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PSOE y Podemos registran la proposición de ley para amordazar al Senado

La proposición de ley acordada por el PSOE y Unidos Podemos para impedir que el Senado pueda vetar la senda del déficit se ha registrado este viernes en el Congreso.

Pablo Iglesias con Pedro Sánchez/Foto: Alberto R. Roldán
Pablo Iglesias con Pedro Sánchez/Foto: Alberto R. Roldán

PSOE y Unidos Podemos han registrado en el Congreso al proposición de ley para sustraer a la Cámara Alta su competencia sobre los objetivos de déficit para el próximo año. SE suman ERC y Compromís.

La proposición de ley acordada por el PSOE y Unidos Podemos para impedir que el Senado pueda vetar la senda del déficit se ha registrado este viernes en el Congreso añadiendo también la firma del grupo de Esquerra Republicana (ERC) y de los diputados de Compromís.

Una vez registrada, la iniciativa legislativa deberá ser calificada por la Mesa del Senado, lo que se calcula para la primera semana septiembre, y, a partir de ahí, se enviará al Gobierno para que dé su conformidad a la tramitación, para lo cual el Ejecutivo tiene un plazo de un mes que, presumiblemente, no agotará.

Los cuatro grupos firmantes ya han planteado que la tramitación de esta proposición de Ley se haga por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos de enmiendas a la mitad, y por lectura única, lo que implica que no pase ni por ponencia ni por comisión, sino que toda su tramitación se solvente en una sesión plenaria.

Ni voz ni voto

los 265 senadores que conforman la Cámara Alta no tendrán ni voz ni voto sobre el techo de gasto y los objetivos de déficit para el próximo año, a pesar de que así está contemplado en la legislación actual. La Ley de Estabilidad Presupuestaria les concede, en su artículo 15, la potestad de aprobar o rechazar la senda de gasto una vez ésta recibe luz verde en el Congreso. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos en la noche del miércoles sustraerá –cuando se haga efectivo– al Senado esta capacidad de veto. El PP, que actualmente cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara, anunció ayer que llevará este acuerdo al Tribunal Constitucional al considerarlo como una «regresión democrática que limita la capacidad del Parlamento».

El avance en las negociaciones con Podemos ha llevado al Gobierno a alterar su hoja de ruta: debía aprobar hoy en Consejo de Ministros la senda de estabilidad que el Congreso tumbó el pasado 27 de julio, pero ha decidido aplazar este trámite por el momento. Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a este diario que este aplazamiento tiene como objetivo ganar tiempo hasta que se clarifique cómo articular el cambio en la ley de estabilidad pactado con Podemos para acabar con la capacidad de veto del Senado. La ley de estabilidad prevé que, en caso de rechazo a los objetivos de déficit y deuda en el Congreso o en el Senado, el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en el plazo de un mes. Es decir, en teoría debería aprobarse antes del próximo lunes 27 de agosto, algo que no va a suceder salvo sorpresa.

Todos los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura –fundamentalmente el PSOE, Podemos, PNV, PDeCAT y ERC– coincidían desde hace semanas en la necesidad de retirar al Senado este poder de bloqueo. De hecho, reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar este artículo o reformularlo para no tener que enviar el techo de gasto al Senado se había convertido en uno de los pocos puntos en común entre esta amalgama de formaciones de cara a la negociación de los objetivos de déficit para 2019 y la posterior elaboración de los Presupuestos Generales.

Sin plazos ni solución definida

Tal y como ayer adelantó LA RAZÓN, el primero de los acuerdos en estas conversaciones pasaría ineludiblemente por eliminar de la ecuación el trámite del Senado. Y en la primera de estas reuniones entre el Ejecutivo y Podemos, ambas partes así lo concretaron junto a pequeños avances en cuestiones no vinculadas directamente con el techo de gasto como el aumento de los permisos de paternidad, la eliminación del copago farmacéutico y la aprobación de una paga única para actualizar las pensiones al IPC. Pese a que tanto el PSOE como Unidos Podemos coincidían en esta cuestión, la formación morada celebró el acuerdo como un triunfo propio. Su número dos y secretario de Organización, Pablo Echenique, aseguró haber «arrancado» este compromiso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La importancia que se concede a este acuerdo en Podemos es tal que ayer el propio Echenique renunció a conseguir otras demandas exigidas al Gobierno como la renegociación de déficit con Bruselas o la derogación de la ley de estabilidad. Pese a ello, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, avisó a sus socios de que antes de reformar la ley de estabilidad es necesario «pactar» la senda de gasto.

Fuentes del Ministerio insistían ayer en que actualmente están estudiando la fórmula jurídica en la que poder plasmar este acuerdo con Podemos. Sobre los plazos a seguir, Hacienda tampoco adelantó posibles fechas para su tramitación. Desde Podemos sí avanzaron que, dentro de las discusiones jurídicas mantenidas en las últimas horas, se han barajado dos opciones: retirar al Senado su capacidad de veto mediante un decreto ley –es la vía para que entre en vigor de un modo más rápido, debe partir del Gobierno y ser convalidado por el Congreso– o la proposición de ley –que deberá ser una Ley Orgánica al reformar otra Ley Orgánica y su iniciativa ha de partir de los grupos parlamentarios–.

El gran damnificado por el acuerdo entre el Gobierno y Podemos es el Partido Popular. La mayoría absoluta que mantuvo en el Senado en las elecciones de 2016 constituyen un contrapeso al Ejecutivo, necesario, por ejemplo, para la aprobación del artículo 155. Ahora, con la reforma, el PP se verá despojado de la capacidad para tumbar la política económica del Gobierno.

¿Y si esto lo hiciera Trump?

El presidente del PP, Pablo Casado, acusó ayer al presidente Sánchez de «cargarse el reparto de poderes» e instó al Gobierno a preguntarse por cómo hubiera reaccionado si la decisión de despojar de una de sus competencias al Senado se hubiera tomado en otro país: «¿Qué diría Sánchez si esto lo propone Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Turquía?». Durante la visita que realizó ayer a Menorca, Casado lamentó que Sánchez deje su Gobierno «en manos de Podemos» y recordó que algunos de los dirigentes morados han asesorado a países como Venezuela, en el que, afirmó, «si no les gusta la mayoría, disuelven la Cámara y crean otra paralela». Y añadió: «Quieren cargarse el reparto de poderes en España. Quieren vulnerar la base democrática de contrapesos entre el poder ejecutivo y el legislativo». El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se manifestó en estos mismos términos y avanzó su intención de utilizar su capacidad jurídica ante el Constitucional.

El secretario general del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, tachó el acuerdo entre Hacienda y Podemos como «un atentado» a la democracia: «Si el señor Sánchez no está cómodo con las mayorías en el Congreso y en el Senado, lo que tiene que hacer es convocar elecciones».

Una «mayoría espuria»

Tras acordar con el Gobierno esta medida, Echenique lo celebró porque elimina «la última palanca de poder del PP y de Casado». A juicio del dirigente de Podemos, la mayoría del PP en el Senado es espuria. Pero, ¿por qué los populares tienen esta representación mayoritaria en la Cámara Alta? La explicación se encuentra en lo que sucedió en las elecciones generales de 2016. En esos comicios, los candidatos del PP al Senado «barrieron» a sus rivales: logró 127 de los 208 puestos de senadores electos. De los 57 asientos por designación, el PP tiene 20. En total, el partido de Casado tiene 147 de los 265 escaños de esta Cámara.