No es la aceituna, es el Gobierno

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Israel Arroyo, calificó ayer de «sorpresa negativa» el mal comportamiento laboral del sector agrario registrado el pasado enero, con lo que cabe colegir que el señor Arroyo debía ser el único español sordo al clamor de los agricultores y ciego ante las señales de debacle de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Porque la realidad, tozuda, es que la subida del SMI, decidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin acuerdo previo con los agentes sociales, ha supuesto el último clavo en el ataúd del sector primario español, que ya venía machacado por los bajos precios en origen y el incremento de los costes de producción.

Ahora, como una orquesta bien afinada, todos los portavoces gubernamentales difunden la especie de que la pérdida de esos 15.000 puestos de trabajo agrarios, el peor dato desde 2013, hay que atribuirla a una mala campaña de la aceituna, lo que no explica, sin embargo, el similar incremento del desempleo en el resto de la explotaciones agrícolas. Es más, antes de la campaña olivarera, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, denunciaba el mal efecto de la subida del SMI y, aunque las servidumbres de la militancia le hicieran desistir, exigía una entrevista con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para tratar de encauzar lo que se preveía como un problema creciente, cuya solución no parece estar en las medidas que propone el Gobierno de intervenir la cadena de distribución, con nuevas regulaciones, trasladando los sobrecostes al bolsillo del consumidor, sino en la contención de la fiscalidad sobre los medios de producción, incluidas, por supuesto, las cargas sobre la creación de empleo.

A este respecto, no sólo el campo español ha traído sorpresas negativas al mercado laboral. Los datos del último enero son muy malos –por más que sea un mes en el que tradicionalmente se reduce la actividad económica, especialmente en comercio y hostelería–, con una caída de 244.000 afiliados a la Seguridad Social, la mayor desde 2013, y con un incremento del número de parados cifrado en 90.000 personas, el más elevado desde 2014. Por otro lado, en términos interanuales, las cifras confirman la desaceleración de la economía española y el frenazo del mercado de trabajo. Si hasta el año pasado la afiliación a la Seguridad Social crecía al 3 por ciento, ahora lo hace sólo al 1,8 por ciento, como si la inercia generada en la recuperación se estuviera agotando.

No parece que esta percepción de la realidad sea compartida por el nuevo Gobierno de coalición, que, a tenor de la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, sigue empeñado en mantener una política de expansión del gasto público que ya no puede sostenerse sólo en la ampliación del déficit, sino en una mayor presión fiscal sobre el sector empresarial, que es el que, de verdad, genera los ingresos. No cabe duda que un SMI más alto, que llegue al final de la legislatura al 60 por ciento del salario medio, supone mayores ingresos por cotizaciones para la Seguridad Social –se calcula que la última subida hasta 950 euros incrementará los ingresos en unos 158 millones de euros–, pero, y es mucho decir, siempre que se mantengan los niveles de creación de empleo, algo que no está ocurriendo.

De ahí que la preocupación cunda tanto entre el sector de las empresas como entre los autónomos ante los proyectos gubernamentales de liquidación de la reforma laboral, en lo inmediato, y la inclusión en los próximos Presupuestos Generales de medidas impositivas que supondrán mayores cargas fiscales para el empleo, además de encarecer medios de producción como el transporte o la energía. En definitiva, todo lo que desaconseja el sentido común.