Los paraísos fiscales dentro de la UE eluden casi 200.000 millones

La Unión Europea ha puesto en su punto de mira a algunos de sus estados miembros. La razón: que utilizan una «legislación fiscal agresiva y poco solidaria» para atraer grandes empresas a cambio de unas laxas obligaciones fiscales. El Comité Europeo de las Regiones (CdR) –el organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea, que preside el alemán Karl-Heinz Lambertz– estima que los presupuestos nacionales pierden entre 50.000 y 70.000 millones de euros debido a estrategias de evasión fiscal por parte de las empresas, una cifra que aumenta hasta entre 160.000 y 190.000 millones si se le añaden los pactos fiscales para las grandes multinacionales, por culpa de los acuerdos a los que llegan los gobiernos con las grandes corporaciones para proporcionarles un trato más ventajoso.

Para el CdR, una coordinación más potente en este ámbito a nivel europeo no solo permitiría promover la lucha contra los delitos fiscales y la planificación fiscal agresiva, sino que también ayudaría a mejorar las gestión y la implantación a las empresas que operan en varios países.

Las regiones respaldaron la propuesta de la Comisión Europea (CE) para eliminar la necesidad de unanimidad en temas de política fiscal y cambiar el criterio a la mayoría cualificada, ya que ahora puede quedar bloqueado cualquier acuerdo con el veto de un solo Estado.

El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) respaldó la semana pasada este cambio que Bruselas propuso en enero del presente año, con vistas a impulsar iniciativas que permitirían mejorar la recaudación, evitar bloqueos en la lucha contra la evasión fiscal o facilitar cambios legislativos y fiscales globales, y que, hasta ahora, legalmente requieren la unanimidad de todos los miembros.

Hasta un billón de euros

De las catorce iniciativas en política fiscal presentadas desde 2014, siete quedaron bloqueadas en el Consejo por la oposición de algunos de los países.

Este es el enésimo intento de Bruselas para poner coto a los abusos legislativos y sobre fiscalidad que separan a los países de la Unión. El pasado mes de marzo, el pleno de la Eurocámara sacó adelante una propuesta no vinculante para exigir a instituciones y países miembros a que adoptaran medidas concretas contra la elusión fiscal, el fraude y el blanqueo de capitales. Y fue más allá, acusando directamente a algunos países comunitarios por favorecer tratos de favor en las obligaciones contributivas para facilitar la implantación de grandes compañías en sus territorios. Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre y Hungría fueron señalados con el dedo como estados «con características de paraísos fiscales» y con una «planificación contributiva agresiva».

La UE eleva incluso las cifras denunciadas por el CdR hasta el billón de euros por delitos evasión y elusión fiscal –incluyendo empresas, particulares y grandes corporaciones en todos los territorios europeos– y en 50.000 millones el fraude con el IVA. Su intención es atajar de raíz esta sangría y poner fin a la «carrera a la baja» en la que se han embarcado algunos países de la UE para atraer a compañías a base de rebajar, por ejemplo, su impuesto de sociedades. También critican que muchas multinacionales pagan cantidades ínfimas de impuestos en comparación con empresas de menor tamaño gracias a ventajas fiscales de «dudosa legalidad».

La intención de Bruselas para solucionar estos problemas pasa por aprobar una legislación común del Impuesto de Sociedades, con vistas a garantizar que las empresas pagan esta tasa de forma justa allí donde generan beneficios, y la aprobación del régimen definitivo del IVA en la UE, que todavía se rige por normas con más de dos décadas de antigüedad.

La Eurocámara también reclama crear una nueva «policía financiera» en el seno de Europol y una Unidad de Inteligencia Financiera en la UE, al tiempo que aboga por reforzar las normas contra el blanqueo y crear una autoridad que vigile estos delitos en toda la Unión.

Un enfoque común para recaudar más

El socialista francés Christophe Rouillon, portavoz del CdR, estima que la fiscalidad «no debería ser el enlace más débil de la integración europea», y critica que el requisito de la unanimidad ha hecho «imposible» cualquier reforma «sustancial en materia fiscal». Para el eurodiputado, «los estados miembros deben entender que un enfoque europeo permite una mayor recaudación».