Un Estatuto-trampa frente a la Ley

Cuando se cumplen diez años e la sentencia del Tribunal Constitucional que redujo el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña a los términos de la legalidad democrática española, deviene una necesidad, aunque sólo sea a efectos de la restitución de la verdad histórica, recalcar que nunca, como en aquel entonces, corrió más peligro la unidad de la nación española y que nunca, como en aquellos momentos, un puñado de jueces, con independencia de sus posiciones ideológicas, sufrió tan graves presiones políticas para condicionar su decisión. Pero, al mismo tiempo, la peripecia del Estatuto catalán, cuya aprobación en referéndum apenas movió el interés de la mitad del censo concernido, demostró la solidez jurídica sobre la que se asentaba la norma suprema del Estado, fundamento de la legitimidad de todas las instituciones, incluidas, por supuesto, las comunidades autónomas que conforman la estructura territorial de España.

Desde el nacionalismo catalán, la actuación garantista del Constitucional se ha considerado como el punto de inflexión, verdadero casus belli, del proceso de ruptura separatista y la justificación, por supuesto, a posteriori, de la deriva que llevó al intento golpista de octubre. Nada de ello es cierto. Desde el nacionalismo catalán, con el inexplicable apoyo del Partido Socialista, se perpetró un acto de deslealtad hacia la mano tendida de un Gobierno central, también socialista, en cuyo ánimo estaba la búsqueda del mejor encaje posible del Principado en el conjunto de la Nación. Mienten, y lo saben, quienes atribuyen otra cualquier otra intención a lo que fue, fundamentalmente, un acto de buena voluntad hacia quienes, por la experiencia sufrida, pretendían otros fines. De hecho, la primera versión de la reforma estatutaria que la Generalitat de Cataluña remitió al Parlamento tuvo que ser sometida a tantas correcciones, de fondo y de forma, que uno de sus principales impulsores, el partido ERC, se desvinculó del proyecto.

Aprobado al fin, en virtud de una aritmética parlamentaria condicionada por los nacionalismos, era evidente que se había dejado pasar un instrumento o artefacto jurídico que no sólo ponía en cuestión las fuentes de la soberanía nacional, sino que otorgaba a los gobiernos de Cataluña poderes incompatibles con los principios de igualdad y libertad de todos los españoles. Así lo entendió el Partido Popular, que presentó un recurso de inconstitucionalidad el 31 de julio de 2006, y así, también, lo entendieron las cuatro comunidades autónomas que recurrieron la norma, entre las que se encontraba Aragón, bajo un Gobierno de coalición entre socialistas y regionalistas, y el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, que planteó seis recursos.

Cuatro años después, un Tribunal Constitucional de mayoría pretendidamente progresista, anulaba 14 artículos del Estatuto catalán, declaraba otros 27 sujetos a su interpretación y dejaba sin efectos jurídicos el preámbulo que establecía que Cataluña era una nación. A retener de la sentencia, no tanto los artículos fulminados que buscaban una Administración de Justicia propia o un sistema concierto económico sin acuerdo general, sino la restitución de las fuentes de la soberanía y legitimidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no son otras que las que emanan de la propia Constitución Española. El Partido Popular hizo lo que tenía que hacer y demandaba la defensa de la igualdad y de la libertad de los españoles y de su unidad. Y muchos otros que, luego, se apuntaron a la cómoda equidistancia frente al desafío separatistas y se acomodaron a la demonización por los nacionalistas catalanes de un partido democrático, que, queremos insistir, cumplió con su deber por encima de cálculos electoralistas, aún siguen preguntándose, octubre adelante, cómo hemos llegado hasta aquí.