La troika reclama al Gobierno más impulso reformista tras el éxito del rescate bancario

La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) pidieron hoy a España que siga aplicando reformas y reduciendo su déficit público, además de reforzar sus políticas de empleo para reducir el paro y mejorar el funcionamiento del mercado laboral.

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI creen que las leyes antidesahucios como la andaluza y las normas de protección social ante los créditos bancarios deben ser estrechamente vigiladas por el Gobierno de España porque pueden afectar a la estabilidad financiera. El quinto y último informe de los inspectores europeos de la troika –formada por la CE, el BCE y el Fondo Monetario Internacional–, publicado ayer en Bruselas, resalta los resultados positivos logrados por las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy y los «brotes verdes» que están apareciendo en la economía al término de la aplicación del programa de asistencia a la banca, culminado el pasado 22 de enero.

En este sentido, destacan la estabilización de los mercados financieros –descenso de la prima de riesgo–, una circunstancia impulsada por las noticias económicas positivas que apuntan a la tímida recuperación española. «En este contexto, las condiciones de financiación de grandes sectores de la economía, incluidos los bancos, han mejorado, aunque las condiciones de financiación para las pymes siguen siendo onerosas», indica el informe de la troika.

El análisis de la banca, además, apunta a que la situación de solvencia de los bancos se ha mantenido «cómoda» después de la recapitalización de parte del sector bancario, la transferencia de activos al Sareb y que los resultados en general son «positivos». Sin embargo, los expertos llaman la atención sobre la necesidad de seguir las reformas, tanto en el ámbito financiero como en la consolidación fiscal, el mercado laboral y el de productos.

Nuevos desafíos

Esas necesidades detectadas «provienen de la condicionalidad impuesta por el Memorándum de Entendimiento, mientras que otras tienen que ver con desafíos que se han hecho más evidentes durante la implementación del programa».

En concreto, piden que se mantenga el control de los balances bancarios para poder tomar las «medidas correctivas» adecuadas si los test que el BCE llevará a cabo este año revelan necesidades de capital, a tiempo que reclaman la aprobación de la ley sobre servicios profesionales, continuar con las reformas en marcha sobre la Administración pública y la revisión del sistema tributario, que el Gobierno pretende modificar en febrero.

«Pese a los 'brotes verdes', los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos y los esfuerzos de recapitalización», señala el texto de Bruselas.

El informe de la troika también pide controlar que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración (Sareb) –el llamado «banco malo»– se deshaga a buen ritmo de su cartera de inmuebles, minimizando el coste para los contribuyentes.

Sin embargo, las principales preocupaciones de la troika parecen centrarse en las reglas desarrolladas por algunas comunidades autónomas como la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.

«Diferentes marcos legales en materia de vivienda a través de los niveles nacional y regional y la inseguridad jurídica sobre las normas que deben aplicarse podrían pesar sobre el valor de la garantía hipotecaria y la estabilidad de los mercados financieros», reza el informe.

Pero hay más: «Como se ha demostrado con algunas de las leyes regionales adoptadas el año pasado, que tenían como objetivo aliviar los problemas sociales relacionados con los desahucios, estas iniciativas a menudo crean inseguridad jurídica adicional y no ayudan a reactivar el mercado inmobiliario y la entrada de inversores, especialmente los extranjeros», añade el documento.

Asimismo, la troika considera que debe «reevaluarse cuidadosamente» la eficacia de medidas temporales que se han puesto en marcha respecto a la insolvencia personal (como condonaciones parciales de deuda), así como medidas para reforzar la protección de los consumidores (como topes en los tipos de interés de penalización).

Para no perder en ningún momento el control de la situación, ni repetir algunas situaciones como la de las preferentes, aconsejan también «identificar y mejorar el proceso de venta a clientes minoristas de cualquier instrumento no cubierto por el fondo de garantía de depósitos». «Ello implica mayor transparencia sobre las características de estos instrumentos y sus riesgos», insisten.