El Congreso apunta a Fernández Ordoñez por la crisis bancaria

Podemos pide llevar a la Fiscalía el informe aprobado por el Pleno sobre la burbuja de crédito e inmobiliaria

El Congreso de los Diputados convalidó ayer con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, las conclusiones aprobadas por la comisión de investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. El dictamen responsabiliza a reguladores, supervisores y entidades de la inacción para frenar la burbuja de crédito e inmobiliaria. Todos los grupos coincidieron en que se vendieron productos bancarios indebidos y que hubo falta de vigilancia tanto por el Banco de España como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque en el dictamen no se habla de la politización de las cajas como una de las causas de la crisis, motivo por el cual elgrupo parlamentario deCiudadanos no avaló el informe, al considerar que se exculpa a las mismas.

De esta manera, el Congreso reprueba la gestión realizada por el Banco de España, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el resto de organismos de supervisión, pues considera que «no hicieron frente a sus obligaciones» para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria. Así, considera que «había herramientas disponibles» para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas «no se usaron por falta de voluntad política». Respecto a su gestión sobre las preferentes, el dictamen señala que el Banco de España «no impidió» su venta pese a que «ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales», y en sus conclusiones señala que el supervisor, «en lugar de solucionar los problemas del sistema bancario, miró hacia otro lado y contribuyó a ocultarlos».

El dictamen se ha aprobado pese a que los letrados del Congreso aconsejaron modificar la redacción para evitar que sea impugnado judicialmente, puesto que atribuye al Banco de España una «grave irregularidad» en las cuentas de 2010 de las cajas que crearon Bankia ya que la institución permitió a estas entidades contabilizar un deterioro de 7.619 millones contra reservas –como se hizo en todas las fusiones frías– y no contra la cuenta de resultados. Los letrados del Congreso aconsejaron cambiar el dictamen puesto que esa acusación no respeta la jurisprudencia constitucional.

Los abogados del Congreso solicitaron también una redacción alternativa para evitar la impugnación judicial del dictamen ante la conclusión relativa a la venta de preferentes, que se hizo incumpliendo la normativa de protección al consumidor «bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron para otro lado».

Tras la aprobación por el Pleno el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidió elevar a la Fiscalía este documento para que se depuren las responsabilidades pertinentes.