El Gobierno subirá un 2% las pensiones más bajas en 2013

Mandan Bruselas, el déficit, la delicada situación del sistema público de pensiones y la caída de los ingresos. El Gobierno confirmó ayer que la realidad se impone sobre sus deseos y sus compromisos, ya que la situación económica no permite cumplir la ley que regula la actualización de pensiones y obliga a ajustarlas en función de la evolución del IPC. El dato de este indicador adelantado a noviembre lo sitúa en el 2,9%. Y la actualización de las pensiones, tomándolo como referencia, hubiera tenido un coste de 3.800 millones de euros.

Las pensiones subieron un 1% en 2012, por lo que la desviación del IPC supondría un desembolso adicional del 1,9% para llegar al 2,9% de inflación acumulada a noviembre. El ahorro en pensiones no contributivas por la no compensación de la desviación en el IPC se estima en 3.740,66 millones, otros 82,22 millones en las no contributivas y 33,60 millones en las prestaciones familiares, según detallaron a este diario fuentes de la Seguridad Social.

Subida dispar en 2013

La decisión final del Gobierno es que en 2013 suban un 1% las pensiones mensuales superiores a los mil euros y un 2%, el resto, la mayoría, por cierto. Según los datos oficiales, de ese incremento del 2% se beneficiarán 6,6 millones de pensionistas, más del 70% del total. El coste de esta medida es de 1.513 millones.

En su conjunto, los jubilados perderán poder adquisitivo. Pero el Ejecutivo ha querido hacer un esfuerzo con las rentas más bajas, en lo que dice que es un gesto con el que ratificar «su compromiso con los pensionistas», aunque la situación de «grave crisis» le obligue a revisar sus compromisos electorales. Las pensiones y los intereses de la deuda son las únicas dos partidas que crecen en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

Que la compensación no llegue al nivel del IPC supone un importante ahorro para las arcas de la Seguridad Social. Y, sobre todo, evita tener que hacerle otro agujero a la «hucha de las pensiones», que a finales de 2011 contaba con 66.000 millones de euros. El pasado mes de septiembre, el Gobierno ya acordó sacar más de 3.060 millones para pagar pensiones. Y, antes, en julio, echó mano de otros 4.680 millones procedentes del superávit de las mutuas de trabajo para hacer frente a la paga extra de verano a la que tienen derecho los pensionistas.

Más allá de los compromisos con el déficit, y de los malos ojos con que en Bruselas se veía una medida de gasto, por sensible que fuera, cuando España está a punto de pasar el examen del procedimiento de corrección de déficit excesivo, la clave más importante para explicar esta decisión es la preocupación del Gobierno por la falta de liquidez en el sistema.

Según explicó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la crisis se ha llevado por delante casi tres millones de cotizantes, a lo que hay que sumar los aplazamientos de las empresas.

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció también una modificación en el citado Fondo de Reserva de la Seguridad Social para eliminar temporalmente el tope de dinero que se puede sacar de él anualmente y utilizarlo para afrontar las pagas de diciembre de los pensionistas. En concreto, utilizará 3.530 millones de euros para afrontar el pago habitual de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad, que suponen entre ambas un desembolso de 15.000 millones de euros. Hasta ahora, la Ley permitía disponer de un máximo del 3 por ciento cada año, un porcentaje que ya se ha cubierto en 2012.

Estos mensajes pueden trasladar a la opinión pública la imagen de colapso del sistema público de pensiones, algo que el Gobierno intentó ayer combatir.

«El sistema de pensiones seguirá atendiendo puntualmente todos los compromisos», sostuvo la ministra de Empleo. Abundando en esa línea, afirmó que aunque la crisis económica está afectando a los ingresos del sistema, éste tiene capacidad de respuesta e «indudables fortalezas». «Aunque haya que trabajar todos los días para garantizar sus ingresos y su sostenibilidad», precisó.

Entre la batería de medidas, el Gobierno también autorizó ayer ampliar en 4.295 millones de euros el crédito con el Ministerio de Hacienda para pagar las prestaciones por desempleo.