El fiasco de Montero no admite parches

Con respecto a la llamada ley del «sí es sí», lo primero que deben tener claro los ciudadanos es que el mal ya está hecho y que las previsiones más conservadoras cifran en más de tres mil los delincuentes sexuales ya condenados que se beneficiarán en mayor o menor medida del fiasco legislativo impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

De ahí, que cuando el sector socialista del Gobierno anuncia un nuevo proyecto de ley que corrija los efectos no deseados de la norma, en realidad está admitiendo que le mueve el temor a que el escándalo le pase una factura electoral mayor en los próximos comicios, sin contar con la espada de Damocles que supone que uno cualquiera de los violadores excarcelados antes de tiempo pueda reincidir. Por supuesto, cabe preguntarse si, dado que la reforma es virtualmente ineficaz, merece la pena enredarse en unos parches que, a la larga, pueden chocar contra otro de los principios generales del Derecho –como es la proporcionalidad de las penas–, en lugar de derogar simple y llanamente la ley de marras y volver al Código Penal anterior.

Nos planteamos esta consideración desde el convencimiento de que el pecado original de la reforma estrella del Ministerio de Igualdad no está en la gradación de las penas, sino en la fusión de los delitos de abuso sexual y agresión sexual en un sólo tipo delictivo, desdibujando un factor esencial en la interpretación delincuencial como es la existencia de la violencia, ya sea explícita o implícita, como es la amenaza de provocar un daño a la víctima. Con un problema añadido, que el bien supremo que la reforma del Código Penal pretendía defender, el consentimiento, ya existía, como no podía se de otra forma, en los textos jurídicos, tanto en los abusos, como, con mayor razón, en las violaciones.

Dicho esto, el comportamiento del Gobierno en todo este asunto no resiste el análisis político más bondadoso, cuestión que debería tener en cuenta el Partido Popular a la hora de ofertar su apoyo parlamentario, puesto que corre el riesgo de enredarse en esa suerte de apaño legislativo que se ventea y acabar de coartada para La Moncloa.

Porque, partiendo de que el daño ya está hecho y es irremediable, todo lo que no lleve a la derogación de la ley sólo sirve de tabla de salvación a Pedro Sánchez y, por supuesto, al sector de Unidas Podemos, que podrá sacar pecho de su firmeza ideológica, pero sin arriesgar su cuota de poder ni el final abrupto de la legislatura. Al fin y al cabo, tanto el PSOE como la formación morada son los principales responsables de lo ocurrido y, en puridad, deberían ser ellos quienes lo solucionaran. Los que, contra toda advertencia, aprobaron la iniciativa en el Consejo de Ministros y los que votaron a favor de la ley en el Parlamento no pueden descargarse ahora la responsabilidad. Tienen que arreglarlo solitos.