Una legítima búsqueda de Justicia

El Gobierno ha acelerado sus últimos pasos en la pandemia hasta que ha hecho cundir la sensación de desenlace atropellado del estado de alarma que ha condicionado la vida y las libertades de los españoles durante cien días. De repente, la «nueva normalidad» ha llegado para imponer una suerte de carpetazo cuando no un borrón y cuenta nueva con todo lo acontecido en estos últimos tres meses. Se ha cerrado el libro de la autoridad competente y el mando único con la tinta aún fresca y con aparentes ganas de abrir otro volumen. Los mensajes de La Moncloa se han condensado en una vista al frente desde la unidad y la lealtad en lo político, el plano en el que tienen que resolverse las disputas y las controversias.

En los últimos días la eficiente propaganda de la bicefalia gobernante ha lanzado sobre el tapete del pulso partidista y parlamentario el término «lawfare» en su pretensión de desactivar y tergiversar cualquier iniciativa en los tribunales contra el Ejecutivo por las múltiples aristas de su nefasta gestión sanitaria. «Lawfare» se refiere a lo que sus censores de última hora atribuyen como una práctica abusiva y bastarda de los procedimientos judiciales con el propósito de provocar el desgaste popular contra un oponente. La meta no es cuestionar la legalidad de la actuación, sino desacreditarla en el fondo y en la forma, así como a su promotor. El Gobierno y sus terminales han tirado de esa munición en la reciente instrucción del 8-M. Hay un propósito indisimulado de condicionar las investigaciones y el criterio de los togados al convertirlos en sujetos de una presunta estrategia política. Obviamente, Sánchez es muy consciente de lo que se le viene encima en los tribunales en las próximas semanas y meses y no vacila en disponer todas las trabas posibles a que se conjugue una verdad judicial adversa con repercusiones inimaginables de todo orden. En ese orden de cosas, hay, por supuesto, que contemplar la indecorosa utilización de la Abogacía del Estado como un instrumento más al servicio de las consignas e intereses de los partidos que ocupan el poder en una desvirtuación grosera de su naturaleza y propósito. También, claro, de la Fiscalía General de Estado, con la exministra Delgado, de lealtad reconocida y una convencida de esa deformidad que es el uso alternativo del Derecho.

Pero, se quiera o no –algunos de los asistentes al Consejo de Ministros se sienten más cómodos que otros con la democracia–, este país ha sufrido lo indecible con una enfermedad que ha provocado alrededor de 50.000 muertos, decenas de miles de profesionales sanitarios infectados, cientos de miles de contagiados y pérdidas económicas devastadoras. Y todo ello bajo la responsabilidad única y exclusiva del presidente y su gabinete que se arrogaron para sí ese poder absoluto acomodado en un estado de emergencia que fue en la práctica uno de excepción. Es la suya la gestión más contestada por sus gobernados del mundo como parece lo más sensato cuando España encabeza la nómina de los países con más fallecidos por millón de habitantes del planeta. Que en un régimen de libertades los ciudadanos, colectivos y entidades persigan la justicia en los órganos jurisdiccionales es lo aconsejable y lo sensato. El Gobierno tiene ya un frente judicial abierto con 43 denuncias y querellas solo en el Tribunal Supremo, según adelanta hoy LA RAZÓN. De ellas, la mayoría está dirigida contra Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska por delitos que abarcan la imprudencia grave con resultado de muerte, prevaricación administrativa y delitos contra los trabajadores, relacionado con la falta de medios. Obviamente, la presunción de inocencia los ampara a todos y está por ver el recorrido y el alcance de estas acciones penales. Otra cosa es que la amenaza del banquillo sea cierta. Tanta como el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a exigir reparaciones a los posibles culpables.