“Puigdemont pudo ser detenido y hoy no sería el Mesías de la patria catalana”

Es una de las grandes incógnitas de los días posteriores a la declaración de independencia. Ex miembros del Gobierno de Rajoy hacen autocrítica de la gestión y señalan a la vicepresidenta y al CNI.

Hace más de dos años, el 30 de octubre de 2017, que Carles Puigdemont, ya destituido como presidente de la Generalitat, se subió al Skoda Octavia de cristales tintados y cruzó la frontera con Francia. Días antes un Consejo de Ministros extraordinario acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y cesar a todo el Gobierno catalán. La Fiscalía ya había anunciado que presentaba en la Audiencia Nacional una querella contra Puigdemont y los consejeros por rebelión. Encima de la mesa también estaba la decisión de la Fiscalía de pedir prisión para todos ellos y que la juez Carmen Lamela acordase encarcelar a los miembros del Gobierno cesado por la vía del artículo 155.

Justo 24 horas después de la fuga de Puigdemont, la Fiscalía presentó la querella por rebelión contra el ex presidente y todos sus consejeros. Cinco de ellos ya estaban en Bélgica con el destituido presidente de la Generalitat. El 3 de noviembre la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó la detención de los seis. Ahí está el origen de muchas de las victorias propagandísticas que el soberanismo se ha apuntado en los últimos años y de los fracasos del Estado, de la Justicia o del Gobierno de turno –a quien quiera imputarse la principal responsabilidad– que se han ido sucediendo desde entonces.

El Gobierno de 2017, presidido por Mariano Rajoy, presentó aquella fuga como irremediable, como fruto incluso del buen funcionamiento de la democracia y del respeto a la separación de poderes. Un buen argumentario para esconder un fallo dramático de los servicios de inteligencia, ahí están los polvos de los lodos de ahora, y de la Vicepresidencia, responsable política del CNI y de dar la orden de que a Puigdemont se le tuviera localizado las 24 horas del día.

«Hubiera bastado con eso, con que hubiéramos tenido localizado durante todo el tiempo a Puigdemont para haber evitado la fuga», explica quien vivió en primera persona la gestión de la crisis catalana que provocó el «procés». No es verdad, al menos así se reconoce ahora, lo que entonces contaron de que no se podía detener al ya ex presidente de la Generalitat porque todavía no había una orden judicial. Es la justificación del fallo político y de inteligencia.

Si quien tenía que tener la información hubiera tenido conocimiento de que Puigdemont se estaba fugando, en su camino a Francia bien la Policía bien la Guardia Civil podría haber ejecutado la orden de detención «porque se encontraba en una situación de flagrante delito al estar actuando para eludir la acción de la Justicia». Quien dice esto sabe de cómo se tomaron las decisiones y sabe de cómo funcionan las Fuerzas de Seguridad del Estado y su cobertura legal. La orden de detención habilita 72 horas antes de ejecutar el paso a disposición judicial o la libertad, y en ese tiempo «se habría formalizado la causa judicial contra él», sentencia otra voz que trabajó en primera persona en la administración de aquella crisis por parte del Gobierno de Rajoy.

La relación de lo que se debió hacer y no se hizo apunta a dos personas, la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el director del CNI, Félix Sanz Roldán. De los dos también dependió directamente la gestión de ejecutar el compromiso de Mariano Rajoy de que no habría urnas, que sí hubo. Todas las decisiones las validó Rajoy.

Éste es el origen de la larga campaña europea del «mesías» Puigdemont y del último éxito de la propaganda independentista contra los tribunales españoles. Porque diga lo que diga el discurso oficial de los principales portavoces del constitucionalismo, la realidad es que hay que rascar muy poco para encontrar severas autocríticas hacia cómo se ha manejado el problema catalán, en lo político y en lo judicial.

Y ese «no pasa nada», que se corea en público ante el dictamen del Tribunal Europeo de Justicia que reconoce la inmunidad a Oriol Junqueras, no suena igual cuando se interroga en privado por las consecuencias de este último fallo europeo.

La primera reacción del PSOE, y del PP y Ciudadanos, ha ido dirigida a cuidar sus intereses de partido. Los socialistas necesitan salvar como sea el pacto con ERC para salvar a Sánchez. Los de Casado y Arrimadas, que tienen su historia de aciertos y desaciertos en la gestión del problema catalán, han apostado por medir quién puede sacar más ventaja del nuevo agujero que se le hace al candidato socialista en su estrategia. Y mientras, las energías de unos y de otros se ocupan en seguir dando vueltas a esta rueda del hámster, a la vez que la gobernanza de España se confirma como imposible después de las elecciones de noviembre. Como mucho, puede haber una investidura, no más. Y como mucho, porque en Cataluña sube también la pulsión electoral, en paralelo a que entre todos le faciliten a Puigdemont el «regalo» por Navidad de que pueda engordar su discurso de «mesías» de la patria catalana.

«Los ciudadanos no entienden lo que está pasando. El mensaje que les llega es que Europa no está ayudando a España en su proceso judicial contra la declaración unilateral de independencia del 1-O. Que Puigdemont canta victoria; y que a Junqueras le queda medio día para estar dando mítines, y que si fuera por Europa ni hubiera estado lo que ha estado en la cárcel. Es una visión simplista y nada técnica, pero el mundo se mueve con esta dinámica». Esta reflexión tan crítica viene desde dentro de la judicatura. Pero en parecidos términos se escucha hablar al socialismo de «pata negra» o a ministros de Rajoy, a los que el paso del tiempo les ha aliviado la carga de la obligación de eludir la más mínima reflexión crítica sobre lo que se hizo en la etapa «marianista».

El peligro real, por más que algunos representantes del constitucionalismo lo nieguen y se pasen la mano por el lomo, es que, aunque el Supremo haya dictado sentencia, en el imaginario popular cada vez está más fuerte la idea de que la política va a hacer que ese trabajo del Alto Tribunal se deshaga como un castillo de arena. Con lo que otro triunfo para el independentismo, que persigue el deterioro de las instituciones españolas. En la última foto que Pedro Sánchez montó en el Congreso con Pablo Casado para subrayar su desencuentro, no hubo tiempo para que el presidente en funciones y el líder de la oposición dedicaran medio segundo a España.