La esposa de García declara que no sabía que la empresa tenía 5 millones en Luxemburgo

Florencia Maté, esposa del expresidente de Gowex, Jenaro García, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que hasta que no estalló el escándalo de la compañía de redes wifi no sabía que la empresa de la que era administradora única tenía cinco millones de euros en una cuenta bancaria de Luxemburgo, informaron fuentes jurídicas.

Maté, que ha declarado como imputada en la causa en la que se investiga el falseamiento de las cuentas de Gowex, ha apuntado que nunca conoció las actividades ilícitas reconocidas por su marido y que hasta que él no confesó en la Audiencia Nacional no supo que la empresa Arcole Venture, propiedad del matrimonio y de la que ella era administradora única, tenía un depósito con un saldo de cinco millones de euros.

La compareciente, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares, ha centrado su defensa en que hacía todo lo que le decía su marido y que, siguiendo sus directrices, firmó los documentos de constitución de la empresa y pidió a su asistenta, Guadalupe Esmeralda Almeida, que figurara como administradora de varias sociedades a cambio de una compensación de 300 euros.

Maté, consejera de Gowex y al mismo tiempo directora de Relaciones con los Inversores, también ha descargado en sus abogados la decisión de poner a disposición de la Audiencia Nacional los cinco millones que tenía la cuenta de Luxemburgo para abonar la fianza de 600.000 euros que le impuso el juez Pedraz.

En este sentido, ha indicado que realizó una transferencia por este importe después de la declaración de García y antes de que el juez Pedraz ordenara el bloqueo de esta cuenta, según fuentes jurídicas, que han apuntado que el juzgado no tiene por el momento constancia de esta operación. Además, una pequeña cantidad se destinó al pago de impuestos y de la comisión bancaria ligada a la transferencia. La mujer no pudo declarar el pasado día 17 porque se encontraba en Costa Rica.

Consejo mileurista

También ha comparecido como imputado el exconsejero de Gowex Ricardo Moreno Warleta, quien ha señalado que García lo reclutó porque necesitaba un "consejero independiente y un analista financiero"para preparar la entrada de la compañía en Bolsa, que se produjo en 2010.

El exdirectivo ha defendido que las cuentas y la auditoría de la compañía eran correctas y que nunca pensó que pudieran estar falseadas. Durante los dos años en los que permaneció en la compañía, ha asegurado que cobró un sueldo de 1.100 euros al mes aunque también le entregaron 50.000 'stock options' que nunca llegó a ejecutar, por lo que no obtuvo ningún beneficio de ellas. Dejó entonces la empresa porque Gowex era un grupo consolidado y su labor ya no resultaba necesaria.

Tanto Maté como Moreno continúan imputados por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera así como otro delito de uso de información relevante.

Un imputado se ofrece como administrador

Por otra parte, el exconsejero de Gowex Javier Solsona, que también se encuentra imputado en el procedimiento, ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 en el que pide ser administrador concursal hasta que el juzgado de Madrid que estudia el concurso nombre un administrador independiente. Pedraz ha pedido un informe sobre esta pretensión al fiscal Anticorrupción Antonio Romeral.

Además de Jenaro García, su esposa y los exconsejeros Moreno Warleta y Solsona, están imputados en esta causa otras siete personas. Se trata del exdirector financiero de Gowex y consejero Francisco Manuel Martínez Marugán; el auditor de M&A José Antonio Díaz Villanueva; y los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.

Fianzas pendientes

Pedraz dejó en libertad condicional a García y Martínez Marugán el pasado 14 de julio y les impuso sendas fianzas de 600.000 y 50.000 respectivamente. Fijó un plazo de 15 días para que depositaran estas cantidades en efectivo en su juzgado que se cumple este miércoles.

Por su parte, el auditor Díaz Villanueva también debe entregar la fianza impuesta por el juez, que sospecha que colaboró en la ocultación de los verdaderos resultados. La cantidad fijada en en este caso es de 200.000 euros, que debe entregar en los próximos días si quiere evitar su ingreso en prisión.