Bildu o la legitimación del crimen político

Más de trescientos asesinatos cometidos por la banda etarra están sin resolver, de ahí que no parezca descabellada la pregunta, terriblemente dolorosa, que se hace el padre de una de esas víctimas, el diputado Antonio Salvá, cuando mira hacia la bancada de Bildu en el Congreso: «¿Habrá participado alguno de ellos en la muerte de mi hijo?» Su mero enunciado, no nos cabe duda, moverá a la indignación de los aludidos, pero basta con un sencillo ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, para comprender hasta qué punto hiere a buena parte de la sociedad española, sin distinciones ideológicas, la impunidad y la jactancia que exhiben muchos de los antiguos terroristas. Porque Bildu, y lo que representa, es una anomalía en la política democrática europea, una indignidad que ni puede disimularse ni se cauteriza con un pretendido borrón y cuenta nueva.

Era perfectamente consciente de ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando rechazaba con ademán sobrado la posibilidad de negociar con los herederos de la banda, como lo son todavía muchos dirigentes socialistas que se declaran entre la náusea y el hartazgo ante el espectáculo de un Arnaldo Otegui blasonando de su sobrevenida influencia en los mecanismos de dirección del Estado. No es moral ni políticamente aceptable la legitimación del crimen como supuesto resultado inevitable de un conflicto entre dos bandos, como se pretende desde el nacionalismo vasco. No es eso lo que ocurrió por más que los intereses del corto plazo aconsejen al inquilino de La Moncloa mirar hacia otro lado. La banda etarra fue, al final, derrotada sólo cuando la gran mayoría de la sociedad española se negó a seguir aceptando esa dialéctica falaz del terrorismo y sus justificaciones de la violencia. Cuando se desnudó la retórica pseudomarxistoide de unos asesinos sin alma, que pretendieron imponerse por el terror sobre la vida y la libertad de los españoles.

No es posible desandar el camino ni borrar tanto daño causado. El sufrimiento de los asesinados, de sus familiares y amigos, de quienes tuvieron que abandonar sus casas bajo amenazas de muerte, de los que fueron extorsionados en sus bienes, de los injuriados por los cómplices objetivos de los pistoleros. Y no lo será mientras no se produzca el reconocimiento del daño causado, se pida perdón y se colabore en el esclarecimiento de los crímenes, algunos horrendos, que siguen sin resolverse. El ejemplo, muy equívoco, ciertamente, del IRA puede dar una pista a Otegui y sus compañeros. No sólo se pidió perdón a las víctimas, sino que se reconoció la legitimidad de la Justicia británica y de los poderes del Estado, de la democracia, en suma, contra la que actuaron.