Sánchez Barcoj dice que Blesa era quien controlaba las «tarjetas B»

Ni diseñó las «tarjetas B» de Caja Madrid ni hizo un uso indebido de ellas. El ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj –que gastó con este polémico medio de pago 575.079 euros durante su etapa de consejero en la entidad– asegura que cuando se le adjudicó una en 1999 se le pidió que a través de un programa informático «verificase» que su uso «se ajustaba a los límites establecidos en cada caso», aunque, añade, toda la información «debía ser enviada a Presidencia para su control», un cargo que entonces ostentaba Miguel Blesa. Así lo afirma en una carta remitida al director de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Caja Madrid el pasado día 3 de octubre (dos días después de que el escándalo de las tarjetas se hiciese público) para devolver el dinero gastado, 484.200 euros (los 90.879 de la tarjeta de Bankia ya los reintegró a instancias de la entidad el pasado 1 de julio).

Ante el silencio de Bankia, optó finalmente por consignar esa cantidad en la Audiencia Nacional con el objetivo de que «se elimine cualquier daño que pudiera haber sufrido Caja Madrid y se satisfaga la responsabilidad civil que pudiera declararse». En estos términos se pronuncia su abogado, Jesús Castrillo, en el escrito remitido al juez Fernando Andreu –que dirige la investigación–, ante el que tendrá que declarar hoy mismo como imputado junto al propio Blesa y al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato.

El ex número dos de la entidad financiera niega que las tarjetas fueran opacas y sitúa su origen e los años 80, mucho antes de que a él le adjudicaran una en 1999 (que es cuando según él se enteró de su existencia) y de que fuese designado director financiero de la entidad en mayo de 2007, cuando «ya tenían un largo recorrido».

«Se emitían por el departamento de tarjetas, sus disposiciones constaban en contabilidad, se controlaban sus límites desde Auditoría y –recalca– se podían consultar sus movimientos y saldos como en cualquier otra tarjeta emitida por la Caja».

«Muy poco significativo»

El ex directivo de Caja Madrid sostiene, a través de su abogado, que las polémicas tarjetas constituían «una asignación retributiva complementaria especialmente destinada a compensar los gastos que hubiese de soportar en el desarrollo de sus funciones». Eso no le impedía, reconoce, «disponer con libertad del excedente hasta el límite asignado» (que no precisa), que, insiste, nunca superó.

Ese «complemento retributivo» que le asignaron «sin haberlo pedido», añade, representaba en realidad «un aumento muy poco significativo» de su retribución económica y era, en todo caso, proporcional a su sueldo.

Respecto a las posibles consecuencias fiscales de no haber declarado esas percepciones, echa balones fuera. Las retenciones que no se practicaron, dice su defensa, «no era función asignada a mi representado». No obstante, se muestra dispuesto a afrontar cualquier pago «si existe alguna insuficiencia» en la declaración del IRPF, dejando claro que «en ningún caso» se produjo un delito fiscal porque las cuantías son inferiores a los 120.000 euros que delimitan la existencia de delito.

Su abogado dice que «es absolutamente falso» que su cliente interviniese «en la creación de las tarjetas, en la oportunidad de su uso, en la determinación de las personas a las que habrían de asignarse, en el límite económico anual y en la forma» de utilizarse.

Su patrimonio, en venta

En la misiva remitida a la Fundación Caja Madrid, Sánchez Barcoj explica que ha tenido que «poner en venta una parte sustancial» de su patrimonio para poder devolver las cantidades gastadas (que, se queja, no ha podido confirmar con Bankia que sean ciertas). Pero se niega a admitir cualquier tipo de «conducta ilegítima alguna», pues, vuelve a insistir, esas tarjetas estaban «autorizadas por la superioridad» y se utilizaban «bajo su control».

Por tanto, deja claro que devuelve «lo que en realidad no considero que debo» para que la Justicia disponga de ese montante «si al final se concreta alguna actividad ilícita vinculada al uso de la tarjeta».

Y para acreditar que «jamás el lucro fue finalidad por mí perseguida», recuerda que al concluir su relación laboral con Bankia renunció a reclamar «la indemnización que me correspondía», cuyo importe era más del doble, dice, del dinero que cargó a la tarjeta opaca. «Jamás pude pensar», subraya, «que pudiera calificarse» de ilegítimo el uso de esas tarjetas. Hoy tendrá la oportunidad de explicárselo al juez Andreu en la Audiencia Nacional.