Consumo abre expediente sancionador a Airbnb por alquilar miles de pisos turísticos con publicidad ilícita

La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionadora Airbnb tras advertir a la misma de la necesidad de retirar "de forma inminente" miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita y haber sido mantenidos por la misma, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y agenda 2030.

El incoamiento de esta dirección general abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

La investigación de Consumo comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a Airbnb en la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Ahora, meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a la plataforma por no dar solución al problema detectado. Según el precepto legal, las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, desde la Dirección General de Consumo se recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.

Lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores

Consumo ha explicado que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria, añade el ministerio.

Tras anunciarse el expediente, desde Airbnb han asegurado a través de un comunicado estar "profundamente en desacuerdo con esta decisión" y han anunciado que la apelarán.

La plataforma ha asegurado que siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma. Según Airbnb, Consumo "ha eludido los procesos legales y ha proporcionado un listado de anuncios desarrollado utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)". Asimismo, añade, Consumo "no sólo se extralimita -ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos- también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que Airbnb no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas que Airbnb cumple plenamente".

De esta forma, desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda y, concretamente, en el de los alojamientos turísticos. La semana pasada, el ministerio anunció públicamente una investigación de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La citada investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como serían obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.

“Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha asegurado el ministro, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.