Las autonomías contratan 15.000 funcionarios en año electoral

Las comunidades concentran dos de cada tres nuevos empleos públicos entre enero y junio.

Las administraciones públicas cerraron el primer semestre del año con 2.583.494 efectivos. Esto supone un incremento de 22.111 personas respecto a principios de año, lo que equivale a un 0,86% más. Según el último boletín estadístico, las comunidades autónomas concentran la mayor parte del alza, ya que dos de cada tres nuevas incorporaciones de funcionarios van a parar a las regiones. Así, la administración autonómica contaba el pasado 1 de julio con 1.340.939 efectivos. Son casi 15.000 más que seis meses antes, lo que en términos porcentuales representa un aumento del 1,1%.

Este ascenso en las comunidades se produce a pesar del descenso de 6.258 empleados en la docencia no universitaria, debido al final de muchos contratos eventuales con la llegada de las vacaciones escolares. Por el contrario, el personal sanitario autonómico ha crecido en 16.916 personas y el de las consejerías y otros órganos administrativos regionales gana 4.044 efectivos. El otro apartado que baja es de las Fuerzas de Seguridad que dependen de las comunidades, con 25.298 personas y 250 menos. El descenso es especialmente significativo en el País Vasco, donde la Ertzaintza pierde 239 agentes. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra pierden 57 efectivos en Barcelona y 12 en Lérida. El aumento de 7 Mossos en Gerona y de 31 en Tarragona no alcanza para compensar el descenso en las otras dos provincias, dejando la plantilla total en 16.911 personas, 31 menos que a comienzos de 2018.

La comunidad que más incrementó sus empleados públicos fue País Vasco, que pasa de 59.285 a 68.201. Según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el motivo es que se ha detectado que existían ciertos desajustes en los datos de personal sanitario. De los 1,34 millones de empleados públicos que trabajan al servicio de las comunidades autónomas, el 80% corresponde a la suma de los 549.693 que trabajan en la Educación y los 513.777 de la Sanidad. Andalucía es la comunidad con un mayor número de funcionarios, con 472.085 trabajadores, seguida de Madrid, con 389.340, y de Cataluña, con 317.785.

En cualquier caso, el mayor aumento porcentual es el que se da en las universidades, donde aumenta un 3,2% tras ganar 4.885 personas, para una plantilla de 157.111 efectivos. En el caso de la administración local, sube el personal en 1.603 personas, hasta un total de 572.867.

La administración general del Estado pierde 1.309 empleados y queda en 201.030 personas. Destaca sobre todo la caída en los ministerios y sus órganos administrativos, que pierden 1.279 efectivos. La Seguridad Social (25.305) pierde otras 347 personas y los centros penitenciarios (22.677) ganan 107. La Agencia Tributaria aumenta su plantilla en 384 personas y suma ya 25.513 empleados públicos.

Según CSIF, el sindicato mayoritario de la función pública, los 201.030 efectivos de la administración central son el mínimo histórico desde 2002, desde que hay datos. Advierte, además, de que 31.801 funcionarios del Estado tienen más de 60 años y 3.494 tienen más de 64, a las puertas de la jubilación, por lo que exige al Gobierno que concrete la oferta de empleo público ya que aún no ha salido la convocatoria de 2018, pese a estar aprobada.

Dentro también de la administración pública estatal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado añaden 1.573 efectivos y quedan con 138.319 personas. Las Fuerzas Armadas pierden 261 para una plantilla de 117.502 efectivos. La administración estatal que más crece en términos porcentuales es la de Justicia (+2,7%), al ganar 302 empleados, para un total de 24.598.