. No se ha cansado de hacer entrevistas en sus primeros días, de hablar de modernización y, sobre todo, ha demostrado una y otra vez su apuesta por suprimir los aspectos que considera «más lesivos» de la reforma laboral de 2012. Esta medida era condición indispensable de la formaión morada para alcanzar un pacto de Gobierno con el PSOE, que la ha aceptado con reticencias. Por ejemplo, las de la vicepresidente económica, Nadia Calviño, quien ha mostrado en más de una ocasión su descontento con que Podemos pretendiese eliminar por completo la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy y con que algunos puntos no se pusiesen sobre la mesa de diálogo. Al final, el partido de Iglesias y el de Sánchez han tomado una decisión salomónica, el llamado «fifty fifty» o «ni pa ti, ni pa mi». No derogarán por completo la legislación de 2012, pero Yolanda Díaz ha anunciado que hay cosas que no se negocian, como el despido con bajas justificadas.

Respecto a lo que sí se tratará de acordar, las conversaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios ya están en marcha. Se encuentran en una primera fase en la que se está debatiendo sobre temas en los que se puede llegar más rápido a un consenso porque ya se habló de todo ello cuando el Ejecutivo estaba en funciones. El objetivo es empezar a realizar la contrarreforma lo antes posible. Luego, se entrará en una segunda etapa que promete ser mucho más lenta porque los puntos a discutir son más delicados: «La contratación, las modificaciones sustanciales, la causalidad o el despido», según la propia ministra de Trabajo. En estas cuestiones, las más importantes, Díaz tampoco descarta recurrir a los decretros leyes si no se logra un consenso.

Será muy complicado conseguirlo porque para un lado de la mesa la legislación de 2012 ha sido salvadora y, para la otra parte, un auténtico desastre. Como demostración, las declaraciones que desde los empresarios y los sindicatos han hecho a este periódico. Según el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «la reforma laboral consiguió que mucha gente no se fuera a la calle. El empleo es el primer objetivo del país. Y es con esta reforma laboral con la que se está creando empleo. Eso no quita que pueda haber algunos aspectos mejorables. Primero se planteó la derogación total, parece que se han dado cuenta de que eso no interesa. Ahora, hablan de los aspectos más lesivos. Estamos esperando que nos digan cuáles son. Esta reforma es la que ha ayudado a España a salir la crisis y tocarla en demasía no sería bueno».

Justo lo contrario opina la secretaria de Acción sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente: «Con la excusa de la creación de empleo a lo que ha contribuido, por el contrario, ha sido a que hayamos salido de la crisis con más pobreza, más desigualdad, más precariedad laboral y un empeoramiento de la calidad del empleo. En eso consideramos que no cabe discusión, los datos son más que significativos y, por tanto, es urgente corregir, sustituir o eliminar aquellos aspectos de las reformas laborales que han contribuido a frenar la creación de empleo y a empeorar la calidad del mismo, a la devaluación de los salarios y a tener una sociedad más pobre, contribuyendo a que el hecho de contar con un empleo no signifique tener una forma de vida digna, y a instalar en nuestro país la pobreza laboral».

CONVENIOS. Las distintas partes de la negociación son discordantes, pero no rechazan el diálogo, y en la primera fase de la contrarreforma han tratado, principalmente, los convenios. La legislación aprobada en 2012 dio prioridad a los de empresa sobre los sectoriales, una medida que defiende una fuente del Gobierno de Mariano Rajoy por aquel entonces.

«Nosotros defendíamos la libertad, que los convenios se decidiesen entre los representantes de los trabajadores y de la compañía, y que pudiesen acogerse al que quisieran, al de empresa, el sectorial, el provincial, el autonómico... Hay alrededor de 5.000 mesas de convenio y no son incompatibles. Darle prioridad al de empresa es una forma de permitir que eligan de entre todas con total libertad. Y ha sido positivo porque, igualmente, se han renovado muchos convenios sectoriales o han aumentado», sostiene.

No obstante, los sindicatos creen que fue una decisión dañina para los trabajadores y, ahora, quieren darle completamente la vuelta, devolviendo la preferencia aplicativa del convenio sectorial «como uno de mínimos cuyos contenidos no pueden modificarse a la baja en los ámbitos inferiores», explica Mari Cruz Vicente.

Uno de los aspectos de la reforma laboral de 2012 que causó más controversia fue la aplicación del concepto de ultraactividad a los convenios. Según esta propuesta, cuando empresas y trabajadores no hayan llegado a un acuerdo de renovación del convenio colectivo en un año, éste se sustituiría de manera automática por el de ámbito superior. Los sindicatos reclaman la modificación de este punto para garantizar la ultraactividad de los convenios colectivos, pero «de forma que, respetando lo que la autonomía de las partes haya acordado en el convenio, éste mantendrá su vigencia normativa hasta que se firme uno nuevo», mantiene Mari Cruz Vicente.

SUBCONTRATACIÓN. Ya para la segunda fase queda el material sensible, en el que la negociación se complica, como es el caso de la subcontratación, un aspecto en el que Yolanda Díaz se ha mostrado pesimista a la hora de alcanzar un acuerdo entre las partes. Los sindicatos piden la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para «garantizar a las personas que trabajan en actividades subcontratadas el convenio colectivo sectorial de referencia, en función de la actividad subcontratada», asegura la secretario de Acción Social de Comisiones Obreras.

Así se acabaría con el abuso de las empresas «multiservicios» que aplican un mismo convenio colectivo para todos sus trabajadores aunque pertenezcan a sectores diferentes, aprovechándose de que la reforma laboral de 2012 le daba prioridad al convenio de empresa. Además, como no tienen en cuenta los acuerdos salariales y de condiciones laborales que rigen las distintas actividades que ofrecen, este tipo de compañías basan su competitividad en una amplia reducción de costes.

En este sentido, sostienen que se ha producido una precarización excesiva de empleos en los que la subcontratación en un hecho habitual. Por ejemplo, las camareras de pisos (conocidas como «kellys»), los servicios de limpieza o los de seguridad. Incluso administraciones de Justicia en España se han visto días completos sin seguridad alguna (con el peligro que esto conlleva para los funcionarios) debido a las huelgas que han emprendido por estos motivos el personal subcontratado.

La fuente relacionada con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 considera que siempre hay gente que abusa de las medidas que tienen buenas intenciones, y que hay que corregir esas deficiencias que se producen a posteriori. Un caso es el de las empresas multiservicios con los convenios, pero aporta otro ejemplo: «Hicimos que la liquidación directa de las compañías fuese vía digital, siendo un avance importante para la administración de la Seguridad Social. Con esta propuesta, los empresarios ganaban mucho tiempo y ahorraban en costes. Sin embargo, algunos han abusado de esta ventaja y algunas corporaciones dan de alta a un trabajar el viernes y lo cesan el lunes. Y así todos los fines de semana. Esto es necesario solucionarlo».

CONTRATACIÓN. Las distintas ideologías no suelen estar de acuerdo en lo que se debe arreglar o no. Pero si algo ha causado enfrentamiento en materia laboral en estos últimos años ha sido la contratación. La izquierda acusa al Partido Popular de aumentar la temporalidad. Sin embargo, el PP tiene la percepción opuesta. «Una gran virtud de la reforma de 2012 fue la de crear empleo indefinido desde el primer momento y antes no se hacía. Esto se logró porque le dimos más flexibilidad a la gente y, así, tenía más confianza a la hora de contratar a largo plazo», sostiene el mismo portavoz.

También niega que la temporalidad haya aumentado, pues es una percepción que se obtiene tras jugar con «mala leche» con los datos: «Dicen que nueve de cada diez contratos son temporales. Claro, es que el indefinido solo cuenta una vez, cuando se firma, mientras que los otros lo hacen mes a mes, cada vez que se renueva». Sin embargo, hay muchos trabajadores con contratos temporales que han permanecido en su puesto bastante más tiempo que los indefinidos. Así que las cifras engañan, dependiendo de quien las use.

Yolanda Diaz, precisamente, ha afirmado que el 92% de los contratos son temporales y ha anunciado, a bombo y platillo, que pretende hacer del indefinido la puerta de acceso al mercado laboral. «Algo que ya ocurría tras la reforma de 2012», dice la fuente cercana a Rajoy, como ha defendido con sus argumentos anteriores.

En definitiva, si escuchamos tanto al nuevo Gobierno como al que elaboró la anterior reforma, las cosas no cambiarán demasiado en cuanto a contratación. Y es que, quizá, se está poniendo el foco en la creación de indefinidos cuando, más bien, la batalla está en diferenciar la temporalidad necesaria de la abusiva o fraudulenta, como opinan desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme: «Habría que distinguirlas antes de proponer medidas. La primera debe preservarse para mantener una adecuada gestión empresarial, mientras que la abusiva o fraudulenta es sin duda es rechazable. No es válida, por tanto, la asociación directa y excesivamente reiterada de la temporalidad, la precariedad y el empleo de baja calidad. La tendencia durante los últimos años de introducir elementos penalizadores con el objetivo de desincentivar la utilización de la contratación temporal no ha dado resultados en la práctica».

Para Cepyme, reducir la temporalidad no se consigue imponiendo el indefinido, sino acercando las modalidades de contratación, atenuando la dualidad existente entre ellas. De este modo, consideran que mejoraría el equilibrio entre la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad de las empresas, un objetivo que perseguía la reforma laboral de 2012. «Nosotros queríamos llevar a cabo un modelo de flexiseguridad», manifiesta la fuente del Ejecutivo de Rajoy.

Que las modalidades se acerquen simplificaría y racionalizaría la contratación, lo cual impulsaría a las pymes para crear puestos de trabajo, subrayan desde Cepyme, donde también proponen avanzar en un tipo de contrato que, de momento, ha pasado desapercibido en las entrevistas que Díaz ha ofrecido para aclarar su contrarreforma. Se trata del que se aplica a tiempo parcial. Esta modalidad, comentan «se podría mejorar y potenciar reduciendo la complejidad y rigidez de la anterior regulación. La promoción de este contrato debe pasar por fomentar el indefinido a tiempo parcial como alternativa a la contratación temporal. Es también positivo ampliar el número de horas complementarias que pueden realizarse del 15 al 30% de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato».

DESPIDOS. De la contratación a su polo opuesto, el temido despido. Se antoja como uno de los aspectos en los que el acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno está más lejano. Mientras los representantes de los trabajadores y el ente público pretende endurecer las condiciones, las compañías quieren mantenerlas como en la reforma de 2012, que otorgó más flexibilidad.

La fuente relacionada con el Gobierno de aquel entonces confiesa que «España era el país de la toda la Unión Europea que más empleo destruía a pesar de tener un nivel de recesión similar al resto. La causa era que nuestro sistema de relaciones laborales era muy rígido. Con la reforma dimos flexibilidad interna a la empresa para que el despido no fuese el único recurso, sino el último, en una situación de dificultad. Gracias a la reforma, no se echaba a los trabajadores, sino que se reducía la jornada, etcétera. Se ha disminuido el número de despidos en el sector privado, mayoritariamente, y cambiamos las condiciones de trabajo. También tuvo que ver con esto que descapitalizamos el tejido productivo».

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado públicamente su preocupación por que se endurezcan las condiciones y aumenten los costes de los despidos. Espera que no ocurra porque la situación actual «está aceptada por la sociedad». Y ha resaltado en más de una ocasión que el momento actual de ralentización no es el adecuado para que las empresas afronten más gastos.

Y se debe recordar que el salario mínimo ya se ha subido nuevamente. Por lo que encarecer el despido sería un doble castigo para las compañías y un nuevo desincentivo a la contratación. Desde Cepyme, en la misma línea que Garamendi, afirman que hay que «tener en cuenta, por un lado, que estamos en una fase de desaceleración gradual de la actividad económica, por lo que una pérdida de competitividad podría acelerar esa ralentización de la economía. Por otro lado, como consecuencia del menor crecimiento del PIB previsto para 2020, la creación de empleo también será inferior a la de 2019 y todavía tenemos una tasa de paro elevada, algo inferior al 14% en el cuarto trimestre de 2019. En cuanto a la repercusión en los costes salariales, debemos tener presente que la subida del SMI puede comportar mayores demandas de incrementos salariales al elevarse el suelo a partir del cual se negocia en los convenios colectivos. Además, un aumento del SMI determina el incremento de la base mínima de cotización y, por consiguiente, de la cuota empresarial a la Seguridad Social, que ya se encuentra claramente por encima de la que se paga en el resto de las principales economías europeas».

Conociendo este contexto, añaden, «resulta evidente que el mercado laboral no necesita medidas que frenen la creación de empleo, especialmente entre los trabajadores de menor cualificación, sino medidas que lo dinamicen. Al fin y al cabo, quienes crean empleo son las empresas y éstas no necesitan obstáculos, ni sobrecostes que dificulten su día a día, sino medidas que incentiven y favorezcan la generación de actividad económica».

En definitiva, el endurecimiento y encarecimiento del despido podría ser una medida que diese la puntilla a la creación de empleo, que ya se encuentra en decadencia. Eso se deducía de la Encuesta de Población Activa publicada el pasado martes. En 2019 se formaron 402.300 puestos de trabajo, el menor número desde 2013.

No solo se ha contratado menos, sino que se ha echado a más gente. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo sobre despidos colectivos (ERE) lo dejan bien claro. En los 10 primeros meses del año pasado 604 empresas han ejecutado este tipo de liquidaciones de empleo, afectando a 24.437 trabajadores, un 50% más que durante el mismo periodo de 2018. Por lo tanto, es previsible que cuando se cierre 2019 la cifra de despidos colectivos se acerque a la registrada en 2014. Es decir, estamos regresando a los años de la crisis.

La contrarreforma laboral es una de las causas de que los datos negativos se disparen. El caso de los ERE está bastante relacionado con la política del nuevo Gobierno. En la legislación de 2012 se dictaminó que una empresa ya no necesitará la autorización del Ministerio de Trabajo para llevar a cabo un despido colectivo. Previsiblemente, Yolanda Díaz recupere la necesidad del permiso. De ahí que muchas compañías que necesitan ajustar la plantilla hayan adelantado la ejecución de los ERE antes de que se apruebe la contrarreforma laboral.

REFORMA 2010. Una contrarreforma que irá más allá de derogar la normativa de 2012. También modificarán algunos puntos de la impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cosa curiosa teniendo en cuenta que el Ejecutivo actual es mayoritariamente de la misma formación.

Han sido los sindicatos los que han pedido que se revise la reforma de 2010 porque encuentran algunos aspectos que consideran lesivos para los trabajadores. Mari Cruz Vicente los detalla: «Se abrió la puerta en algunas materias a lo que fue después la reforma de 2012, con medidas que afectaron a algunas cuestiones como la flexibilidad impuesta, estableciendo por ejemplo el porcentaje de un 10% de la jornada susceptible de distribución irregular sin necesidad de acuerdo con la Representación Legal de los Trabajdores (RLT), o la introducción de las comisiones ad hoc para actuar tanto en las inaplicaciones de los convenios como en la negociación de los ERE».

REGRESO AL PASADO. La contrarreforma de las legislaciones de 2010 y 2012 causa un temor, que se regrese a las deficiencias que el mercado laboral español sufría justo cuando estalló la crisis. Algunos defectos, incluso, se mantienen a pesar de los esfuerzos realizados por los anteriores gobiernos, pero se podrían agravar ahora si la derogación es excesiva.

Por ejemplo, la fuente vinculada al Ejecutivo de Rajoy afirma que «España tiene un problema de falta de educación de sus trabajadores. Para solucionar, en 2012 reconocimos, por primera vez, el derecho a la formación de los empleados. Pero sigue siendo un reto por el que luchar en el futuro porque necesitamos perfiles más técnicos, más concretos. Y también debemos reciclar a gente que es muy difícil emplear, sobre todo a los que vinieron de la construcción cuando la crisis y no han encontrado una alternativa».

Aunque no ha salido a la luz que este punto sea uno de los que Díaz pretende derogar, la primera intención de Podemos de eliminar al completo la reforma de 2012 enciende las alarmas. Tanto como con el resto de puntos que prometen un aumento de los costes. Ya se ha comentado que las empresas españoles asumen más gastos que la media europea, y la contrarreforma podría incrementarlos aún más. Mientras, Cepyme pide lo opuesto: «Es necesario reducir las cotizaciones sociales que soportan las empresas, especialmente las pymes y que suponen un importante obstáculo para la creación de empleo».

También preocupa que la contrarreforma recupere la rigidez que, según las empresas, ha imperado en el mercado laboral español siempre. Sin embargo, los sindicatos opinan lo contrario. La secretaria de Accion Social de CCOO mantiene que «el trabajo en nuestro país no puede considerarse rígido bajo ningún concepto. No lo era antes de las reformas de 2010 y de 2012. No se puede confundir rigidez con desregulación, que es a lo que ha conllevado especialmente la reforma de 2012».

Esta no es la percepción mayoritaria. De hecho, si alguna virtud se le reconoce al Gobierno de Mariano Rajoy fue la de quitarle el peso de la rigidez al mercado laboral. Algo por lo que algunos aspectos del modelo que se aplicó hace ocho años han sido imitados en otros países europeos. Eso sí, no hay que ser conformistas y, desde Cepyme, reclaman que «se avance aún más en materia de flexibilidad». Como se denota de estos últimos párrafos, los sindicatos y las empresas viven en dos mundos distintos. Así que el consenso que quiere la nueva ministra de Trabajo será difícil de alcanzar. ¿Se hará la contrarreforma a base de decretazos?