Alemania pone en cuarentena la compra de deuda del BCE

El Tribunal Constitucional alemán remite al de Justicia de la UE sus dudas sobre la legalidad del programa de compras de deuda soberana iniciado en marzo de 2015 para estimular la economía de la eurozona. Desde entonces, ha «gastado» 1,7 billones de euros.

Poco le han durado las vacaciones a Mario Draghi. No ha pasado ni un mes desde que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) anunciara la eliminación de forma gradual de la política monetaria ultraflexible de la entidad. Y apuntó al otoño próximo. Pero en Alemania la paciencia se les ha agotado antes. El Tribunal Constitucional (TC) germano anunció ayer que ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus dudas sobre la legalidad del programa de compra de deuda del BCE y solicitó a la máxima corte europea la toma de una decisión. Sobre la mesa, el programa de compra de activos de 2,3 billones de euros puesto en marcha por la entidad monetaria.

Un programa y una cifra que llevan meses envueltos en la polémica en Alemania y que, aunque han alejado los temores de deflación de la zona euro al mismo tiempo que han oxigenado su economía, han disparado asimismo los rendimientos de los bonos públicos europeos.

El Constitucional subrayó en su comunicado que hay varios motivos de peso que permiten afirmar que las decisiones que fundamentan el programa de compra de deuda violan la prohibición de financiación pública por parte del BCE, van más allá del mandato del banco central en materia de política monetaria y, por lo tanto, se extiende a las competencias propias de los estados miembros.

En primer lugar, el TC alemán «duda» de que el programa del BCE «esté en consonancia» con su propio reglamento, al considerar que comprando deuda soberana se está financiando de forma encubierta a los países afectados, algo que el BCE tiene expresamente prohibido.

En segundo, la más alta instancia judicial alemana cree que el plan Draghi va más allá de sus atribuciones, que están limitadas a la política monetaria: el programa «podría no estar cubierto por el mandato del BCE».

Salvar el Bundesbank

La tarea de la entidad es el control de la inflación, para lo que tiene como herramienta principal la gestión de los tipos de interés, mientras que este plan, a juicio del TC, se enmarca, por sus «efectos», dentro de la política económica, área de competencia exclusiva de los estados. Además, el Constitucional advierte de que Alemania está asumiendo «riesgos» con este programa, pues perdería dinero –en la proporción que le corresponde dentro del BCE como mayor economía de la eurozona– si el plan Draghi acaba arrojando pérdidas. Las pérdidas del Bundesbank deberían ser enjugadas en último término con los presupuestos públicos, razona el TC, que subraya que esta cuestión financiera no ha sido aprobada por el Bundestag. Las demandas presentadas, agrega el TC, exigen que el Bundestag y el Gobierno alemán tomen medidas para impedir la participación del Bundesbank en este programa.

Si bien los comentarios del tribunal alemán representan un gran desafío legal a los esfuerzos del BCE por reactivar el crecimiento, se espera una decisión positiva para el banco central, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó uno de sus programas de compra de bonos en el pasado.

Sin embargo, podría limitar las opciones del banco con sede en Fráncfort para decidir si, y cómo, extender las compras de activos por un cuarto año. En concreto, el TC ha recibido tres recursos de inconstitucionalidad, y entre los demandantes se encuentran el economista Bernd Lucke, fundador y ex dirigente del partido ultraderechista Alternativa para Alemania y el ex parlamentario Peter Gauweiler, de la Unión Socialcristiana. Una de las atribuciones del TJUE es, como en este caso, resolver cuestiones de alcance europeo a petición de un tribunal nacional, que suspende la revisión del caso hasta obtener respuesta, con lo que se asegura una aplicación homogénea del derecho de la UE.

Los demandantes advirtieron también que con este esquema el Estado alemán y sus contribuyentes tienen que correr el riesgo de un eventual impago de otro país de la eurozona.

Una cuestión reincidente

El TJUE ya tuvo que resolver a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el TC alemán con respecto a los fondos de rescate que puso en marcha la UE a raíz de la crisis de la deuda, pues un sector político alemán se ha mostrado siempre decididamente en contra de las soluciones comunes a los problemas financieros en el sur de la eurozona.

Así, la decisión del Constitucional alemán sigue los pasos de la adoptada en 2014, cuando decidió someter al Tribunal de la UE la decisión acerca de la legitimidad del programa OMT del BCE de enero de 2012 (por el que la entidad podía adquirir bonos soberanos de manera ilimitada a cambio de reformas), cuyo sólo anuncio contribuyó a calmar las fuertes tensiones sobre el euro que hacían peligrar el proyecto de la Eurozona. Este plan nunca llegó, aunque el TJUE opinó que el programa era compatible con el mandato del BCE.

En el verano de 2012, el euro atravesó por su peor crisis desde su fundación en el año 1999. Los rescates de Grecia, primero; Irlanda, después, y Portugal finalmente, pusieron contra las cuerdas el futuro de la moneda única. Hasta tal extremo que la prima de riesgo de España llegó a alcanzar su máximo histórico el 25 de julio al tocar en la sesión los 639 puntos básicos, con el bono a diez años por rozando el 7,5%. La palabras de Draghi, un día después en Londres, calmaron el mercado.