Los desafíos del próximo Gobierno

El Ejecutivo que salga de las urnas deberá rebajar la deuda y el déficit o aumentar la productividad. Además de resolver problemas estructurales en el sistema fiscal, el de pensiones, el laboral o el elevado volumen de ciudadanos en riesgo de pobreza.

El gobierno que salga de estos comicios tendrá que enfrentar una etapa que no se avecina sencilla. La desaceleración económica en Europa es un hecho, y el BCE en algún momento deberá subir los tipos de interés, lo cual paralizará aún más la actividad. Para cuando esto suceda y esquivar una recesión que llegará tarde o temprano, el nuevo Ejecutivo tendrá que solucionar determinados problemas que están sacudiendo las cuentas de nuestro país.

Reducir la deuda pública y el déficit: La tarea más acuciante es la de rebajar la deuda y el déficit públicos, que siguen disparados respecto a los niveles previos a la crisis. Así, se prevé que este año la deuda cierre en el 95,4%, cuando en el 2007 lo hizo en el 35,6%. Según el catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, «hay que hacer un esfuerzo extra para reducir los más de cuarenta puntos porcentuales sobre el PIB que ha aumendo la deuda en España desde la crisis», sobre todo teniendo en cuenta que «en la economía mundial de las próximas décadas, la credibilidad y sostenibilidad fiscal alcanzarán una importancia crucial. Serán el primer filtro de seriedad de un país. Y en España se puede gastar mejor sin que sea necesario gastar más».

Por su parte, el déficit llegó a rozar el -11% hace una década, mientras que a finales de 2019 se situará en el -2,3% si las previsiones no fallan. A Carbó este aspecto no le parece tan preocupante como el de la deuda porque «los protocolos de déficit excesivo están marcados por Bruselas y se va avanzando -de forma no lineal pero con progreso constatable- hacia la consolidación fiscal». No obstante, mantener un déficit en lugar de un superávit y una deuda elevada puede ser desastroso para la economía si llega la recesión que ya acecha.

Reforma fiscal: Una de las claves para reducir la deuda es aumentar los ingresos, y en esto es clave tener una fiscalidad adecuada. A día de hoy, España recauda 80.000 millones de euros menos cada año respecto a la media europea. Y sólo una reforma del sistema tributario podría corregir esta diferencia.

Pero además, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, admite que hay otros problemas como que «el sistema no es justo, pues no paga quien más tiene y, en definitiva, tenemos una falta de equidad que también habría que resolver revisando todos los impuestos en su conjunto. Del mismo modo, mantenemos un fraude fiscal y una economía sumergida importantes. Las cifras nos dicen que triplicamos la de Alemania y duplicamos la de Francia. En este sentido, sería necesario un gran pacto de estado de todas las fuerzas políticas y sociales para abordar la necesidad de luchar de manera efectiva y real contra el fraude».

Reforma financiera: Hablando de reformas, el sector financiero necesita una que acometa los cambios que se han producido por la digitalización. Este proceso, señala Carbó, puede conllevar «un aumento del grado de competencia entre bancos tradicionales y otros agentes, por lo que parece adecuado plantearse seriamente si existe un campo de juego equitativo para todos los jugadores».

También resulta necesario seguir poniéndose al día con las normativas europeas para «evitar más interpretaciones y zozobras jurídicas», indica Carbó. Quien añade que, además, «debe existir un equilibrio prefijado y sin fisuras entre protección del consumidor y oferta bancaria que evite los problemas de los últimos años».

Pensiones: El futuro asoma oscuro para los jubilados. Y es que la viabilidad del sistema público de pensiones genera serias dudas. La población no parará de envejecer en los próximos años, por lo que aumenta la cantidad de subsidios, así como el importe medio. El último día de 2009 se registraron más de 8.531.000 pensiones y en marzo de este año se habían incrementado más de 12% hasta superar las 9.705.000. El coste ha experimentado una subida más pronunciada en la misma época, de un 23,6%, hasta los 986 euros de media.

El problema es estructural, apunta el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Y se genera como «consecuencia del inicio de la jubilación en 2023 de la generación del “baby boom” (las cohortes con más de 650.000 integrantes observadas entre 1958 y 1976)». Para solucionarlo, propone «retrasar la jubilación hasta los 70 años, dificultar la anticipada, calcular la pensión en base a todos los años trabajados, aumentar de 15 a 20 años el período mínimo para percibir una contributiva y obligar a los autónomos a cotizar por ingresos reales. Para este colectivo, la cuota mínima de cotización debería aumentar progresivamente. El motivo es que el 85,9% de ellos cotiza por lo mínimo y, siendo el 15% de los jubilados, suponen el 40% del agujero de la Seguridad Social».

Infraestructuras: Si parte del problema de las pensiones proviene por una necesidad de aumentar los ingresos, el incremento del gasto también es urgente para renovar las infraestructuras de nuestro país. Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), admite que en 2030 el 50% de las mismas tendrán más de 30 años, un porcentaje que alcanza el 70% si concretamos en infraestructuas viarias, portuarias e hidráulicas.

Se debe rescatar la inversión que se paralizó durante la crisis (mientras en 2009 se invirtieron más de 50.000 millones de euros, en 2017 unos 20.000 millones). Y sin minucias, porque las actuaciones prioritarias, según World Economic Forum y Seopan, son millonarias. En infraestructuras logísticas hacen falta 699 millones de euros; en movilidad y transporte interurbano, 46.256 millones; en salud y educación,10.550 millones de euros; en medioambientales, 6.522 millones de euros; en accesibilidad urbana, 38.290 millones de euros y en el ciclo integral del agua, 12.014 millones de euros.

Balanza comercial: Si algo positivo sacó España de la crisis fue un nuevo carácter exportador. Ante la caída de la demanda interna, las empresas se lanzaron a vender al exterior y, de ese modo, las exportaciones han aumentado desde los 240.000 millones en 2014 hasta los 285.000 millones en 2018.

Pero no todos son buenas noticias a este respecto, ya que, a su vez, el peso de las importaciones en la balanza comercial va aumentando y, con ello, el saldo negativo también crece. Desde 2016 casi se ha duplicado, pasando de ser de -17.385 millones de euros a casi 34.000 millones el año pasado. De esta manera, el nuevo Ejecutivo deberá continuar reforzar y fomentando las exportaciones. Eso sí, sin olvidar el objetivo de lograr un saldo comercial positivo.

Rebajar la tasa de paro: Lo que más preocupa a los españoles es su empleo, el sustento que les ayuda a sobrevivir día a día. Y en este ámbito no vamos sobrados. Si bien la tasa de paro ha bajado desde el 25,77% que alcanzó en 2012 hasta el 14,45% en el que cerró 2018, estos niveles son aún muy elevados, pues se considera que las economías desarrollados no debería superar un desempleo del 8%, entorno en el que España se situaba antes de la crisis.

Recuperar ese nivel será fundamental para el éxtio del próximo Gobierno. Sin embargo, las perspectivas no ayudan. El Fondo Monetario Internacional afirma que el paro sólo bajará hasta el 14,2% a finales de este año y que para el siguiente se mantendrá prácticamente igual, pues sólo descenderá una décima más. Este estancamiento se justifica principalmente en una causa que el nuevo Ejecutivo deberá rectificar.

En los próximos meses se estima que la población española aumentará y, por lo tanto, también la que se encuentra buscando trabajo activamente. Es decir, aunque se siga creando empleo, no se hará al ritmo suficiente para cubrir las necesidades laborales de todos los habitantes. Si a esto le sumamos que la ralentización económica no motiva la contratación, hace pensar que las autoridades deben trabajar en una especia de fórmula mágica contra el exceso de paro.

Aunque un primer paso que no requiere de polvos mágicos porque salta a la vista de todos es que hay que incrementar la flexibilidad del marco laboral, para que las empresas puedan adaptarse a las necesidades del mercado, tan susceptible a los cambios tanto de carácter estacional como profesional. De ese modo, una nueva regulación menos restrictiva podría facilitar la regulación, sobre todo para las compañías con más dificultades para emplear pero que conforman el 99,8% del tejido empresarial español, las pymes.

Productividad: Entre los grandes retos del próximo Gobierno está mejorar la productividad, que tienen un problema de bajo crecimiento por el que España no aprovecha todo su potencial económico. Y esto a pesar de que la crisis ayudó a aumentar la productividad por mano de obra, que pasó de registrar un descenso anual del 0,4% desde 2001 a 2007, a un incremento anual del 2,18% a partir de 2008, según datos de Eurostat.

Sin embargo, esta subida no se debe a una razón sana. De hecho, a la peor de todas, a la destrucción de empleo. La pérdida de puestos de trabajo, «más que el crecimiento de la producción, lo que ha apoyado el incremento de la productividad», se afirma en el estudio de FAES «Los tres desafíos de la empresa española: Productividad, dimensión e innovación».

De ese modo, la recuperación del empleo lastra de nuevo la productividad, cuyo aumento no es sostenible en el tiempo. La solución reside en apostar en sectores que requieren una mano de obra más cualificada y mayor inversión en innovación, como la construcción y la industria, en lugar de fomentar tanto los servicios, que tienen poca capacidad productiva.

El tamaño de las empresas españolas se presenta clave para la mejora de la productividad. En el mismo estudio de FAES se indica que «tanto la teoría económica como la evidencia empírica sugieren que el tamaño empresarial está directa y positivamente relacionado con la productividad, de modo que una empresa tenderá a ser más productiva cuanto más grande sea». En este sentido, España tiene un grave problema, ya que el 93,6% de las compañías de nuestro país son autónomos sin asalariados o microempresas.

Reindustrialización: La industria será un sector fundamental para aumentar la productividad. No obstante, ha perdido mucho peso en el PIB de nuestro país. De representar el 26,6% ha pasado al 21,6%, según datos del Banco Mundial. De este modo, la actividad que de verdad genera valor añadido y riqueza para las arcas públicas ha decaído en los últimos años y requiere una reinvención.

Por ese motivo, se antoja necesaria una profunda reindustrialización que comience por fomentar la llamada Industria 4.0., es decir, apostar por aplicar la tecnología, la robótica y la innovación en el sector. Lograrlo requiere de una gran inversión procedente de los dos ámbitos que obtengan rentabilidad, el público, por el crecimiento económico que producirá; y el privado, por las ganancias que conseguirá. Así el nuevo Ejecutivo deberá alcanzar una alianza con las empresas, lo cual no siempre resulta sencillo.

Digitalización de las empresas: Los años que están por venir serán cruciales para la supervivencia de las compañías, pues se enfrentan al fenómeno de la digitalización, y las que consigan subirse al carro tendrán más posibilidades de sobrevivir. Las que no, se quedarán descolagadas de un futuro donde el comercio pasa por internet, y lo evidencia que el «e-commerce» crece a un ritmo superior al 25% anual.

Claro que sólo las compañías más grandes (escasas en nuestro tejido empresarial) son las que tienen suficiente poder adquisitivo para emprender la digitalización por su propio pie. La inmensa mayoría de las empresas necesitarán que las autoridades les echen un cable a través de subvenciones, y aquí el siguiente ministro que se ocupe de ello tendrá que trabajar duro.

Sostenibilidad: La palabra de moda es «sostenibilidad». Por eso ha sonado tanto durante la campaña y estará entre las prioridades de la agenda del nuevo Gobierno sea el que sea. La transición hacia el uso de energías limpias y la reducción de la contaminación formarán parte de las políticas más trascendentales en el futuro más próximo. Pero no se puede hacer de cualquier manera, se debe fijar el camino más eficaz.

Para Bernardos, «debe ser progresiva. Intentando que los puestos de trabajo que creen las nuevas tecnologías superen a los que pierden las antiguas». Y afirma que «declaraciones como la de la ministra Teresa Ribera, “el diésel se ha acabado”, son un gran error y nos pueden causar un importante perjuicio económico».

Por sectores, cree que «el más beneficiado es el de las energías renovables. El más perjudicado puede ser el autómovil. No obstante, no está aún nada claro que el sustituto definitivo de los actuales transportes sean los eléctricos. La mayoría de los ejecutivos tienen serias dudas de cómo será y qué energía impulsará al coche del futuro».

Como medidas propone que «los consumidores que obtengan energía a través de placas solares puedan venderla en el mercado. Actualmente, no es posible, pues la ley únicamente permite una rebaja en el precio de la luz a sufragar. Si así sucediera, existirían grandes incentivos para aumentar la oferta, el precio de mercado a medio plazo bajaría sustancialmente y se resolvería uno de los problemas actuales del país: un precio de la energía excesivamente elevado».

Desigualdad económica: Cualquiera que salga a la calle, compre o tenga un negocio, puede darse cuenta de que España ha perdido clase media. Como se dice popularmente, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Una situación que se agudiza en nuestro país, según las estadísticas de la OCDE.

En la media que surge de todos sus Estados miembros, la clase media tiene más peso que en España, donde el umbral de ingresos más alto y más bajos son de mayor volumen. En definitiva, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a un dato preocupante; el 26,6% de los españoles (12 millones) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y no lo dice cualquier fuente, sino la más fiable, Eurostat.

Evidentemente, el aumento de la desigualdad económica fue una consecuencia de la crisis. «En 2007, España era el 11º país europeo con peor distribución de la renta de la Unión Europea. En 2017 era el quinto y el primero de Europa Occidental. Incluso países como Portugal y Grecia tienen una distribución de la renta menos desigual que España», apunta Bernardos.

Él mismo añade que la desigualdad se ha extendido por el elevado aumento del paro y la caída de los salarios. Entre 2012 y 2018, los trabajadores han perdido una significativa parte de su poder adquisitivo, pues en todos los años, excepto en uno, la remuneración media de los salarios aumentó menos que la tasa de inflación. Es necesario derogar la reforma laboral para que los salarios vuelvan a subir significativamente. Indudablemente, se debe repartir mejor la riqueza. Con dicha finalidad, soy partidario de que suban los tipos del Impuesto de Patrimonio, los de Sucesiones y Donaciones y de las rentas del capital en IRPF».