La Audiencia juzgará las leyes contrarias al mercado único

MADRID- La Ley de Unidad de Mercado pasó ayer su último trámite en el Consejo de Ministros antes de ser enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, un procedimiento que se realizará con carácter de urgencia. Este proyecto dirigido a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, limitando la burocracia autonómica que complica la vida a la actividad empresarial, mantiene la oposición de Cataluña y Andalucía.

Según detalló ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, son las dos comunidades que sostienen objeciones que han sido contestadas por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. Este último organismo presentó un «informe limpio» sobre la ley y, respecto a la comunidad que preside Artur Mas, fuentes de Economía aseguraron ayer que ésta ha presentado un documento «amplio», que en la práctica es una «enmienda a la totalidad» de la norma. Andalucía, por su parte, argumentó en su rechazo a la nueva legislación que podría atentar contra la protección de los usuarios.

Para resolver los conflictos de libre mercado, la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) estará legitimada para recurrir en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional cualquier acto que vulnere la ley. La admisión a trámite de ese recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos y los operadores podrán solicitar directamente a la CNMC que actúe contra decisiones contrarias a la norma que les afecten. Este es uno de los aspectos en los que Cataluña ha mostrado una mayor oposición.

Pese a las objeciones autonómicas, la ley para garantizar la licencia única y que se puedan comercializar los productos en todo el país sigue su camino bajo el amparo del modelo europeo. Bruselas viene reclamando con insistencia que se legisle en esta dirección. Y tomando también el modelo de la UE, una vez que se apruebe, los productores y prestadores de servicios tendrán que pedir una sola licencia en una comunidad y con este requisito ya podrán comercializar sus productos y realizar su actividad en todo el país.

Al mismo tiempo, la ley limita la injerencia de las administraciones públicas, reduciendo los supuestos en los que pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas y prohibiendo la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.

El Gobierno ha detectado cerca de 6.000 normas (de las cuales 1.700 son del Estado y el resto, autonómicas o locales) en 27 sectores económicos con un costoso impacto sobre la economía. Según anunció Guindos, estudiarán este entramado normativo para buscar la manera más efectiva de simplificarlas, y el objetivo reside en que entre en «vigor lo antes posible», detallan desde Economía. En la actualidad hay empresas que se ven obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o pedir hasta 17 licencias para ofrecer un determinado servicio. Con el principio del «pasaporte único» se eliminarán estos costes extraordinarios, lo que favorecerá especialmente a las pequeñas empresas, que tienen más dificultades presupuestarias y menos recursos que las grandes para hacer frente a la fragmentación normativa.

Los cálculos del Gobierno elevan a 1.500 millones de euros al año en un periodo de 10 años, es decir, 1,52 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB), la aportación de esta reforma al erario público. El Consejo de Unidad de Mercado, que será presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encargará de supervisar la implementación de la ley y de elaborar un informe anual con las normas conflictivas.