El PSOE no debería escudar a Iglesias

Con la prudencia que aconseja el caso, pues, al fin y al cabo, se trata de un partido con el que el PSOE gobierna en coalición, algunas de las figuras con más peso en el Gabinete, como la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, han reconocido que no verían mal la comparecencia parlamentaria del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para que se explique ante las acusaciones surgidas en diversos ámbitos judiciales sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la formación que lidera, Unidas Podemos. Tiene su importancia porque demuestra que en algunos sectores del socialismo español se duda de que sea posible mantenerse al margen de este espinoso asunto sin que la opinión pública interprete que existe un respaldo expreso a sus socios de gobierno, en una cuestión, por supuesto, en la que nada se juega el partido y cuyo desenlace es, cuando menos, incierto.

No es, sin embargo, una decisión fácil como bien saben los promotores de la comisión de investigación, que han declarado paladinamente, por medio de su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, que uno de los objetivos es hacer que se retrate el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trazando un paralelismo evidente con la postura que adoptó el PSOE cuando el objeto de las pesquisas era el Partido Popular y su presunta «caja B», cuya existencia, de momento, no ha sido probada por los jueces.

Pero no queremos entrar a discutir lo evidente de la maniobra política, por otra parte, completamente legítima y ajustada al manual del buen opositor, sino plantear la oportunidad o no de una comisión y unas comparecencias cuyo contenido tiene innegable interés público, por cuanto son objeto de amplio tratamientos en los medios de comunicación. Desde un punto de vista del momento procesal, en el que nada hay resuelto, y teniendo en cuenta que la presunción de inocencia ampara a Pablo Iglesias y al equipo dirigente de Unidas Podemos, sería más adecuado esperar el progreso de las investigaciones judiciales antes de llevar el asunto al terreno parlamentario. Pero tomando como propios los argumentos que en su tiempo, no tan lejano, se esgrimieron desde las mismas filas de la izquierda para proceder al escrutinio paralelo de la financiación de PP, todos de índole política y en nombre de la transparencia y la probidad que se debe exigir a los partidos, y en aras de la mínima coherencia, sería razonable que el PSOE, que tiene la llave en la Mesa del Congreso, se pronunciara a favor de las comparecencias.

Y ello es así, incluso, pensando en los intereses de la formación morada, aunque sólo sea porque los tiempos políticos no son los mismos que los tiempos judiciales y las acusaciones que se vierten diariamente contra Pablo Iglesias y su entorno son graves. Hasta ahora, la respuesta de los presuntos implicados en prácticas delictivas ha consistido en deslegitimar la acción de los jueces, a veces con acusaciones de una cierta gravedad, y atribuir lo ocurrido a una maniobra política, mediática y judicial de «las cloacas del Estado» para perjudicarles, obviando la incongruencia de que son ellos mismos, precisamente, quienes forman parte del Gobierno de la Nación y tienen el Poder Ejecutivo en sus manos. Sin embargo, estas acusaciones, que reducen todo a meros «bulos, mentiras e infundios», no sólo no calan en la ciudadanía sino que contribuyen a agravar el problema de credibilidad que padece la formación de extrema izquierda. Mejor sería que Pablo Iglesias se explicara ante las Cámaras y aportara su versión de los hechos. No es sencillo, puesto que las denuncia provienen de la Fiscalía, pero, cuando menos, cumpliría con las mismas exigencias éticas que demandaba a los demás cuando estaba en la oposición.