"Decir que la vía estaba rota es mentira. Nadie puede determinarlo. Hay una incidencia que puede ser coincidente (con una ruptura de vía)", pero también "con muchas otras cosas", respondió el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, sobre la hipótesis del voltaje de vía ante el registro de oscilaciones de tensión previas al accidente, ya que un informe de Hitachi, encargada del sistema de señalización, remitido a la CIAF, pone de manifiesto una "caída de tensión en el circuito de vía" 22 horas antes del suceso.

"Es una variación de aproximadamente 2,2 a 1,5 voltios, cuando el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es un voltio. Este circuito de vía tiene 756 metros. Cualquier chapa de tren o piedra de balasto movida por un tren puede generar esa variación", explicó. "Es cierto que en un porcentaje altísimo, las roturas de carril se evidencian por una ocupación de circuito de vía. Pero ese no es el sistema para detectar una ruptura, sino para determinar el posicionamiento de un tren", añadió.

Asimismo, el presidente de Adif defendió este martes, en su comparecencia en el Congreso que la retirada de material del accidente de Adamuz por parte de Adif se realizó conforme a la normativa y con el objetivo de garantizar tanto la investigación interna y la conservación de los restos. "Decir que Adif no solo ha recogido pruebas sino que las ha ocultado es una infamia", aseguró. "Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado las advertencias de los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos", insistió. Según la Guardia Civil, Adif se llevó el material después del accidente sin solicitarlo, mientras que la empresa pública Ineco defiende que Adif lo hizo porque dicho material no estaba precintado tras la actuación de la benemérita.

Durante su comparecencia, Marco de la Peña subrayó que Adif está legalmente obligada a investigar lo ocurrido, aunque reconoció las limitaciones derivadas de su propia implicación en el accidente. “Adif, por ley, está obligada a realizar una investigación. Una investigación que se ve absolutamente condicionada porque somos parte y tendremos acceso a las pruebas de la investigación cuando su señoría determine”, afirmó.

El responsable del gestor ferroviario defendió que la recopilación de restos responde a una necesidad operativa: “Adif tiene que tener los datos necesarios no solo para investigar sino para determinar los procedimientos y las decisiones que hay que tomar a futuro y, a veces, para eso, hacen falta más elementos de trabajo”.

Cronología de la actuación

Según explicó, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) dio por finalizada la recogida de pruebas el 21 de enero a las 19:00 horas. A partir de ese momento, y tras la retirada también de la policía científica -una vez recuperado el último cuerpo el día 22-, el escenario quedó profundamente alterado por el uso de maquinaria pesada en las labores de rescate.

“Esa maquinaria pesada alteraba mucho de los elementos que estaban allí”, señaló, detallando que su uso era imprescindible para permitir el acceso a los equipos de emergencia. Ante la previsión de que continuaran los trabajos de desguace de los vagones, que podían modificar aún más el entorno, la empresa decidió recoger determinados restos de la vía. "Repito, habían sido desestimados como pruebas por las autoridades que determinan qué es prueba y que no. Ante esa constatación verbal, física y ante la idea de que manera inmediata, en la tarde del 22 de enero, cuando empiezan esas labores que terminan el sábado 24, por eso se recogen esos restos. Restos y elementos de vía. No son pruebas", insistió Marco de la Peña, rechazando cualquier acusación de manipulación.

Los materiales fueron retirados entre la noche del 22 y el 23 de enero y trasladados a la base de Hornachuelos, al considerarse que la estación de Adamuz no tenía capacidad suficiente de almacenamiento y que iban a comenzar los trabajos de reconstrucción, explicó el presidente de Adif. Posteriormente, el 27 de enero, un auto judicial autorizó a Adif a recoger y analizar los elementos, siempre que se documentaran de forma exhaustiva. “Es decir, nos autorizan a recoger todo lo que consideremos recogible. Y, además, lo tenemos que describir y podemos ensayar”, explicó el presidente. Frente a las críticas, fue contundente: “Todo el que diga, a partir de esto, que Adif no solo ha recogido pruebas sino que las ha ocultado es una infamia”.

La polémica surge porque la retirada se hiciera sin autorización expresa. Sin embargo, la empresa pública Ineco respalda la versión de Adif, al sostener que los materiales no estaban precintados. Marco de la Peña admitió que el día 22 no existía autorización formal, pero defendió que sí había una “tácita, verbal” que posteriormente fue ratificada. Además, recordó que la policía judicial comunicó el 26 de enero que ya había concluido la recogida de evidencias, lo que, a su juicio, avala la actuación de la entidad. “No se le oculta a la CIAF”, destacó, señalando que ninguno de los elementos recogidos estaba a menos de 130 metros de la zona determinada como zona cero, “campo de fútbol y medio”.

Adif comienza a trabajar en los elementos recogidos, una información que llega a oídos de la CIAF, que se persona donde estaban almacenadas las piezas, lo comunica a la Guardia Civil y esta remite a Adif un comunicado informando sobre la "posible irregularidad por parte del personal de Adif", aunque sin atribuir delito. “Y aquí queda todo”, zanjó.

Más tarde, el 10 de febrero, ante la intención de trasladar las piezas fuera de Hornachuelos, la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, ordenó a Adif que se abstuviera de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa” vinculada al accidente ferroviario de Adamuz. No obstante, el presidente de Adif aclaró que esta paralización se debió al cambio de jueza para determinar cómo se debía proceder desde ese momento y que los ensayos realizados sobre los materiales fueron “no destructivos e inalterables”, reforzando su argumentación de que no se comprometió ninguna evidencia relevante.

Hace apenas cuatro días, se dio a conocer que la jueza de Montoro detectó, tras un proceso de inspección ocular el pasado 17 de marzo en el lugar del siniestro, 42 metros de vía retirada de Adamuz sobre los que no constaba aviso previo al juzgado. Por ello, el 18 de marzo ordenó el precinto y custodia de estos tramos. En total, todo el material, 78 metros de vía, ha sido trasladado a la base de Hornachuelos, donde deberá permanecer precintado.

Respecto a su demora para comparecer, 65 días después del accidente, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió: "Quizás soy demasiado discreto, pero yo solicité la comparecencia y he venido cuando me la han dado, yo no he pedido cambiarla. La pedí mucho antes".