Rato tendrá que declarar el martes por la investigación de su patrimonio

El juez deja libres, pero imputados, a su secretaria personal y al considerado nuevo testaferro.

Después de pasar dos días en dependencias policiales, el presunto testaferro del ex ministro de Economía Rodrigo Rato y considerado hombre de su entera confianza, Miguel Ángel Montero, así como su secretaria personal, Teresa Arellano, quedaron ayer en libertad provisional tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, quien, al menos hasta estos momentos, es el encargado de instruir el procedimiento en el que se investiga el patrimonio del ex director gerente del FMI.

El magistrado les ha imputado por delito fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares –de este último también ha sido acusado ahora Rodrigo Rato– y ambos deberán comparecer cada mes en el juzgado. Estas declaracione, según fuentes jurídicas, estarían relacionadas con presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos publicitarios a Bankia cuando esta entidad la presidía Rato.

Precisamente, ayer mismo, el magistrado citó a declarar para el próximo martes a Rodrigo Rato, después de las últimas investigaciones sobre su patrimonio, y, principalmente, por las declaraciones prestadas por quien fuese su testaferro, Alberto Portuondo, quien aseguró al juez que pagó 40.000 euros mensuales, a través de la empresa Albisa Inversiones, a la socieadd Kradanara, propiedad del ex ministro.

Por otro lado, el juez Serrano-Arnal se mantiene firme en considerar que la competencia para instruir esta causa corresponde a la Audiencia Nacional y no a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla. En este sentido, Serrano-Arnal afirma que no es «sostenible» el argumento de Andreu, quien, por un lado, reconoce que se produjo una relación entre la «actividad realizada en el extranjero y la inversión final de los fondos transferidos a un negocio de hostelería en Berlín», en concreto a un hotel perteneciente a una sociedad de Rato, y, por otro, mantiene que el epicentro de lo investigado está en España. En su resolución, relata cómo la sociedad Kradonara, de la que Rato es «el beneficiario último» a través de la sociedad británica Vivaway –que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaz–, recibió desde 2011 más de 6,5 millones procedentes de Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo.

Además, el magistrado pone de relieve que la Guardia Civil está investigando a Rato por no declarar, presuntamente, lo percibido en conferencias y asistencias a congresos e ingresar esas cantidades en algunas de sus sociedades, según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria.