Consumo ordena a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Consumo intensifica su ofensiva contra los pisos turísticos. El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha ordenado a la plataforma de alquiler turístico Airbnb la retirada inmediata de 65.935 anuncios que califica de "ilegales" por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos. "Detrás de estos 65.000 anuncios antes había viviendas donde residían familias, trabajadores, estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios y que ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión y grandes empresas", ha denunciado el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios.

En concreto, Consumo considera que esos casi 66.000 anuncios vulneran la normativa al no incluir el número de licencia o registro -algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción más común; no indicar a naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, lo cual es fundamental para determinar si el contratante está protegido como consumidor; o no incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los consumidores.

Consumo lleva meses requiriendo en el bloqueo de estos anuncios. El Ministerio indica en un comunicado que en los últimos meses ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.

Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJ insta a Airbnb a retirar de manera inmediata una primera tanda de 5.800 anuncios de pisos turísticos ubicados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.

"Esto es un claro aval a la acción de este Ministerio en defensa de los derechos de los consumidores", ha subrayado Bustinduy. El titular de Consumo considera que esta resolución "es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda" y también corrobora que "cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones y demuestran que por supuesto que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda y que ninguna empresa por grande o poderosa que sea se coloque por encima de la ley".

La ofensiva de Consumo contra Airbnb empezó en junio de 2024, cuando le requirió información, además de a otras plataformas, sobre las viviendas anunciadas en su web. A esta petición de información se sumó un requerimiento de cese enviado a Airbnb en la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Tras comprobar que los anuncios no habían sido retirado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió el pasado diciembre de 2024 un expediente sancionador contra la plataforma. Asimismo. en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.

"Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas", apunta Consumo. Según el precepto legal, las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. La asociación de consumidores Facua ha celebrado la decisión de Consumo y precisamente espera que esto desemboque en una sanción "contundente" para la plataforma.

Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. Por ello, Consumo está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin "a los miles de anuncios ilícitos detectados".

"Cualquier administración que tenga voluntad política para actuar y poner orden en el descontrol de los pisos turísticos ilegales contará con la cooperación, con las herramientas y los recursos del Ministerio de Consumo", ha asegurado el ministro. "Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Deben actuar (los ayuntamientos y las comunidades autónomas). No hay excusas para no actuar. Exijan la retirada de los anuncios turísticos ilegales, pongan en marcha los mecanismos de inspección, de sanción y de cierre de los pisos turísticos ilegales y, sobre todo, apliquen la Ley de Vivienda para bajar los alquileres a las familias trabajadoras del país", ha concluido.