Las tasas Google y Tobin entrarán en vigor con los nuevos Presupuestos en 2021

Con estos dos gravámenes, el Gobierno pretende recaudar casi 1.000 millones de euros

El Pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva los proyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales -las conocidas como tasas Tobin y Google-, de forma que ambos tributos finalizaron su tramitación parlamentaria y entrarán en vigor en 2021 con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La mayoría de las formaciones han apoyado estos gravámenes, que entrarán en vigor a partir de enero, ya que deben pasar tres meses desde su publicación en el BOE y ser negociados antes con las haciendas forales vasca y navarra para ver el reparto de la liquidación de las tasas. Como la liquidación del impuesto es trimestral, la primera recaudación en principio sería en marzo de 2021. Sin embargo, casi todas las formaciones han dudado de que puedan cumplirse los objetivos de recaudación previstos, que en el caso del impuesto digital se rebajó de los 1.200 millones de euros iniciales a unos 968 millones estimados antes de la pandemia, y en el del impuesto financiero se prevé en cerca de 850 millones de euros anuales. La ministra de Hacienda ha elogiado que el Senado haya aprobado definitivamente ambas tasas, que “adaptan la fiscalidad de España al siglo XXI sobre determinadas áreas económicas” que estaban generando una asimetría con respecto a la fiscalidad tradicional.

Ambas tasas son dos figuras fiscales impulsadas por el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos que, al ser de nueva creación, han requerido su tramitación con sus correspondientes proyectos de ley de forma separada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Durante su tramitación en el Senado, ambos proyectos han seguido su curso sin haber sido incorporada ninguna enmienda, manteniéndose el mismo texto enviado por el Congreso, por lo que la tramitación de ambas iniciativas culmina de forma definitiva con la votación de hoy. De esta forma, finaliza un proceso parlamentario iniciado el pasado 18 de febrero con la aprobación de los proyectos por parte del Consejo de Ministros, para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados, donde fueron aprobados el 30 de julio.

Con la tasa Tobin, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Por su parte, la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá “carácter transitorio” hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.

Con la aprobación de estas dos figuras impositivas, el Ejecutivo contará con dos nuevas herramientas en el capítulo de ingresos del proyecto de Presupuestos de 2021 que está ultimando para su presentación en el Congreso en las próximas semanas. Este proyecto de cuentas públicas incluirá ya la estimación de lo que Hacienda cree que recaudará el próximo año con estos nuevos tributos, cantidades que podrían ser inferiores a sus cálculos iniciales debido a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea se está planteando que las recaudaciones de ambos impuestos puedan repercutir en el presupuesto comunitario y no en los presupuestos nacionales.