La inutilidad política la paga el ciudadano

La imposición por parte de Unidas Podemos de una Ley de Vivienda que parte de unos supuestos ideológicos mil veces testados con el fracaso como moneda de cambio en el acuerdo presupuestario con el PSOE no sólo es un error, sino que supone la ruptura unilateral desde el poder del pacto social no escrito con el conjunto de los ciudadanos. Porque lo que subyace en todo este asunto es la transferencia de la responsabilidad por el fracaso de las políticas de vivienda a quienes no tienen otra responsabilidad que desenvolverse en el marco jurídico, económico y social establecido por la Constitución, que garantiza la propiedad privada y la libertad de comercio y empresa. Que las distintas administraciones públicas hayan sido incapaces de articular políticas que faciliten el acceso a la vivienda de los españoles o, siquiera, de aliviar el peso de unas trabas burocráticas y legales que traban la iniciativa privada y favorecen la especulación no puede recaer subsidiariamente sobre los propios administrados.

Desde el pensamiento mágico de la izquierda, lo que no se posee se puede, simplemente, incautar bajo la excusa de una redistribución de la riqueza que se pretende justa, pero que no lo es en absoluto, al menos, en aquellas sociedades que depositan en el Estado la confianza en el respeto a la seguridad jurídica. Hablamos de unos ciudadanos que cumplieron con las leyes vigentes a la hora de invertir en el negocio inmobiliario o que, por las razones que consideren, mantienen sin habitar una viviendas en propiedad, que adquirieron legítimamente, por supuesto, haciendo frente a todo tipo de tasas impositivas, que las mantienen pagando las cargas fiscales vigentes y a quienes se quiere imponer una tasa confiscatoria para obligarles a hacer algo que no quieren. Con un problema añadido, que anteriores experiencias, –no sólo en España, que, por cierto, tuvo los alquileres intervenidos durante más de cinco décadas–, han demostrado que lo único que se consigue es el efecto contrario al buscado, como bien señalaba hace seis días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Pero la inclusión de esta nefasta Ley de Vivienda no es el único factor que debe alertar a la opinión pública contra unos Presupuestos Generales lastrados por la demagogia de la extrema izquierda –y eso que aún faltan las «aportaciones» del resto de los socios nacionalistas, que, como ERC, se están poniendo en máximos–, porque, en una situación económica precaria, con más de 130.000 empresas en quiebra técnica, según revela el Consejo General de los Gestores Administrativos, el Gobierno admite una subida, hasta el 15 por ciento, del impuesto de sociedades, que no puede más que lastrar el tejido productivo. No son, sin duda, las cuentas públicas que necesita la sociedad española para superar la crisis producida por la pandemia con sus fórmulas de mayores cargas fiscales y restricciones a la libre disponibilidad de los bienes propios, adquiridos de acuerdo a las leyes y amparados por la Constitución.