Consumo multa con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Consumo ha multado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

Según ha anunciado el departamento que dirige Pablo Bustinduy la resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

Las infracciones de la normativa de consumo, que han sido identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución, han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, "incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa".

Por todo ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.

Por su parte, Airbnb considera que esta sanción es "contraria al marco legal español y europeo" y, por tanto, la recurrirá.

Incumplimiento de los contratos celebrados a distancia

El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros. Pese a ello, Airbnb asegura que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración el 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación. En este sentido, más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma.

Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor (para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente), una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

Expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias

Asimismo, el Ministerio ha recordado que mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, "uno de los principales problemas del país", según ha declarado.

"Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha manifestado el ministro, y ha subrayado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".