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Las 10 medidas que la OCDE «sugiere» a España

La Razón
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La OCDE sugiere a España una serie de medidas como priorizar el empleo, revisar la fiscalidad de las SICAV, eliminar la deducción por vivienda o suprimir el IVA reducido.

La OCDE considera que los cambios en España para activar la búsqueda de empleo van "en la dirección correcta", aunque su implantación en las autonomías es lenta debido al "enfoque pasivo"de los Servicios Públicos de Empleo, que han de mejorar en eficiencia para evitar que el elevado paro se enquiste.

El informe subraya "como reto económico más acuciante al que se enfrenta España en la actualidad"devolver a los desempleados al mercado laboral mejorando el funcionamiento de dicho mercado y reduciendo los impedimentos al crecimiento y a la demanda de empleo.

El informe valora la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada por el Gobierno, pero también resalta que las políticas activas del mercado de trabajo sólo son efectivas cuando se basan en la obligación mutua: los desempleados reciben una prestación y a cambio deben participar activamente en la búsqueda de empleo.

En España, dice, implantar un sistema de obligación mutua "resulta complicado", pues la activación es competencia de las comunidades aunque es el Gobierno el que abona las prestaciones por desempleo.

Además, los desempleados deben aceptar ofertas de empleo adecuadas, si bien la incertidumbre de lo que se considera "adecuado"dificulta la aplicación de la norma.

Por ello, en el marco de la mejora de las obligaciones, la OCDE recomienda que se defina "más claramente el concepto de oferta de empleo adecuada"atendiendo a criterios objetivos como que el salario que se le ofrece compense la prestación que recibe.

El documento también recalca que el elevado desempleo no solo es el resultado de la falta de puestos de trabajo, sino también de "diversos problemas estructurales"entre los que sitúa, además de unas políticas activas de empleo poco eficientes, la insuficiente flexibilidad de los salarios y la elevada protección por despido de los contratos indefinidos frente a sus homólogos temporales.

A juicio del organismo, la rebaja de las cotizaciones sociales tendría que ser permanente, ya que cree que las medidas de índole temporal no sirven para estimular plenamente la contratación a largo plazo.

En este sentido, opina que la tarifa plana de 100 euros al mes de cotización durante dos años para los contratos indefinidos que se firmen hasta el cierre del año es regresiva, porque implica un impuesto mayor para los trabajadores con menor retribución.

Respecto a la eliminación de los tipos reducidos de IVA reconoce que la medida también es regresiva, por lo que propone mitigar su impacto sobre las rentas más bajas mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, aunque esta protección podría minorar la efectividad de la medida.

La OCDE admite que eliminar los tipos especiales de IVA "dañaría el importante sector turístico"frente a otros competidores, pero cree que este efecto negativo podría ser compensado con la reducción de las cotizaciones sociales.

Para que el sistema tributario español sea más favorable al crecimiento, la OCDE propone aumentar los impuestos sobre actividades nocivas para el medio ambiente y los tributos sobre bienes inmuebles, "ninguno de ellos especialmente elevado en España".

El organismo internacional advierte al Gobierno de que controle estrictamente los incentivos al ahorro, dado que "suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas"y podrían traducirse en una mera sustitución de un instrumento por otro, en lugar de incrementar el volumen total de ahorro.

Asimismo le propone revisar, junto con otros países de la UE, el tratamiento fiscal favorable de las SICAV -sociedades de inversión de capital variable a través de las que se gestionan grandes fortunas- para evitar que sean usadas como un instrumento para eludir impuestos.

Junto con todo ello, reclama ampliar la base impositiva del impuesto de sociedades, reduciendo las deducciones y estableciendo un tipo único más bajo para todas las empresas, lo que cree que reduciría la capacidad de las empresas más grandes para eludir la tributación y brindaría mejores incentivos al crecimiento de las más pequeñas.

"Ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta haría que este tributo fuera en muchos casos más equitativo y reduciría su efecto distorsionador", señala la institución internacional en un informe sobre España, donde sugiere que la reciente reforma tributaria del Gobierno sólo recoge parcialmente sus recomendaciones al centrarse en los impuestos sobre la renta y sociedades.

"Se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva", sostiene la OCDE, que considera que actualmente la recaudación tributaria depende en gran medida de los impuestos sobre el trabajo, que son menos favorables al crecimiento y al empleo que los impuestos indirectos.

Por otro lado, el 'Club de los países desarrollados' considera necesario eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios para quienes adquirieron sus viviendas antes de enero de 2013, que calcula podría suponer un coste para las arcas públicas de 1.800 millones de euros en 2014 además de beneficiar únicamente a un grupo de hogares.

Además, la OCDE cree que podría impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto del capital (dividendos, plusvalías e intereses), como del trabajo, al mismo tipo marginal del impuesto sobre la renta.

La OCDE también considera oportuno ampliar la base impositiva del impuesto sobre sociedades y subraya que combatir el fraude fiscal resulta un modo eficaz de ampliar dicha base y mejorar la aceptación y el cumplimiento del sistema por parte de la ciudadanía, así como la confianza en él.