Líneas rojas que Casado no debe cruzar

Cuanto antes llegue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al convencimiento de que pretende un absurdo en clave política, reclamando una unanimidad que, de momento, opera en el vacío de las bellas palabras, antes podrá dedicarse a su principal responsabilidad, que no es otra que dotar a España de unas cuentas públicas adecuadas para afrontar la grave crisis económica y social que nos ha dejado la pandemia de coronavirus. Lo demás, son exigencias en el vacío, como venimos señalando reiteradamente, que apelan al voluntarismo por encima de la realidad constatable. Por descontado, que a mejor de las soluciones sería la de un gran acuerdo entre las dos principales fuerzas parlamentarias españolas, pero no ha sido, precisamente, Pablo Casado, quien eligió formar gobierno con una formación de extrema izquierda populista, cuyos presupuestos ideológicos y su misma praxis están en las antípodas de lo que representa el centro amplio, que es, todo hay que decirlo, el ámbito en el que se desenvuelven la mayor parte de las democracias occidentales.

No es, pues, al líder de la oposición popular a quien hay que pedirle que cruce unas líneas rojas, en contra del mandato recibido en las urnas, sino que es al jefe del Ejecutivo al que hay que exigirle que articule una mayoría suficiente en torno a su proyecto. Y no estamos en un remedo, que sería burdo, del «no es no» con el que el dirigente socialista mantuvo bloqueada institucionalmente a España durante largos meses, porque, como le recordó ayer el propio Casado, el presidente del Gobierno puede obtener esa mayoría sin recurrir a los extramuros constitucionales de la política española. Pero, hay que hacerlo. Tendría la virtud, al menos, de acotar el campo de discusión a lo posible, que es mucho, y dejar de perder tiempo y esgrima verbal en buscar lo que no va a suceder, por más que se obtengan réditos en la demonización del adversario. Porque, ciertamente, con la actual aritmética parlamentaria, donde operan con fuerza partidos con proyectos que chocan contra la misma esencia de la Constitución o que buscan un modelo alejado de la democracia representativa, el Partido Popular está obligado a reforzar el principio de precaución en cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se nos dirá que es preciso despolitizar la Justicia, pero las normas son las que son, y es el Parlamento de la nación quien tiene el poder decisorio en la composición del Consejo. Cambiemos el sistema si se considera incorrecto, pero dejemos de envolvernos en el humo de las demagogias compartidas.

Y, sin embargo, la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Casado demostró que hay muchos espacios para llegar a acuerdos igualmente importantes para los intereses de los españoles. El refuerzo de los medios administrativos del Estado para agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas sociales, absolutamente urgentes; la reforma de la Ley de Sanidad o la creación de una Agencia para la Recuperación Económica, bajo la dirección de técnicos sin filiación política, que elegiría los proyectos en los que invertir los fondos que ha concedido a España la Comisión Europea (en torno a 140.000 millones), alejando tentaciones clientelistas, son algunas de las propuestas que están sobre la mesa y a las que no vemos obstáculos insuperables, ni ideológicos ni prácticos ni económicos. Que el Gobierno de la nación, a tenor de la respuesta, no por prevista menos sobreactuada, de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, quiere otra cosa, no es nada nuevo. Pero no es cuestión de frentismos, obstruccionismos y deslealtades, es que la política, al menos en las democracias representativas, como la nuestra, se hace contando los votos.