Funcionarios

Los inspectores de Trabajo irán a la huelga mientras Hacienda no confirme la oferta de Díaz

Trabajo propone seis millones en incentivos, 200 interinos y un plan a largo plazo, pero los sindicatos aún piden mejoras sustanciales

Las ministras Yolanda Díaz y María Jesús Montero (d) durante la reunión de la mesa de diálogo social para el plan de recuperación
Las ministras Yolanda Díaz y María Jesús Montero (d) durante la reunión de la mesa de diálogo social para el plan de recuperaciónEmilio Naranjo/EFE Emilio NaranjoAgencia EFE

Todos pendientes de Hacienda. De esta simple cuestión depende la primera huelga de funcionarios en la «era Sánchez». El reloj del primer paro en la historia de la Inspección de Trabajo no detiene por tanto su cuenta atrás. De momento, la oferta presentada por el Ministerio de Trabajo «va por buen camino», pero está «lejos de poder ser ratificada». ¿Cuál es la razón? Pues que «si lo que nos han ofrecido no lo firma el Ministerio de Hacienda, todo es papel mojado y seguiríamos con la huelga», explicaron a LA RAZÓN fuentes sindicales. El borrador entregado por Trabajo «da cobertura a muchas de la peticiones que hemos hecho, pero Hacienda tiene la última palabra, por tanto, no se desconvoca ninguna movilización», explicaron desde CSIF. Mañana mismo comienzan las concentraciones frente al Ministerio de Yolanda Díaz y ante todas sus delegaciones provinciales, y la fecha del 30 de marzo para el inicio de los paros «no ha cambiado».

Entre las concesiones principales que los negociadores de Díaz han ofrecido a los inspectores se encuentran tres principales: incluir seis millones de euros extra en productividad durante este año; la incorporación de 200 interinos de refuerzo de la plantilla y la implementación inmediata del plan estratégico de este organismo autónomo.

Sobre la primera cuestión, fuentes sindicales han criticado que únicamente se ofrezca dinero por productividad de «manera puntual», en vez de establecerse de forma definitiva. Sobre la incorporación de un grupo de refuerzo estiman que es un «parche», ya que aumenta la temporalidad y no dota de «continuidad y tranquilidad a la plantilla». Y sobre el plan estratégico, exigen que «no se espere más» y que se demuestre «de verdad, que tenemos la importancia que dice la ministra que tenemos en sus declaraciones».

Díaz, reconocía el pasado 1 de marzo la labor de la Inspección de Trabajo como una «piedra angular del sistema democrático y de su encarnación en el mundo del trabajo». Lo hizo durante la clausura de la jornada de conmemoración del 116 aniversario del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss) ante todos sus representantes sindicales. Y lo hizo sin pestañear, con sus trabajadores ya en pie de guerra y con una amenaza latente de huelga, que se materializó apenas un semana después.

Los sindicatos convocaron oficialmente concentraciones de protesta para el próximo 22 de marzo y una primera jornada de huelga el día 30 para toda la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La razón: la ausencia de nuevos recursos, la falta de personal y el «flagrante incumplimiento de las promesas», denunciaron la práctica totalidad de los sindicatos. En un comunicado conjunto, las ocho organizaciones (CC OO, CIG, CSIF, Fesess, Sindicato Inspectores Trabajo, Sislass, UGT y UPIT) denunciaron que la Inspección de Trabajo «sufre una acumulación de déficit que colocan su actividad al borde del fracaso». Estas organizaciones cargaron especialmente contra Yolanda Díaz, porque «tras ocho meses de espera, solo se ha concretado el incumplimiento del Gobierno del acuerdo adoptado el pasado 7 de julio, que recogía una serie de medidas fundamentales. Se carece de la plantilla necesaria, se carece de los recursos técnicos y materiales fundamentales», incidieron. Desde CSIF incidieron ayer en que “todas las movilizaciones se mantienen porque tenemos solo promesas”.

Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN «que Trabajo ya ha hecho lo que tenía que hacer, pero ahora es Hacienda y Función Pública quienes deben ratificarlo». Los secretarios de Estado de Trabajo y de Función Pública se reunieron el pasado 25 de febrero para abordar este asunto, pero no lograron cerrar ningún acercamiento real. Desde la trinchera de Yolanda Díaz plantearon que muchas reivindicaciones de la Inspección –como la necesidad de reforzar la plantilla– son «justas» y «viables», pero Hacienda no lo ve tan claro, en pleno retroceso económico por culpa de la inflación, la subida de costes y la guerra de Ucrania. Ahora deben hacer cuentas.