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Los VTC se centran en Madrid e invertirán 223 millones para crear 4.000 empleos

Tras el portazo de Cataluña al sector, desviarán a la capital 123 millones que tenían previsto destinar a esta región.

En Madrid trabajan 6.625 vehículos de alquiler con conductor (VTC), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento. En la imagen, uno de estos coches en la capital
En Madrid trabajan 6.625 vehículos de alquiler con conductor (VTC), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento. En la imagen, uno de estos coches en la capital

Tras el portazo de Cataluña al sector, desviarán a la capital 123 millones que tenían previsto destinar a esta región.

Tras el portazo que Cataluña ha dado a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el sector ha puesto sus ojos en su otro gran mercado, Madrid. Fuentes de su patronal, Unauto, han explicado a este periódico que las compañías tenían previsto invertir 123 millones de euros en Cataluña este año pero que la restrictiva regulación aprobada por el Gobierno independentista de Quim Torra ha dado al traste con estos planes. La Generalitat aprobó el pasado mes de enero un decreto que establece la precontración de los servicios VTC con un mínimo de 15 minutos de antelación, lo que llevó a Uber y a Cabify a dejar de operar en la región ante la imposibilidad de rentabilizar sus negocios y por la inseguridad jurídica que ha introducido esta legislación. Ahora, es muy probable que ese dinero acabe invertido en Madrid, donde las compañías tenían previsto inicialmente destinar otros 100 millones de euros. De esta manera, las compañías de VTC destinarían un total de 223 millones de euros a esta comunidad. Con estos fondos consideran que pueden crear unos 4.000 puestos de trabajo durante este ejercicio. Según los datos del Ministerio de Fomento del mes de marzo, Madrid es la región con más licencias VTC de toda España, con 6.625. La ratio es de una por cada 2,4 de taxi, muy alejada del 1/30 que establece la ley. La proporción no se cumple porque diversas sentencias del Tribunal Supremo están provocando un aluvión de nuevas licencias VTC que crean la paradoja de que son legales pero están provocando, al mismo tiempo, que se vulnere una normativa.

Denuncias

Los taxistas vienen denunciando en los últimos días que esta cantidad se habría incrementado en las últimas semanas de forma irregular. Según han expuesto a la Comunidad de Madrid, en la capital estarían trabajando vehículos VTC sin licencia para hacerlo en esta región. Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico aseguran que sólo han detectado un caso de un vehículo que estaba circulando en la capital con licencia de Málaga. «Muchos de los casos que nos han expuesto son de vehículos que pertenecen a compañías cuya sede social está en Barcelona pero que tienen licencia para trabajar en Madrid. Y esos, evidentemente, cumplen la ley», explican. No es la única presunta irregularidad que denuncia el taxi. También aseguran que algunos coches han falsificado la pegatina que todo VTC debe portar de manera obligatoria para trabajar en Madrid. De ser cierto, se trataría de un delito de falsedad en documento público tipificado con condenas más severas que la mera sanción administrativa que implicaría operar sin licencia, explican las fuentes consultadas.

La posición de la Comunidad de Madrid en el conflicto entre el taxi y los VTC ha sido diametralmente opuesta a la de la Generalitat de Cataluña. Su presidente, Ángel Garrido, manifestó desde el primer momento que no legislaría en contra de un sector, y menos si eso amenazaba su existencia. Por eso, se negó a tramitar una normativa que estableciese precontratación alguna de los servicios VTC. Tras varios días de huelga para exigir una regulación «a la catalana», el sector del taxi desistió de sus protestas al considerar que la Comunidad de Madrid no iba a cambiar su postura. La convocatoria electoral del próximo mes de mayo ha terminado por dejar aparcado cualquier intento de legislación del sector hasta al menos después del verano, cuando se retome la actividad en la Asamblea.

Sánchez promete mejorar la protección de los empleados de empresas como Uber

El Gobierno pretende mejorar la protección social y la normativa laboral para los trabajadores de la «mal llamada economía colaborativa», en la que se enmarcan empresas como Uber, Cabify, Glovo o Deliveroo, según indicó ayer el presidente Pedro Sánchez. Durante su participación en un foro con sindicatos, en el que no concretó cambios en la reforma laboral, aseguró que estos trabajadores, bajo la «falsa apariencia de modernidad», pueden tener malas retribuciones o incertidumbre en el empleo.

Aunque la automatización y los avances tecnológicos han supuesto la pérdida de empleo en determinados sectores, hay también nuevas necesidades en otros campos como la transición ecológica, la educación o el cuidado de las personas, destacó Sánchez.