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La Razón
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) fijó ayer para el año 2013 la jornada para los funcionarios públicos en 37 horas y media por semana como mínimo, obligándoles a trabajar por las tardes. Reduce también de seis a tres el número de días de asuntos propios y establece medidas para evitar la simulación de enfermedad o accidente, al reducir la retribución del 50% a partir del quinto día de baja.

A pesar de estos recortes, los empleados públicos siguen siendo en nuestro país un colectivo privilegiado. En España, la masa salarial de los empleados de la Administración Pública ha crecido el 59,2% en los últimos ocho años y el coste salarial medio del empleado público excede en un 20% al del empleado del sector privado.

Sin duda, el Gobierno está dando pasos para reducir privilegios e incentivos para trabajar en las administraciones. Más de tres millones de empleados públicos es demasiado para un país en el que tan sólo un tercio de la población trabaja en empresas privadas para financiar a los otros dos tercios (pensionistas, estudiantes, parados y funcionarios). Según crece el paro y aumenta la población en edad de jubilación, la situación se hace insostenible.

Urge por tanto reducir la hipertrofiada función pública, con grandes duplicidades en el Estado central, las comunidades autónomas y las administraciones locales con toda una caterva de entes públicos (empresas públicas, agencias, consorcios y fundaciones) que han pasado en tan sólo trece años de ser 1.257 en 1998 a alcanzar la friolera de 2.549 en 2012. Los españoles no tenemos dinero para pagarlo y los extranjeros ya no nos quieren prestar para que sigamos engordando nuestra bola de deuda pública. Por ello, el siguiente paso será, inevitablemente, una fuerte reducción de empleados públicos.