Un triunfo claro de la Justicia española

No conviene dejarse enredar por las siempre hábiles mixtificaciones del independentismo catalán a la hora de interpretar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto que la citada Corte de Luxemburgo ha respondido a la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Pablo Llarena en el sentido más favorable a la tesis española.

Están en su derecho Carles Puigdemont y demás compañeros mártires al destacar las condiciones que pone el TJUE para validar las euroórdenes de detención y entrega dictadas por los distintos tribunales nacionales – que se demuestren deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor o que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado–, pero la realidad es que los tribunales belgas tendría que poner en duda la legitimidad y probidad del sistema judicial español, país miembro de la UE y, por lo tanto, democracia reconocida y consolidada, para rechazar las euroórdenes, y eso son palabras mayores.

Por lo demás, y pese a la insistencia de los abogados de los fugitivos reclamados, ya los tribunales de Bélgica aceptaron la entrega por el delito de malversación, perfectamente homologable al de la mayoría de los códigos penales nacionales, incluido, por supuesto, el belga, con lo que no cabe esperar un cambio de criterio. Así, el juez Pablo Llarena no sólo ha conseguido un claro triunfo para la Justicia española, sino que su demanda ante la corte luxemburguesa ha servido para clarificar el alcance de la Decisión Marco, que estableció el procedimiento de aplicación de las euroórdenes en el espacio de la Unión Europea.

Por supuesto, la entrega de Puigdemont no será inmediata. El ex president de la Generalitat todavía tiene la potestad de interponer recursos, tanto ante el Tribunal de Justicia, como ante el Tribunal General Europeo, que es la instancia que tiene que decidir sobre la retirada de su inmunidad como europarlamentario, en unos procedimientos que pueden alargarse hasta principios del año 2024. Es decir, que si el Gobierno pensaba utilizar la entrega de Puigdemont como baza electoral para unos simpatizantes socialistas que no acaban de ver con buenos ojos las cesiones hechas a los condenados por el procés, no parece que el calendario vaya a ser propicio.

En ese sentido, es perfectamente comprensible la frustración de una buena parte de la opinión pública ante la complejidad de unos procedimientos judiciales europeos que poco se compadecen con los hechos sucedidos en Cataluña, que todos los españoles pudieron ver, angustiados, en vivo y en directo a través de los medios de comunicación. Pero, al final, la Justicia se abrirá paso y, pese a indultos, rebajas de condena o cambios en el Código Penal, Puigdemont responderá de sus actos.